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El gobierno nacional le salió al paso a la polémica que ha venido despertando la consulta anticorrupción aprobada en las últimas horas en el Senado de la República, respecto del costo que tendría si se convoca, y que propone hacer sustanciales reformas para hacerle frente a dicho fenómeno en el país. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, salió en defensa de la iniciativa, liderada por la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, tras afirmar que se trataría de una inversión a favor de la democracia.
“Más allá del costo de la misma, el gobierno piensa que la realización de la consulta significa el fortalecimiento de nuestra democracia y, en ese sentido, no estima que esto sea un gasto sino una inversión en el desarrollo democrático de la sociedad colombiana”, dijo Rivera. Lo anterior, en respuesta a las críticas provenientes de distintos sectores, principalmente, del senador de la U, Roy Barreras, quien afirmó que la consulta le costaría al Estado unos $300.000 millones.
Cifra que ha sido desconocida por la congresista López quien afirmó que los costos serían menores (entre $40.000 millones y $100.000 millones) y que, en todo caso, buscan frenar la corrupción en Colombia. “Los temas sobre los cuales los colombianos estarían llamados a pronunciarse son temas que el gobierno comparte porque tienen que ver con una mayor transparencia en la administración pública”, defendió el jefe de la cartera política.
En ese sentido, confirmó que ya viene hablando con el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, para contar con toda la logística que permita convocar a los colombianos a las urnas máximo el 2 de septiembre de este año. Fecha que se conocerá en las próximas horas de parte del presidente Juan Manuel Santos, cuando llegue a sus manos el acta de aprobación de la iniciativa que fue avalada por unanimidad la noche del martes, en el Senado de la República.
(Lea: Senado le da vía libre a la consulta anticorrupción)
“Los colombianos están en su derecho de pronunciarse y si en su mayoría los colombianos que acudan votan favorablemente esos siete aspectos, el próximo gobierno y el próximo Congreso tendrán la obligación de darle curso a esas iniciativas”,, resaltó Rivera. Es de recordar que para que los siete puntos propuestos sean llevados a la realidad, deben salir a votar, al menos, 12’000.000 de colombianos. Uno de esos puntos es, por ejemplo, reducir el salario de los congresistas y obligarlos a rendir cuentas; y eliminar los beneficios que tienen los condenados por actos de corrupción.
Por -Redacción Política
