Desde la cuenca del río Micay en el municipio de Argelia (Cauca), la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI) allanó un nuevo camino para intentar, una vez más, que la sustitución de hoja de coca funcione. Desde la cancha del polideportivo del municipio, el Gobierno Nacional esta vez llegó con una nueva propuesta que es complemento de las alternativas económicas que han llegado hasta la región: sustituir coca por becas de educación superior.
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Ese compromiso, que implica destinar recursos nacionales y un personal para la ejecución se selló en un acuerdo que se selló este viernes, 29 de diciembre, entre líderes campesinos de seis corregimientos y miembros del Gobierno como Felipe Tascón, director del DSCI; Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social; Pablo Pardo, director del Fondo Paz de la Presidencia; Jaime Hernán Urrego, viceministro de Salud y Candice Welsch, delegada de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
Los compromisos que adquirió el Gobierno fueron beneficiar 146 hogares inicialmente, ubicados en ocho corregimientos y 53 veredas para fomentar la producción de café en 96,5 hectáreas; cultivos de plátano en 23 hectáreas; siembra de maíz en 90 y de fríjol en 60. En Argelia, justamente, está ubicado el corregimiento de El Plateado, lugar que llegó a ser el cuatro enclave cocalero del país con más de 15 mil hectáreas sembradas.
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Desde el aire, las montañas concentran pocos parches verdes que son una muestra de que la siembra de coca bajó en el último año. En esa zona del país, la crisis cocalera completó un año desde que los precios cayeron. No es exagerado decir que hubo campesinos en la zona que llegaron a aguantar hambre y acumular hasta 300 arrobas de hoja de coca esperando compradores por más de seis meses.
Diego Rodríguez, líder campesino de la zona, asegura que ahora están pagando a $30.000 la arroba de hoja, mientras que hace poco menos de cinco años llegaron a ganar hasta $75.000 por esa misma cantidad. Y en medio de esa crisis, justamente, esperan que el Gobierno cumpla las propuestas para las más de 11.000 familias que están dispuestas a cambiar su economía.
Aunque la idea inicial es fortalecer los cultivos de café, cacao, maíz y fríjol, la propuesta que quedó sobre la mesa por Felipe Tascón es ofertar cupos universitarios para las familias cocaleras. Este diario conoció que ya hay acercamientos con la Universidad del Valle y la de Antioquia para hacer alianzas con el Gobierno.
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Sin embargo, los campesinos coincidieron en que es necesario generar garantías para la sostenibilidad de los jóvenes. “No nos sirve de nada una beca si no tenemos recursos para mantener a los muchachos o si no tenemos para pagar el arriendo del muchacho en Popayán o en Cali”, expresó Jhordan Solarte, líder de la comunidad. Y en eso coincidió también Tascón, quien advirtió que las oportunidades de educación llegarán de la mano de otras alternativas productivas.
El acuerdo que firmaron es el primero que se sella en el Gobierno Petro para su programa de sustitución de cultivos. La iniciativa arrancará en enero del próximo año con los tres municipios del Micay: Argelia, El Tambo y López de Micay. Ese intento por llevar un acuerdo integral ya había ocurrido en el Gobierno pasado, cuando más de mil familias se integraron al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y, por eso, hay incertidumbre en el ambiente.
A pesar de la ausencia del Estado en esas apuestas, desde hace ocho meses las comunidades mismas crearon su propio programa piloto que abarcaba 290 familias que dejaron la hoja de coca para dedicarse a otros productos. Diego Rodríguez, campesino, dijo: “Somos más de 11 mil cocaleros esperando para que la economía realmente impacte, debe haber al menos unos tres mil sustituyendo y combatiendo la economía ilícita”
Para esa población, lo que buscan ofertar son 22 proyectos concretos que vayan desde agricultura, hasta inversión en salud y educación. Según el director Tascón, en la segunda semana de enero se especificaría la destinación de los recursos. De hecho, el viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego, anunció también que destinarán más de $15.000 millones para el 2024 en fortalecimiento del sistema de salud en hospitales permanentes en el Cañón del Micay.
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El alcalde saliente del municipio, Jonathan Patiño, sumó una problemática a la conversación y contó que más de 40 docentes de esa subregión del Cauca han salido desplazados por amenazas en su contra. “Hay un déficit complejo de docentes. Si esto sigue así, no va a poder llegar el profesor a la escuela en enero”, denunció.
Esa situación de conflicto armado en ese territorio está cada vez más agudo, a pesar de la mesa de negociación que hay con las disidencias de FARC al mando de Iván Mordisco. Una de las zonas más críticas es El Plateado, justamente por los ataques armados con la disidencia de la Segunda Marquetalia y la entrada de la Operación Trueno, una estrategia del Ejército para rodear el corregimiento y retomar el control militar que se había perdido hace más de cinco años.
Justamente de esa zona del municipio llegaron más de 20 personas de las comunidades campesinas para sumarse al proyecto del Gobierno. Sony Gaviria, una habitante de El Plateado, contó que tardó más de una hora y media en moto para llegar a la reunión. “Estamos pagando con nuestra propia vida solo por no pensar igual, por pensar diferente”, dijo y se le quebró la voz en la tarima.
Y, poco después del evento, Tascón les confirmó, de manera privada, que abrirán una oficina permanente de su entidad en el corregimiento de El Plateado. Fue una orden del presidente para que la institucionalidad comience a entrar y a tener presencia permanente en una de las zonas más álgidas de la guerra y más trascendentales para la Paz Total. Por ahora, ya hay opciones de casas para el alquiler de esa oficina del Gobierno que sería también un espacio para los delegados del Alto Comisionado de Paz que llevan los diálogos con las disidencias. Todo se definiría en enero.
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