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En medio de la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus, que ha tenido coletazos no solo en la salud, sino en la economía de los colombianos, este lunes desde el Congreso de la República se denunció que el Gobierno de Iván Duque gastó alrededor de $6.000 millones en pagos de comisiones a bancos por la entrega de ayudas humanitarias como el Ingreso Solidario.
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Según el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, pese a ser un programa de carácter humanitario destinado a las familias menos favorecidas, las entidades financieras están cobrando alrededor de $2.000 por cada giro. Por ello, radicó en el Parlamento un proyecto que exonera al Gobierno del pago de comisiones por transferencias de subsidios en periodos de declaración de emergencia, buscando con ello solidaridad del sistema financiero.
“Por más recursos para emergencias y menos para los bancos radiqué este proyecto en el Senado dirigido al sector financiero que ejecuta con el Gobierno Nacional la transferencia de estos dineros. Las entidades le cobran alrededor de $2.000 por giro, así solo por este desembolso reciben más de $6.000 millones. Queremos a los bancos del lado de la gente, conscientes de la crisis que afrontamos”, declaró el congresista.
Precisamente, el proyecto indica que la banca y el Ministerio de Hacienda deberán suscribir convenios de colaboración y cooperación en virtud de la responsabilidad social del sector para otorgar la exoneración de los valores operativos.
Gómez explicó que el costo del servicio sale del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), por lo que propuso direccionar este gasto para otras finalidades para atender la emergencia, como inversión en bonos alimenticios, pruebas para COVID-19, respiradores, camas UCI o elementos de bioseguridad.
“Reconocemos el esfuerzo que hace el Gobierno para asistir a cerca de 3 millones de familias colombianas y en haber anunciado la extensión de este apoyo económico por lo menos hasta junio del 2021. De esta manera, desde el Congreso buscaremos aliviar al Ejecutivo con el pago de comisiones a bancos para que pueda disponer de estos recursos en otros fines sociales”, agregó.
El senador radicó otra iniciativa que reglamenta la declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito en las obligaciones civiles y comerciales ante situaciones como la pandemia generada por el coronavirus. Según Gómez, se busca hacer frente al momento de incertidumbre económica y laboral frente a las decisiones sobre cómo responder a deudas, créditos bancarios, contratos, arrendamientos y otros compromisos.
“Con un procedimiento expedito para el reconocimiento de la fuerza mayor, el ciudadano y el acreedor podrían renegociar las prestaciones a fin de garantizar la seguridad jurídica en la relación contractual. Sin duda, es un proyecto con visión que comprende la realidad y responde a las necesidades de ambas partes, primando la manifestación de la autonomía de la voluntad”, precisó el legislador.
De acuerdo con Gómez, el proyecto haría frente no solo a la pandemia, sino a eventos como sequías, inundaciones, problemas de orden público, desastres naturales o hechos imprevisibles que impidan el cumplimiento de compromisos de manera parcial o total.
