Con el cambio en la cúpula del Ministerio del Deporte, que quedó en firme con la firma del presidente Gustavo Petro hace 20 días, se comenzó una revisión a fondo de sus procesos de contratación para definir los pasos a seguir en medio de un recorte presupuestal de más del 50 % ($866.000 millones menos que en 2024). Al frente de esta transición está la ministra Patricia Duque, a quien señalan de ser una cuota de la disidencia del Partido Conservador que respalda al “Gobierno del cambio” y que firmó –el jueves pasado– una resolución que declara hábiles los días 22, 23, 24, 29 y 30 de marzo exclusivamente para ajustar trámites de más de 300 contratos que vencen el 31 de marzo y que suman $1.000 millones.
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Pero esto es solo una parte de lo que ha suscrito la cartera en términos de contratación. El Espectador determinó, a través de recursos legales, que entre el 7 de agosto de 2022 y marzo de 2025, tiempo en el que han pasado por cuatro ministras –María Isabel Urrutia, Astrid Bibiana Rodríguez, Luz Cristina López y ahora Duque–, se han firmado 2.559 contratos. En 2022, cuando apenas arrancaba el actual Gobierno, fueron 69; en 2023 la cifra creció a 1.045; en 2024 alcanzó los 1.375, y en lo que va de 2025 ya van cerca de 70, el más alto por $109 millones. Es decir, durante el tiempo que cobija estos procesos se han realizado un promedio de 2,8 contratos diarios.
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A estos datos se suman los 84 contratos que se actualizaron durante el fin de semana y el lunes festivo pasados. Según le explicó el Ministerio del Deporte a este diario, al aterrizar en la cartera que hasta el 5 de marzo dirigió López, Duque encontró 312 contratos que estaban programados para vencer el 31 de marzo, sin importar que su ejecución estuviera prevista para meses posteriores. Esto incluía eventos como los Juegos Intercolegiados, que suelen realizarse en noviembre, y para los que se deben gestionar $50.000 millones. De hecho, para subsanar el recorte presupuestal se han tenido que firmar 64 convenios de cofinanciación con entidades territoriales.
Entre esta malla de contratación hay procesos que responden a la orden directa del presidente Petro de irrigar dineros públicos a los territorios, un discurso que para la oposición se ha leído como una estrategia para garantizar que lleguen recursos a las comunidades de cara a la campaña anticipada en la que entró el país. Ejemplo de ello es que, entre los más de 300 contratos que deben ser actualizados en estos días, 195 corresponden a convenios con juntas de acción comunal (JAC). Por eso, de los más de 1.300 contratos que se suscribieron el año pasado, 198 también fueron con las JAC, cada uno por un valor de $150 millones.
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El único contrato nuevo que se firmó el fin de semana pasado fue por $37 millones para servicios de fisioterapia a deportistas. Se trataba de una profesional que había demandado porque, estando en período de lactancia, no le renovaron su contrato de prestación de servicios. Incluso, tenía una acción de tutela y un proceso por desacato. Para cumplir con la orden judicial se firmó el documento.
De acuerdo con la cartera, la situación ponía en riesgo la inversión de recursos del año pasado, ya que muchos de estos convenios fueron firmados a finales de 2024 y aún contaban con fondos asignados. Si los contratos expiraban sin prórroga, esos recursos se perderían y entonces, para evitarlo, se habilitaron las jornadas extraordinarias. Sin embargo, aclaran que el tema se limitó a extender el tiempo de ejecución de la mayoría de ellos hasta diciembre de este año, sin alterar el objeto del contrato ni modificar al contratista.
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Examinar con lupa el tema de contratación es clave, entre otras cosas porque María Isabel Urrutia, medallista olímpica y primera ministra del Deporte en el gobierno de Petro, enfrenta un juicio penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público: presunta corrupción. Según la investigación, habría direccionado un contrato por $4.950 millones para la implementación de un sistema de validación nacional que controlaría el ingreso a los estadios de fútbol. Además, días antes de dejar su cargo, el 27 de febrero de 2023, Urrutia habría firmado 264 contratos por más de $20.000 millones, lo que le valieron una indagación en la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso.
Duque, como su antecesora, es señalada como cuota de la facción conservadora que le camina al presidente Petro, afirmaciones sobre las que ella no se ha pronunciado públicamente. En este grupo están incluidos los representantes Alfredo Ape Cuello, Alexánder Quevedo, Fernando Niño y Gerardo Yepes, quienes, en cualquier caso, fueron sancionados el año pasado por el partido por apoyar el trámite de la reforma pensional. Eso sí, todos siguen apoyando la agenda oficialista y hasta –a su modo– los llamados a las calles que ha venido haciendo el jefe de Estado para defender su administración.
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Pero además de meterle el acelerador al tema de actualización contractual, en los 20 días que lleva enfrente de la cartera, Duque se ha acercado a los entes deportivos territoriales, el Comité Olímpico y Paralímpico, y las federaciones deportivas nacionales, que en el país son 76, y con las que el Ministerio arrastraba giros pendientes desde el año pasado. A principios de marzo se realizaron pagos atrasados correspondientes a la vigencia 2024 para 38 federaciones, con un total de $62.106 millones: $19.037 millones destinados a las Federaciones, $38.998 millones al Comité Olímpico y $4.070 millones al Comité Paralímpico. Sin embargo, aún quedan pendientes $8.861 millones por legalizar debido a la documentación incompleta de algunas federaciones, mientras que otros $9.713 millones están sujetos a la programación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC).
Si bien el tema de contratación está siendo revisado con lupa y no se descarta que haya acompañamiento de los entes de control para evitar nuevos riesgos de posible corrupción, en el Partido Conservador siguen viendo con distancia el hecho de que la Casa de Nariño busque, a través de este tipo de sus nombramientos en las direcciones de entidades, que sus integrantes voten en contravía de las directrices partidistas. El senador Efraín Cepeda, presidente del Senado y ahora duro contradictor de Petro, dijo que esto puede acarrear sanciones.
Lea la resolución del Ministerio para adelantar trámites contractuales:
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Por Daniela Cristancho
