Han destinado $226.194 millones para eventos en 2025: Gobierno apuesta por las calles

Frente a la Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, el pasado miércoles, hizo un llamado a sus seguidores. Salir a las calles como una forma de “presión” de cara a impulsar su agenda reformista que cursa en el Congreso, así como para promover el relato constituyente que acapara las discusiones políticas.

Se trata del más reciente evento público del presidente en lo que va de 2025, cuando, desde el 1 de enero pasado hasta este viernes, 27 de junio, ha realizado 38 concentraciones públicas. Es decir, cada 4,7 días, o una vez a la semana, ha subido a una tarima para ofrecer un discurso frente a simpatizantes. Ese promedio, además, no incluye las giras internacionales de este año, que lo han llevado a Catar, Uruguay, China, Honduras, Panamá y Haití; de hecho, este fin de semana comenzó un recorrido por Francia y España.

La de los plazoletazos no es una estrategia nueva ni exclusiva de este gobierno. Sin embargo, en la postrimería de su cuatrienio, la movida cobra un nuevo significado. Por un lado, Petro quiere garantizar su agenda reformista –y ha manifestado que esto solo será posible con la “presión” en las calles–. Pero, por el otro, está apostando por mover sus bases para una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Todo con un objetivo final: la reelección del proyecto progresista para que este tenga cuatro años más en la Casa de Nariño.

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Esa movilización, entonces, seguirá aún cuando ya en la Cámara de Representantes se discute, una vez más, la reforma pensional luego de que la Corte Constitucional la devolviera para sanear los vicios de trámite. Es la promesa que hizo el presidente, por ejemplo, el pasado miércoles durante la sanción de la cirugía al sistema laboral, cuando le pidió al Congreso que apruebe la reforma a la salud, que está a la espera de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Afirmó, en una tarima montada en la entrada del que fuera uno de los refugios de Simón Bolívar en Bogotá, que si esto no ocurría, buscaría, por su propia cuenta, que el sistema de salud sea público completamente.

Para entender cómo funciona, este diario revisó bases de datos públicas de contratación para analizar los procesos que se han hecho entre Presidencia y entidades del Gobierno con empresas, públicas o privadas, para la realización de eventos. En ese rastreo contractual se encontraron contratos que suman $226.194 millones y que su ejecución es durante todo 2025. Ello, sin contar los $11.363 millones destinados a la compra de tiquetes de avión para funcionarios.

Además, y por la prioridad que le ha dado el jefe de Estado a que sus mensajes lleguen como él espera a sus seguidores, este medio, con la mencionada revisión y vía derechos de petición de información, encontró que, desde entidades del Ejecutivo, se celebraron contratos por $67.775 millones con centrales de medios para la gestión de la pauta oficial durante este año.

Así han movido la contratación

Entre el 20 de mayo y el 21 de junio, el presidente hizo tres eventos centrados en un solo objetivo: el llamado a la movilización, en defensa de la consulta popular. Pese a que ya se derogó el decreto que la convocaba –aún cuando existía la negativa del Senado para que se hiciera–, la promesa de los eventos se mantiene.

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El del 20 de mayo fue en el Paseo de Bolívar en Barranquilla (Atlántico), el 11 de junio en la Plazoleta de San Francisco en Cali (Valle del Cauca) y el 21 de junio en La Alpujarra en Medellín (Antioquia). Los tres tuvieron en común que se realizaron en los centros administrativos de las ciudades, las tres con mandatarios opositores al Gobierno Nacional.

En la capital paisa, en un principio se pensó en hacer una movilización hasta Aranjuez o hasta el Parque de los Deseos –epicentro del paro de 2021 en la ciudad– y que el tema fuera la paz total. No obstante, para el día de la realización tanto lugar como motivo habían cambiado. Como se dijo, se hizo en La Alpujarra y el foco fue la reforma laboral, ya sancionada por el presidente. De hecho, fuentes del alto Gobierno le aseguraron a este diario que desde el círculo más cercano del presidente se le aconsejó que se cambiara el lugar para enviar un mensaje político “contundente”.

Las movilizaciones se han dado antes y después de un hecho que ha sido un parteaguas para el país. El 7 de junio, durante un acto de proselitismo en Modelia, en el occidente de Bogotá, un sicario de 14 años disparó en repetidas ocasiones contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe (Centro Democrático), quien permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe. El impacto del ataque giró las conversaciones durante varios días. No obstante, y aunque ha reconocido en distintos escenarios la gravedad del asunto y ha llamado a que se investigue a fondo el hecho, el presidente regresó al cauce de la movilización por sus reformas.

En todo este contexto es que El Espectador constató la celebración de convenios por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Cancillería, los ministerios del Interior, de Minas y Energía y de Agricultura y la Cancillería, Igualdad, Vivienda, entre otros, así como Agencia Nacional de Tierras (ANT), Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas (Uariv) y la Agencia Nacional de Minas. De aquí salen los $226.194 millones.

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En un primer rastreo hecho entre el 7 de agosto de 2022 y el 10 de diciembre de 2024, se encontró que solo la Presidencia realizó convenios por $35.766 millones para sus eventos en todo el país. En ese lapso, Petro y la vicepresidenta Francia Márquez realizaron 362 eventos públicos.

Aunque no es el de mayor cuantía, uno de los contratos más relevantes es el celebrado entre el Dapre y la empresa paisa Feeling Company. El contrato se suscribió el pasado 10 de septiembre y tenía una vigencia hasta diciembre de 2024. Sin embargo, en dos ocasiones se ha prorrogado. La última fue en abril pasado hasta este lunes, 30 de junio. Hasta el momento, no se ha formalizado una nueva licitación. El valor, con las adiciones por las ampliaciones, es de $10.789 millones.

De esos recursos, precisamente, salieron $171 millones, a cobro de la Consejería para las Regiones –entidad adscrita a la Presidencia y dirigida por Luz María Múnera, quien no contestó a las consultas de El Espectador– para el evento de Cali del 11 de junio.

Otro contrato que ha llamado la atención por ser el de mayor cuantía es el que, recientemente, celebró el Ministerio del Interior de Armando Benedetti con 4-72, la empresa estatal de mensajería. Tiene un valor por $88.964 millones, como lo reveló el concejal Daniel Briceño (Centro Democrático), quien cuestionó el objeto del contrato, que es “prestar servicios de operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, encuentros y demás actividades logística”, pese a la naturaleza de la empresa.

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Pero ese no es el único millonario acuerdo que obtuvo la empresa de mensajería. También firmó uno de $55.254 millones con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (que está adscrita a Prosperidad Social) y otro, por $18.515 millones, con el Ministerio de Minas y Energía. Es decir, durante 2025, 4-72 recibirá $162.733 millones, casi la tercera parte del presupuesto de la empresa de $433.546 millones para este año.

El Espectador buscó sin éxito a Juan García, exconcejal de Barranquilla y hoy presidente de 4-72. No obstante, en medios ha defendido que se está “prejuzgando” a la empresa de mensajería. “Es un asunto político y es la Contraloría la que debe hacer seguimiento. Estos eventos serán públicos y tendrán que ser netamente de esa actividad. Apenas arrancamos a legalizar el contrato”, dijo en declaraciones a medios de su ciudad.

Logística para las plazas

En los mencionados eventos en Barranquilla, Cali y Medellín, los asistentes recibieron refrigerios gestionados por las entidades que realizaron el evento o por políticos simpatizantes del Gobierno. También, hubo buses que se encargaron del traslado, tanto al inicio como al final del evento.

En Antioquia, por ejemplo, se entregaron refrigerios que consistían en papas de limón, jugo, una chocolatina y un sánduche. En Barranquilla, como lo admitió él mismo, el representante Agmeth Escaf (Pacto Histórico) destinó $1.600.000 para comprar 300 refrigerios. En el plazoletazo más reciente de Petro, el de la sanción de la reforma laboral en la Quinta de Bolívar, los asistentes también recibieron refrigerios que consistían en una empanada, dos bocadillos y una botella pequeña de agua.

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Aunque desde la oposición ha habido críticas, desde el oficialismo defienden este tipo de hechos. En una reciente entrevista con este diario, la senadora Isabel Zuleta, quien tuvo particular relevancia en el evento de Medellín al ella dirigir la mesa de “paz urbana” en esa ciudad, defendió esa logística, tanto de comida como de buses que transportaban a personas en municipios aledaños a la capital.

“Por supuesto que se transportaron personas de los barrios que quisieron participar en el evento. Algunos conductores de empresa privada nos decían que si transportaban personas de los barrios para el evento de la oficina del consejero comisionado, la alcaldía de Medellín y la gobernación no los volvían a contratar”, afirmó. Y agregó: “Que había refrigerios, claro, es un evento del Estado. ¿Cómo no íbamos a promover que desde la misma Consejería Presidencial se dieran unos refrigerios, las mínimas condiciones? Pero como se confunde con un evento político, entonces lo están equiparando”.

En todo caso, esta coordinación es común para los plazoletazos del presidente. El principal motivante de esas convocatorias es, por supuesto, el presidente Petro. Pero ello no quita que haya una operación con las lógicas tradicionales de la política colombiana. La convocatoria, contaron, empieza desde la Presidencia o desde una entidad del gobierno central, aunque son pocas las veces que esto ocurre. Si no es por una llamada directa, sino por, por ejemplo, una convocatoria en redes sociales, empieza un efecto cascada.

El congresista acude a sus líderes en ciudades y departamentos -como diputados y concejales-, quienes, a su vez, llegan al nivel más local de la escala. A ello se suman organizaciones sindicales y sociales, como la llamada Coordinadora Nacional para el Cambio, que era la coordinadora del paro nacional en 2021, pero que, tras el triunfo del petrismo en las presidenciales, cambió de nombre. En esta tienen asiento organizaciones sindicales del corte de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Conferencia General de Trabajadores (CGT) y Fecode, por mencionar algunas.

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En esa coordinación es clave Whatsapp, con grupos que existen desde la campaña de 2022 y que han permitido, entre todo, que se mantenga la coordinación. “En algunas ocasiones nos contactan de presidencia, dependiendo, la Alta Consejería para las Regiones o en algunos casos la ANT, el Ministerio del Interior. En otros nos enteramos nosotros mismos por redes o por alguna pieza que está rodando y de igual manera nos activamos”, cuenta un representante antioqueño que ayudó a la convocatoria del pasado 11 de junio en Medellín.

También tienen relevancia organizaciones indígenas cercanas al Gobierno. Nada más en el último año, ministerios como Interior, Salud, Transporte, Minas, Ambiente, Deporte y Culturas han adelantado proceso por más de $180.000 millones con organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC).

Y a ello se suma la orden presidencial a los congresistas del Pacto Histórico de conformar comités para la consulta. Aunque la consulta ya no va, y los parlamentarios no han recibido línea sobre la constituyente, la idea es que estos, que los componen simpatizantes del proyecto progresista por zonas pequeñas en cada ciudad, continúen en las movilizaciones.

Pero no es solo eso. En toda esa logística también entra en juego la apuesta por mantener la narrativa. Para ello, como constató este medio, Presidencia y sus ministerios han destinado $67.775 millones en contratos para pauta. Estos se celebran no con cada empresa informativa, sino con una central de medios, que se encarga de distribuir esos recursos –este medio ha celebrado contratos en ese contexto con entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT)–. La principal central es la RTVC de Hollman Morris que, este año, ha celebrado contratos que suman $17.738 millones.

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Se trata de un tema que ya se ha contado en las páginas de El Espectador, en el que, además de acudir a medios tradicionales, el Gobierno Nacional también ha contratado a influenciadores, que suelen ser asiduos asistentes a los plazoletazos.

Así las cosas, y ante las cuantiosas cifras de los contratos, el presidente Gustavo Petro seguirá con su apuesta de llevar a las calles su estilo de Gobierno, en un enfrentamiento que no se quede en los pasillos del Palacio y del Capitolio, sino en el que las arengas, los carteles y los discursos sean la norma.

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