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Luego de los reveses que ha sufrido el Gobierno durante los tres años de legislatura que lleva el actual Congreso, pese a que ha logrado sacar adelante dos de las reformas (pensional y laboral) por las que más ha presionado desde diversos frentes, la Casa de Nariño decidió realizar una especie de llamado de atención al gabinete por demoras en trámites claves que dejan en evidencia una suerte de descoordinación interna que termina perjudicando los intereses legislativos del Ejecutivo.
En efecto, a través de una circular que fue anticipada por este diario, la Secretaría Jurídica de Palacio les recordó a los ministros y demás miembros dependientes de este sector del Estado que hay tiempos específicos que se deben tener en cuenta para tramitar objeciones a los proyectos de ley que apruebe el Congreso y que no cuenten con el respaldo oficialista.
La razón de esta suerte de jalón de orejas es que al menos cuatro leyes que salieron del Capitolio terminaron siendo sancionadas por el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, porque las objeciones que esgrimió el Gobierno para no sancionarlas se remitieron fuera de los tiempos legales.
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En la circular 01 del 25 de julio de 2025, rubricada por Augusto Alfonso Ocampo –secretario Jurídico de la Casa de Nariño–, quedó claro que los cronogramas de trámite deben ser cumplidos cabalmente para evitar nuevos reveses como los que terminaron dejando en el vacío jurídico los reparos que el presidente Petro, a través de su gabinete, esgrimió sobre cuatro normas.
Lo que se reiteró en el documento son los plazos que tienen los ministerios para presentar las objeciones y que estas sean revisadas por el jefe de Estado. Si se trata de un proyecto de menos de 20 artículos, las objeciones deberán redactarse en los dos días hábiles siguientes a la fecha de ser recibido el proyecto.
Los plazos, de acuerdo con el oficio firmado por Ocampo, se dictan toda vez que se busca que el presidente pueda “disponer de un tiempo razonable para recibir el escrito de objeción elaborado por el ministerio o departamento administrativo y revisado por la Secretaría Jurídica para decidir, con un criterio suficientemente informado, si aprueba la objeción o sanciona la ley”.
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Además, se advirtió que, si no se cumplen esos plazos, se enviará el caso a “las instancias disciplinarias pertinentes (…), máxime cuando este incumplimiento le impida al presidente de la República cumplir con un mandato constitucional”.
En este punto está la nuez. El hecho de tener que recordar vía circular que el propio Gobierno exigirá investigaciones contra sus funcionarios por demorar procesos previamente establecidos develan la descoordinación que, precisamente, el mandatario ordenó atajar.
Resulta que, de acuerdo con fuentes del alto Gobierno consultadas por este diario, esa falta de diálogo fluido y de coordinación interna derivó en que llegaran tarde las objeciones a la norma que tocaba el pasivo pensional en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), la de formular lineamientos para la política pública a favor de los micronegocios barriales y vecinales, la que incorporó los humedales al Sistema de Gestión de Riesgo y una más sobre el acceso al gas natural a las viviendas de interés prioritario.
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Pese a que el ministro de Interior, Armando Benedetti, en ese entonces también jefe de Gabinete encargado, tiene buena interlocución con la mayoría de sus colegas de gabinete, no se concretó a tiempo la consolidación de los descargos constitucionales por los que Petro quería objetar esas cuatro normas. Y ahora, con la llegada ese último cargo del polémico Alfredo Saade, intentan que la comunicación interna mejore; no obstante, aún hay varios hilos rotos que no se han logrado reconstruir por la resistencia que este funcionario genera en varios despachos oficiales.
Esa desconexión interna derivó en que, como lo dijo en su momento el senador Cepeda –duro contradictor del Gobierno de Petro–, las objeciones llegaran después del tiempo legal. Según lo que se dijo entonces, de acuerdo con la Constitución y la Ley 5ta de 1992 (la que regula el Congreso), este tipo de procesos deben realizarse máximo seis días después de aprobados los proyectos en el Capitolio. “Cuando se cumplen esos términos, es el presidente del Congreso el que debe sancionar la ley”, precisó en esos días Cepeda.
En efecto, el artículo 166 de la Constitución indica que “el Gobierno tiene seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de 20 artículos”, mientras que el 168 precisa que “si el presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso”.
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Precisamente, la circular con la que se quiere evitar que esto vuelva a pasar se publicó en el Diario Oficial un día después de que el presidente Petro objetara el proyecto de ley que introduce la modalidad de arbitraje para procesos ejecutivos, con el objeto de contribuir a la descongestión del sistema judicial alegando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
En las objeciones se le pidió al Legislativo que “excluya expresamente del proceso arbitral ejecutivo los asuntos en donde es aplicable la jurisdicción coactiva para cobrar deudas en favor del fisco, concretamente, los procesos en los cuales el contralor general tiene competencia para adelantar dicha jurisdicción”. También se objetó con “el fin de preservar el principio de seguridad jurídica, y evitar la entrada en vigencia de una disposición con un contenido normativo contrario a la Constitución”.
Todo esto es clave ahora que la cúpula del Capitolio fue relevada y, al menos en un principio, no tiene los mismos choques que se vieron el año legislativo anterior. En efecto, a la presidencia del Senado llegó el liberal Lidio García y a la de la Cámara Julián López, de La U; los dos ya se reunieron con el jefe de Estado y acordaron mantener una relación armónica.
Por eso, toca ver qué trámite se le dará a esta última norma objeta y, de paso, ver el procedimiento que tendrá la reforma a la salud, que está pendiente de surtir el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Además, este martes llegó el presupuesto general de 2026 por $557 billones a debate y existe expectativa en torno a si se presentará o no una reforma tributaria con la que, en principio, se buscaría recaudar $26 billones.
Mientras tanto, la Casa de Nariño sigue buscando cómo subsanar los ruidos internos que viene enfrentando y que no solo se reflejan en el fuego amigo que se ha denunciado en diversos escenarios, sino que ahora se reflejaron con la desconexión que se quiere atajar con la circular que la Secretaría Jurídica emitió por instrucción del presidente Petro.
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