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El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, confirmó que el Gobierno no convocará a sesiones extraordinarias, por lo que la agenda legislativa se reanudará oficialmente el próximo 17 de febrero con el inicio del periodo ordinario.
En un mensaje publicado en redes sociales, el representante de la Alianza Verde explicó que, por ahora, la labor de la corporación que dirige está concentrada en el tema de violencia que azota el Catatumbo. “La labor de la Cámara está concentrada en la Comisión de Seguimiento de la Conmoción interior por Catatumbo. Por ahora, regresaremos a sesiones ordinarias”, estableció.
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Gobierno NO citará a sesiones extraordinarias. Labor de la @CamaraColombia está concentrada en la Comisión de Seguimiento de la Conmoción interior por Catatumbo. Por ahora, regresaremos a sesiones ordinarias pic.twitter.com/fiYjG00YeC
— Jaime Raúl Salamanca Torres (@JaimeRaulSt) February 7, 2025
La crisis humanitaria en el Catatumbo, producto de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, ha producido el desplazamiento de más de 50.000 personas y ha dejado, al menos, 80 muertos. Este viernes, además, se llevó a cabo una audiencia pública en la cual se habló acerca de la violencia y la crisis humanitaria en esta región fronteriza del país. La idea era escuchar las posturas de ministros y entes de control frente a los siete decretos emitidos esta semana.
Esta actualización surge después de que Salamanca mencionara la posibilidad de que el gobierno citara a sesiones extraordinarias para adelantar los debates en torno a la reforma a la salud. Se discutió si esto podría darse en la semana del 10 de febrero. Sin embargo, el futuro legislativo de las reformas del proyecto progresista por ahora seguirá el rumbo preestablecido por el calendario del Capitolio.
Lo cierto es que, de haberse convocado antes del polémico consejo de ministros transmitido el martes y de la controversia por los nombramientos de Sarabia y Benedetti, las sesiones extraordinarias habrían podido convertirse en un escenario para que los congresistas ejercieran una suerte de control político sobre los miembros del gabinete, desplazando el debate sobre la reforma a la salud.
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