Así reaccionó el mundo político al decreto del gobierno Petro que hace cambios al modelo de salud

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la alocución presidencial sobre la fiebre amarilla.

Foto: Juan Diego Cano

El decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro este jueves para implementar el llamado modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo -que fue uno de los pilares de los diferentes proyectos de reforma a la salud que ha presentado el Ejecutivo- generó una ola de reacciones en el mundo político. Mientras el oficialismo lo respalda, sectores de oposición señalan que se trata de una respuesta al cambio en la Comisión Séptima del Senado, que quedó en manos del liberal Miguel Ángel Pinto y no del Pacto Histórico.

El mandatario defendió la medida, argumentando que con ella “se está salvando a las EPS”, e invitó a estas entidades a convertirse en gestoras dentro del nuevo modelo que el Ejecutivo busca implementar.

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“Lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras administradoras de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, se salvan; pero si se mantienen como aseguradoras financieras se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen. Estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso y convertirse en gestoras del sistema. Podrán poner puestos de salud y nos organizaremos con el sistema público, territorialmente”, dijo el presidente.

Desde la oposición, Cambio Radical aseguró: “Con prepotencia y a espaldas del Congreso, el Gobierno impone por decreto una reforma a la salud rechazada democráticamente”.

Su representante Carolina Arbeláez dijo: “El decretazo con el que buscan implementar la reforma a la salud que no aprobaron en el congreso es una trampa a la Constitución, un golpe bajo al sistema de salud que está en cuidados intensivos y otro atropello a la democracia”.

Desde el Centro Democrático, el representante Andrés Forero anunció que demandará el decreto y dijo que se está replicando a nivel nacional “el desastre del nuevo sistema de salud de los maestros”. La senadora María Fernanda Cabal aseguró que el decreto impone “el modelo de salud fracasado” que Petro implementó en Bogotá como alcalde. “No entendió que el asunto es de carácter estatutario, no de un simple decreto”, dijo.

Por parte de algunos precandidatos también hubo reparos. El exministro José Manuel Restrepo afirmó que el Gobierno “redefine el modelo sin ley aprobada, debilitando el principio de legalidad”. Según él, se impone un esquema con “alta responsabilidad y baja capacidad de ejecución” para las EPS, lo que podría poner en riesgo la atención.

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El también exministro Alejandro Gaviria advirtió que se trata de una “estatización del aseguramiento” y que las EPS quedan en una “situación jurídicamente inestable”. Agregó que la medida no contempla fuentes de financiación adicionales y podría agravar el déficit del sistema.

Mauricio Lizcano reconoció que el decreto representa un avance en el fortalecimiento del primer nivel de atención, pero cuestionó la falta de claridad sobre su financiación y sobre el papel que tendrán las EPS.

Desde el oficialismo, en cambio, salieron en defensa de la medida. La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, aseguró que el decreto “NO sustituye el debate legislativo sobre la reforma a la salud, desarrolla lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, fortaleciendo el primer nivel de atención, la red pública hospitalaria y las condiciones laborales del personal médico”.

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Y León Fredy Muñoz celebró que las EPS ya no puedan “quedarse con la plata pública para hacer política”. “La salud no puede seguir siendo un negocio. Con decisión política y por decreto, empieza a regir un nuevo modelo que pone en el centro la vida y no las ganancias. Se les acaba el festín. La salud es un derecho, no una alcancía para financiar campañas”, señaló.

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