El Gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a doce semanas clave para mostrar avances significativos en materia de lucha contra las drogas. Por instrucción del jefe de Estado, que ha dado la directriz de que su legado no quede marcado por una descertificación por parte de la administración de Donald Trump, se ha desplegado un plan que incluye aupar los esfuerzos de sustitución y erradicación de cultivos de hoja de coca y que involucra a los ministerios de Defensa, Ambiente y Relaciones Exteriores. Sin embargo, en medio de estas movidas persisten varios ruidos, como el que se desató este martes por el freno a la extradición del capo Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, ligado a la disidencia que se conoce como Frente 33.
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Quedan poco más de dos meses antes de que la Casa Blanca dé su veredicto sobre si, en su concepto, Colombia ha hecho lo suficiente en materia de lucha contra el narcotráfico y el Ejecutivo necesita moverse contrarreloj para asegurar una respuesta afirmativa. En ese sentido, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ha estado convocando reuniones con altos funcionarios para discutir las posibles repercusiones económicas, políticas y diplomáticas que acarrearía una decisión negativa que debe tomar Washington en septiembre.
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En esos encuentros, el Gobierno identificó varios riesgos: una descertificación podría deslegitimar el enfoque de “paz total” (por la cual se frenó el envío de “Mocho Olmedo”), generar cuestionamientos a las políticas de sustitución de cultivos y debilitar la gobernabilidad en las regiones. También se advirtió sobre impactos sociales como el aumento de la conflictividad rural, el fortalecimiento de grupos ilegales y el incremento del desplazamiento forzado.
Frente a ese escenario, se han trazado líneas de acción que buscan mitigar el golpe que significaría para la relación bilateral con Estados Unidos una eventual descertificación, justo en un momento en que las cifras no juegan a favor de Colombia. Según el informe mundial sobre estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con corte a 2023, el país produjo 2.600 toneladas de cocaína y tiene plantadas 253.000 hectáreas de hoja de coca, lo que representa el 67 % de todos los cultivos de este tipo en el planeta.
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El Ministerio de Defensa está seguro de que es posible avanzar en procesos de sustitución en departamentos como Nariño y Putumayo, donde existen acuerdos vigentes con comunidades comprometidas con la transición productiva. Desde la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se indicó que la disidencia elena llamada Comuneros del Sur –en la cual milita Gabriel Yepes Mejía, alias HH, otro capo al que Petro le frenó en mayo pasado su extradición–, ha manifestado disposición para sustituir 5.000 hectáreas de hoja de coca, aunque advirtió que la principal barrera sigue siendo la lentitud en los desembolsos.
A esa estrategia se suman los compromisos derivados de la mesa de diálogos entre el Gobierno y la disidencia que comanda Walter Mendoza. De hecho, el pasado fin de semana, las delegaciones acordaron destinar 8.000 millones de pesos para sustituir mil hectáreas de hoja de coca por cultivos de cacao en 2025, en los municipios de Tumaco y Roberto Payán (Nariño), como parte de un total de 7.500 hectáreas priorizadas en esa zona.
Pero también se han delineado acciones para las zonas donde operan “grupos armados sin voluntad de negociación”: avanzar con erradicación forzada. Esta estrategia, liderada por la fuerza pública con acompañamiento del Ministerio de Ambiente y el Departamento para la Prosperidad Social, tiene como meta erradicar 15.000 hectáreas en los próximos dos meses. Aunque aún no se han determinado todos los territorios donde se priorizaría este enfoque, uno de ellos sería el Catatumbo, donde precisamente se decretó una zona de ubicación temporal en la que se concentrarán los combatientes del Frente 33.
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La Cancillería, en cabeza de Laura Sarabia, ha advertido que una descertificación implicaría perder recursos de cooperación financiera y militar, y verse afectados sectores sensibles del comercio como el banano, café, flores, textiles y productos industriales. Además, Colombia enfrentaría condiciones más exigentes para acceder a créditos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID y el FMI.
En paralelo a las acciones de erradicación y sustitución para mejorar las cifras —como lo contó El Espectador en abril—, parte de la estrategia para lograr que Washington se incline por la certificación está centrada en mantener diálogos constantes con legisladores estadounidenses, incluso fuera de suelo norteamericano. Este domingo, en Cartagena, representantes del autodenominado “gobierno del cambio” se sentaron cara a cara con siete congresistas de Estados Unidos —republicanos y demócratas— para hablar de drogas y migración.
A la cita acudieron el encargado de negocios de la administración Trump, John McNamara, el vicecanciller Mauricio Jaramillo y el embajador Daniel García-Peña. También estuvieron presentes congresistas del Pacto Histórico, como la senadora Gloria Flórez y los representantes Cha Dorina Hernández y Alejandro Toro, además de funcionarios de los ministerios del Interior y Defensa.
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Mientras tanto, en el Congreso algunas voces de la oposición reclaman un giro de fondo reforzando la presencia militar y judicial en las zonas cocaleras y retomando principalmente la erradicación forzada. La saliente vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido (Cambio Radical), calificó como un “exabrupto” la autorización de zonas de ubicación temporal en regiones donde hay mares de hoja de coca. “Se les cedió espacio y legitimidad a estructuras criminales en lugar de combatirlas”, afirmó. La congresista también cuestionó que, en medio del riesgo de una descertificación, el presidente Petro esté priorizando otra agenda internacional “como si estuviera retando a Donald Trump”.
En todo caso, Petro cuestionó directamente el enfoque del informe de la ONU, el cual también analiza la Oficina Oval para tomar las decisiones sobre cuáles países certificar en lucha contra las drogas. En un evento sobre agroindustria y comercialización en el Catatumbo, criticó que el informe no mencione el aumento del consumo en Europa: “¿Por qué no dice el informe que el incremento de la productividad de la hoja de coca en Colombia se debe a que los europeos duplicaron y triplicaron su consumo de cocaína? Ahí no están dando informes, los gringos detuvieron eso”.
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Otras voces del Gobierno han insistido en que el fracaso de la política antidrogas debe entenderse como un problema global. Laura Gil, saliente embajadora itinerante para la política global de drogas, lo planteó en su último discurso en Viena, donde cuestionó que las mediciones internacionales sigan centradas en la cocaína a pesar de que otras sustancias —como los opioides o las anfetaminas— tienen mayor consumo y representan riesgos más graves. “He de apuntar esa aproximación colonialista que tiene la UNODC en este reporte”, dijo. La también embajadora en Austria hasta el próximo 11 de julio sostuvo que a los países latinoamericanos no se les trata igual que a los productores de drogas sintéticas.
Lo cierto es que la decisión de Estados Unidos sobre la certificación llega en un momento en el que tanto los cultivos de hoja de coca como la cocaína han ganado terreno. Los primeros aumentaron un 6 % entre 2022 y 2023, alcanzando 376.748 hectáreas en todo el mundo y la producción global de cocaína creció un 34 % en ese mismo periodo, alcanzando las 3.708 toneladas. Al Gobierno de Petro le quedan dos meses para equilibrar el discurso crítico con la diplomacia y la mejora de las cifras, en una carrera contrarreloj para que Trump decida si, en su opinión, Colombia sigue siendo un socio confiable en la lucha global contra las drogas.
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