Luego de que se conociera la suspensión del decreto por el cual se incrementó el salario mínimo en un 23 %, lo cual se dio este viernes a través de una medida del Consejo de Estado, desde el Gobierno Nacional se comenzaron a analizar caminos para atender esta situación y, de paso, proyectarlo en clave electoral.
El propio presidente Gustavo Petro aseguró que todo su gabinete y quienes son afines a su tendencia política deben movilizarse en plaza pública y calles para que el salario mínimo viral se mantenga. Y todo cuando faltan menos de cuatro semanas para que el país vaya a su primera cita urnas de este 2026.
Vea el análisis de la Mesa Redonda
La coincidencia temporal de ambos escenarios —la suspensión del decreto del salario mínimo y las elecciones de Congreso y consultas del 8 de marzo— hacen parte del cóctel que se viene analizando desde muy temprano en la Casa de Nariño este viernes, para organizar movimientos que le den más espacio entre el electorado a quienes buscan la reelección inmediata de la izquierda.
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En este escenario también entra en juego la convocatoria a una asamblea constituyente que viene promoviendo el propio jefe de Estado, la cual ha justificado al decir que durante su cuatrienio otras instituciones no apoyaron su proyecto político y que, por lo mismo, se deben consolidar personas afines a sus propuestas en la mayor parte de la institucionalidad del país.
Ese discurso público contra la institucionalidad se viene promoviendo desde la Casa de Nariño, el cual toca a entidades como el Consejo Estado, la Corte Constitucional, el Congreso y en ciertos casos, la Fiscalía y otras entidades, debido a que haciendo uso de la independencia de poderes que da la Constitución, se han opuesto a algunas propuestas del presidente Petro.
En esta última salida, Petro aseguró que “Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. (...) El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”.
En la misma línea, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino volvió a revivir el manifiesto de un “bloqueo institucional”. El jefe de esta cartera enumeró casos como el que denominó un “enredo” de la reforma pensional y la suspensión del primer decreto de emergencia económica, ambas en la Corte Constitucional; el hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Congreso; y la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para permitir la participación de Iván Cepeda en las consultas de octubre.
Ese discurso ha calado dentro de los candidatos aliados al progresismo y quienes están dentro de la denominada consulta del Frente por la Vida. Por ejemplo, el candidato Roy Barreras - con quien Iván Cepeda ha mantenido numerosos roces - invitó a las calles a los sectores cercanos al “progresismo” para “la defensa del salario mínimo”, misma consigna que se ha alimentado desde el Ejecutivo.
Y también desde el gabinete, otro de lo anuncios extendidos por las voces más cercanas al presidente Gustavo Petro fue el que hizo Armando Benedetti, ministro del Interior, quien señaló que se instalará una recurso de reposición ante el Consejo de Estado para evitar efectos negativos en el salario de los trabajadores. El jefe de la cartera política insistió en que esta es otro de los motivantes para cambiar al Congreso.
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