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El plan con el que el Gobierno de Gustavo Petro espera subsidiar a jóvenes de regiones vulnerables para que no sean seducidos por la criminalidad recibió un espaldarazo clave. Y está relacionado con su viabilidad económica.
A través de un documento de página y media, emitido por el Ministerio de Hacienda, se confirmó que el programa llamado Jóvenes en Paz busca cobijar a 100.000 personas y que, haciendo un cálculo de 12 transferencias, el costo total de esta iniciativa sería de 1.2 billones de pesos.
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La comunicación, dirigida al despacho de la vicepresidenta Francia Márquez, confirma que el decreto con el que se le espera dar vida a este programa ya está listo, al menos su borrador, y con este apoyo desde el punto de vista de la viabilidad económica ya solo faltaría la firma del presidente Petro para que entre en vigencia.
Este programa, que ha sido defendido por Petro y Márquez –al igual que por otros altos funcionarios– en diversos escenarios, lo que pretende es darles una mesada mensual a jóvenes de regiones violentas y golpadas por la criminalidad para evitar que grupos ilegales y narcobandas los recluten.
La idea es cobijar a quienes tengan entre 14 y 28 años y, de acuerdo con el propio jefe de Estado, lo que se busca es darles una mensualidad cercana al millón de pesos.
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“Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad”, aseguró a mitad de año Petro desde Buenaventura.
Y, por su puesto, esa expresión de “les vamos a pagar por no matar” levantó polvareda, poque la oposición aseguró que era usar recursos públicos para subsidiar a potenciales criminales. De hecho, advirtieron que ese giro consistiría en una especie de invitación a no trabajar. En todo caso, el programa avanza en firme.
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