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Durante su visita al principal puerto marítimo del país, al que llegó en compañía de buena parte de su gabinete para atender la crisis de seguridad, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje a los integrantes de las bandas criminales Shottas y Espartanos. El mandatario les dijo que su propuesta para que dejen las armas es la educación, a través del programa “Universidad en el territorio”.
“Es mejor cargar un libro que un fusil, porque en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil, que solo sirve para matar”, dijo Petro. El jefe de Estado aseguró que, por medio de convenios, a la Universidad del Pacífico se le entregaron los recursos para aumentar en mil los cupos de educación superior para los jóvenes de Buenaventura.
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Durante su discurso también anunció que esta apuesta se relaciona directamente con el programa “Jóvenes en Paz”, que entregará dinero a los beneficiarios para que solventen los gastos de vivienda, comida y manutención de sus hijos. Según Perro, con estos recursos los jóvenes podrán estudiar sin caer en la “trampa del traqueteo”.
“Serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al Sena, que aquí tiene un compromiso que debe cumplirse, y para que entren a la universidad”, agregó el mandatario.
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En Buenaventura, Shottas y Espartanos, dos facciones de la banda La Local, se disputan a sangre y fuego el control del territorio, especialmente de los esteros que conectan con el Pacífico y sirven como ruta para la entrada y salida de drogas, armas y dinero. Aunque a finales de 2022 ambas organizaciones firmaron una tregua, la desaparición y posible muerte violenta de uno de los voceros de los Shottas desató una nueva oleada de violencia, que se ha agravado por la entrada de nuevas bandas criminales que desafían el control de las que ya operan en la zona.
El Gobierno asegura que los acuerdos entre bandas no implican que la fuerza pública deje de atacar la criminalidad; sin embargo, insiste en retomar las mesas de diálogo entre las organizaciones y avanzar en el proceso de sometimiento a la justicia, para lo cual deberá radicar en el Congreso, por segunda vez, el proyecto de ley que sienta las bases jurídicas para que las bandas dejen las armas.
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