Juan Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), defendió la contratación de la entidad tras la investigación de El Espectador que revela que al menos cinco exfuncionarios de la Alcaldía de Villavicencio fueron contratados en altos puestos bajo su dirección, y otros bajo contratos por prestación de servicios. Según lo expuso a través de su cuenta de X, se tratan de “cargos de libre nombramiento de la misma planta de la entidad”.
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Harman afirmó que los profesionales contratados que venían de su paso por la Alcaldía cuentan con “la idoneidad y la capacidad para seguirle aportando a la Reforma Agraria” y resaltó que con ellos logró “ser el mejor alcalde del país por dos años consecutivos en la encuesta del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos”.
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Sobre la cifra de las personas que han sido contratadas por prestación de servicios en lo que va de 2024, el director aseguró que recibió la entidad “con 3.500″. Finalizó afirmando que “hoy está la misma cantidad de gente trabajando en todo el país, con resultados que son de conocimiento público”.
Gerardo Vega, exdirector de la ANT, también se refirió a la investigación y afirmó que él “nunca [ha] sido ficha política de Olmedo” y “no es cierto que sea su socio político”.
“Fui director de la Agencia Nacional de Tierras, nombrado directamente por el presidente Gustavo Petro, quien conoce mi trabajo de más de 20 años en la reclamación de tierras para campesinos despojados”, aseguró en su cuenta de X.
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Lo que se está rastreando en la entidad
De acuerdo con un anuncio hecho por la Procuraduría esta semana, se habrían concretado 4.853 contratos de prestación de servicios (CPS) desde enero hasta junio. Tras haber recibido denuncias sobre este tema, el ente abrió una “indagación previa en contra de funcionarios por determinar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por presuntas irregularidades en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios durante el primer semestre de este año”.
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“Aparentemente, esa forma de vinculación laboral se habría incrementado de forma desproporcionada frente al año 2023, pues de acuerdo con las denuncias conocidas por ese hecho, entre enero y junio últimos se habrían firmado 4.853 contratos, lo que representaría un 2.1 % más de los celebrados por la entidad durante el año anterior. También se busca establecer si los contratistas vinculados cumplían con las actividades encomendadas y con los requisitos de idoneidad para prestar el servicio”, se lee en un comunicado de la Procuraduría.
Según los estados financieros de la ANT, hubo un incremento significativo en el rubro de administración y operación que se debía, “en gran parte”, a los pagos a contratistas. En marzo, el aumento fue de $42 mil millones, con un promedio de CPS de 4.000, y en junio, de $108 mil millones, con un promedio de 6.000 CPS.
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