El senador Alexander López, quien es además el jefe de debate de la candidata vicepresidencial Aida Quilcué, habló con El Espectador sobre la relación del Gobierno con los pueblos y las organizaciones indígenas en medio del auge que han tenido en el tablero electoral. Además, vienen desarrollándose con fuerza varias movilizaciones de estas comunidades, algunas por motivos proselitistas y otras por reclamaciones directas hacia el Gobierno nacional y administraciones locales.
Las más recientes relacionadas con presencia de indígenas provenientes de San Pedro de Urabá en La Alpujarra, en pleno centro de Medellín –donde se encuentran la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de la capital del departamento–. También en Bogotá se han presentado manifestaciones y se espera otras en el Valle del Cauca y en Nariño.
Por su parte, López aseguró que la Minga Indígena acordó, como acto de campaña, hacer presencia en diferentes territorios del país como símbolo de apoyo a la lideresa en su carrera política como fórmula de Cepeda. En paralelo, el Gobierno viene adelantando una estrategia para fortalecer a organizaciones indígenas, sobre todo en temas relacionados con seguridad, educación y mejoramiento vial de los territorios.
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¿Cómo ve esa relación Gobierno-organizaciones indígenas, sobre todo en relación con el Consejo Regional del Cauca (CRIC) y con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)?
Bueno, las relaciones con los pueblos indígenas es una relación que históricamente ha sido relativamente tranquila, con gobiernos anteriores y con este Gobierno. Hay una mejor relación ahora porque este Gobierno ha venido desarrollando todo lo que es el artículo 329 de la Constitución Pública, que tiene que ver justamente con las garantías que tienen los pueblos indígenas como entidades territoriales. Se ha venido garantizando su derecho a la autonomía, a sus propios gobiernos y naturalmente sus intereses propios, como también hemos venido definiendo dentro del ordenamiento territorial como Gobierno los derechos de los pueblos indígenas.
Ha habido una relación mucho más fluida, de hecho se han expedido más de seis o siete decretos que tienen que ver con el derecho a la salud propia, a la educación propia, al manejo ambiental propio, al gobierno propio, a todos los derechos que ellos tienen como pueblos ancestrales y como pueblos étnicos, que la Constitución da un mandato para que eso se desarrolle.
La relación ha sido una relación buena porque el Gobierno le ha ido cumpliendo con sus derechos, pero hay sectores indígenas que también dicen que lo que les ha apoyado ha sido poco, que el desarrollo constitucional se ha quedado corto y estas organizaciones siguen desarrollando protestas y siguen desarrollando movilizaciones, lo cual nosotros consideramos que eso es válido dentro del debido derecho a la protesta como lo establece la Constitución Política. Ahí diríamos nosotros hay acciones de algunos pueblos indígenas de otras regiones, pero especialmente en el tema del Cauca, ha habido un mayor desarrollo en el cumplimiento de los derechos que tienen los pueblos indígenas.
Fuentes cercanas a la ONIC le contaron a El Espectador que hay un déficit en materia del cumplimiento del Plan de Desarrollo, sobre todo con lo que tiene que ver con contratación y con presupuesto ¿cómo está esa situación?
Eso puede ser verdad, el problema es que el Presupuesto General de la Nación es un presupuesto que es limitado, más aún con los recortes que ha tenido que dar el Gobierno. El año pasado recortaron casi COP 27 billones, este año hay que recortar por ahí otros COP 25 billones y eso se ha presentado con una afectación general, no solamente en los sectores de educación, de vivienda, de transporte, sino también en los sectores en este caso de cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas.
Efectivamente eso ha podido ocurrir, estoy seguro que ha ocurrido. Pero obviamente los derechos fundamentales como salud, educación, agua potable, eso no se tocó. Sin embargo, cumplir los derechos de los pueblos indígenas no ha sido fácil porque gobiernos anteriores no los cumplieron, entonces hay un rezago histórico. Este Gobierno ha ido haciendo un esfuerzo monumental por lograr superar ese rezago y poder cumplir esos derechos de los pueblos indígenas en Colombia.
¿Cuáles son esas propuestas que ha tenido el presidente Petro para fortalecer a los pueblos indígenas?
Hay un mandato constitucional que no se ha cumplido, el artículo 329 de la constitución establece pues ese mandato e inclusive hay una ley que el Congreso no ha elaborado, o sea, no ha aprobado ni ha discutido ni se ha radicado una ley donde desarrollan todo el tema de autonomía de los indígenas y sus derechos colectivos, a su libre determinación, a territorios propios, a culturas, a los sistemas educativos y de salud, y por eso el gobierno del presidente Petro ha ordenado y orientado que se haga vía decreto.
La idea es que haya una ley que recoja todos estos decretos y se pueda garantizar la aplicación del artículo 329 constitucional, pero esto no es un capricho de Petro, esto es un mandato constitucional. De hecho, en nuestro Gobierno ha habido una reducción muy grande en las protestas indígenas, consideramos que más de un 60 % de las protestas que eran en de los anteriores gobiernos, porque este gobierno es el único que ha venido dándole espacios a los pueblos indígenas.
Tras la filtración del video en el que se le escucha hablando sobre la Minga Indígena en una reunión de campaña con Aida Quilcué surgieron varias críticas. ¿Qué tiene por decir sobre eso?
Eso era una reunión política de Aida Quilcué que tenía con sus autoridades. Las autoridades estaban manifestando el apoyo a Aida y el respaldo y la aceptación de que ella fuera candidata a la vicepresidencia, porque en los pueblos indígenas, en las comunidades, las autoridades son las que definen esto.
De hecho Aida, su aceptación, fue condicionada a que aceptaran las autoridades indígenas, en este caso el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). El CRIC aceptó y la orientación que dio era salir en Minga por todo Colombia, en una o dos chivas a respaldar a Aida y a hacer proselitismo político con Aida. Yo lo que hice fue repetir eso, como dije, estamos en Minga y Minga pues es una palabra también que se ha estigmatizado. Minga es una tradición ancestral que tienen los pueblos indígenas de trabajo comunitario y solidario que busca desarrollar en los territorios un fin común. Es el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho a la salud y en esa ruta es que el CRIC toma esa decisión y yo lo único que hago es decir, bueno, como estamos en Minga, entonces vámonos en Minga por toda Colombia, no podemos perder en primera, tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí, porque si vamos a segunda vuelta, pues sería, pues, catastrófico.
Nosotros no queremos ir a segunda vuelta, la orientación que tenemos es ganar en primera vuelta y justamente eso es lo que se dice allí, pero de ninguna manera se está activando una protesta. La minga no es sinónimo de rebelión, de protesta, de dañar. La Minga significa un trabajo comunitario y social para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Desafortunadamente coincide con lo que pasó en Antioquia, las autoridades de Antioquia indígenas tienen sus propias formas, de hecho, no pueden las autoridades del Cauca dar órdenes en Antioquia, y lo que tengo entendido que están reclamando los indígenas de Antioquia, son su derecho a su educación propia, y se lo están reclamando el gobernador y el Gobierno Nacional.
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Por Luna Mejía Farías
