Infancia y adolescencia en el Plan Nacional de Desarrollo: aciertos y desaciertos

Barrio El Pozon Cartagena

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Lo que sucede durante las primeras décadas de vida de un ser humano, desde el vientre de su madre hasta el fin de su adolescencia, determina en gran medida su comportamiento como miembro de una familia, ciudadano, estudiante y trabajador, entre otros. Los recursos y esfuerzos invertidos en garantizar las condiciones para el desarrollo de niños y adolescentes tienen una rentabilidad social inigualable. Con esto en mente, NiñezYa —coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que buscan la inclusión de asuntos para el bienestar de la niñez y juventud en Colombia— ha hecho una revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

Hay que resaltar algunos aciertos , tanto en la primera versión del documento como en el proceso de su construcción. Es importante destacar que el Plan incluye las voces de ciudadanos de todas las edades, provenientes de distintas regiones; igual que generó espacios para la participación de la sociedad civil y reconoció los compromisos que ha suscrito el Estado, así como las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Por otro lado, parte de los tres grandes desafíos que tiene Colombia para alcanzar el desarrollo integral de niños y adolescentes, que NiñezYa ha identificado: “El comienzo de la vida es desigual para los niños”, “familia, colegio y comunidad no tienen capacidades suficientes para proteger a la niñez” y “paz y convivencia son derechos que no se garantizan a toda la niñez”.

Ahora, se celebra el énfasis que se les da a temas urgentes como el derecho humano a la alimentación, erradicar la malnutrición, promover la lactancia materna, atender la salud emocional y mental de niños y adolescentes, y su participación en las decisiones de ordenamiento y planeación de los territorios vitales y en los escenarios de decisión política. También se reconoce como un acierto que el PND establezca como objetivo específico la necesidad de reformar el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, buscando que su eje sea la dignidad, y la articulación intersectorial, de tal manera que sea un vehículo para la generación de oportunidades y la prevención del delito futuro. Igualmente, la decisión de medir la calidad de la educación inicial en el nivel preescolar como herramienta fundamental para el diseño y mejoramiento de las políticas públicas para la primera infancia.

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En lo que tiene que ver con las preocupaciones y recomendaciones para fortalecer el PND, hay que destacar lo siguiente: el Plan no establece metas ni indicadores (de primer y segundo nivel) que permitirán monitorear el avance en el término del bienestar y cumplimento de los derechos de la infancia y adolescencia. Por ejemplo, no se definen para la salud mental, inseguridad alimentaria, lactancia materna, desnutrición (crónica ni aguda), cobertura (bruta ni neta) en educación básica, calidad de la educación, desvinculación de grupos delincuenciales, reclutamiento, orfandad y atención especial a los cuidadores, niñez víctima del conflicto. En el PND los indicadores deberían estar desagregados por sexo, género, edad, pertenencia étnica, discapacidad y, de ser posible, orientación sexual e identidad de género.

Segundo, el PND plantea la reestructuración de la arquitectura institucional del país para avanzar en la protección y garantía de los derechos de la niñez y juventud, pero no hay claridad del diagnóstico y las razones que sustentan esta reforma, ni claridad sobre los mecanismos de articulación de los diversos sistemas que podrían estar involucrados: el Sistema Nacional de la Igualdad y Equidad, el Sistema Nacional de Cuidado, el Sistema de Protección Social Universal y Adaptativo, el Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación Adecuada, el Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición, el Sistema Nacional de Monitoreo de la Violencia Basada en Género y el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.

Consideramos que el PND debería delinear cómo operaría la nueva arquitectura institucional, especialmente cuál sería el rol del Ministerio de la Igualdad, del Departamento de Prosperidad Social y del ICBF. Además, es importante definir cómo se asignaría el presupuesto entre los actores y sistemas, y cómo se monitorearía la gestión de cada agencia. Sin tener una idea más clara sobre esto, es difícil entender cómo la reforma responde a los retos del sistema actual.

Por otro lado, el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) no define los recursos para llevar a cabo las acciones propuestas para avanzar en la protección y garantía los derechos de la niñez y juventud. Si bien plantea un monto total y la distribución general en seis ejes, no se especifican los recursos asignados a las estrategias para promover el bienestar y desarrollo de niños y adolescentes. Dado que la mayor cantidad de las metas relacionadas directamente con desarrollo y bienestar de la niñez y juventud no están definidas como metas de primer nivel ni como un eje transformador, no queda claro cómo sería la destinación de recursos para estos programas. Una solución sería que el PPI contemple las inversiones centrales para la política pública de infancia y adolescencia como una línea de inversión estratégica por separado y se pueda dar una idea más clara de la asignación presupuestal.

Finalmente, debería ser una prioridad actualizar estudios poblacionales que proveen evidencia necesaria para el ajuste y mejoramiento de las políticas públicas y los sistemas de protección y promoción del bienestar de la infancia y adolescencia. Específicamente, el PND debería incluir la implementación de la Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN), la Encuesta de Demografía y Salud (ENDS), la Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes (EVCNNA).

*Profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Especial para El Espectador.