Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La comunidad internacional tiene entre ceja y ceño a Colombia. Los abusos de la fuerza pública en el marco del paro nacional —cuatro asesinatos judicializados, más de 40 muertes por establecer su causa, violencia sexual y demás agresiones institucionales— preocupan a otros países y organismos como la ONU. Tras imágenes de brutalidad institucional que le siguen dando la vuelta al mundo, el recelo por este asunto tomó fuerza en Reino Unido.
Desde el 4 de mayo, un grupo de colombianos radicados en la nación europea, en conjunto con organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y jóvenes, promueven una iniciativa en el parlamento británico para que su gobierno evalúe el entrenamiento, venta de armas y financiación que durante los últimos tres años ha impartido a la fuerza pública de Colombia. Piden, también, una reforma estructural a la Policía y la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016. Todo esto, como fórmula para proteger el derecho fundamental a manifestarse y el respeto por los derechos humanos.
Lea también: Una a una: las reformas a la Policía que se proponen desde el Congreso
La propuesta que abarca estos tres ejes fue formalizada como la Early Day Motion 4 (EDM4). Su nombre traduce una moción que se presentó temprano, en la reapertura de las sesiones del parlamento británico y que necesita el respaldo de los legisladores para ser discutida pronto. El pasado 11 de mayo, Tony Lloyd, Kate Osborne, Chris Stephens, Clive Efford, Ian Byrne e Ian Lavery, miembros de la Cámara de los Comunes, radicaron dicha petición. Y aunque la iniciativa fue aprobada para su discusión, aún está a la espera de entrar en la agenda. Sin embargo, en este tiempo, por lo menos 65 parlamentarios se han sumado con su firma. Adicional, más de 60 voluntarios directos y cerca de 15 organizaciones, como War on Want, Justice for Colombia y AB Colombia, la acompañan a través de una campaña que se mueve bajo los numerales #SOSColombiaUK y #EDM4Colombia. ¿Qué tanto podría impactar?
Para Sandra, activista y una de las voceras de #SosColombiaUK, es un ejercicio importante de denuncia en dos vías: por un lado, es diplomacia ciudadana, reflejada en el acompañamiento a la EDM4, cartas dirigidas al embajador Antonio José Ardila, y a los miembros del parlamento. Por el otro, es participación ciudadana expresada en manifestaciones en lugares públicos. “Cuando iniciamos pensamos que íbamos a ser unos cuantos preocupados por los derechos humanos, pero esto se volvió un mar de gente. Para un plantón en el Trafalgar Square calculamos la participación de 80 personas, pero finalmente llegaron 3.000. Para una carta enviada al embajador, en 24 horas recogimos más de 2.000 firmas. Soy una mujer de 50 años que poco ha estado relacionada con las redes sociales, y un influencer me dijo que administrara su cuenta para hacer visible la violación de derechos humanos en el paro nacional. La comunidad está participando de nuestras actividades y también se está expresando por cuenta propia”, contó.
En esa línea, explicó que las movilizaciones masivas en Reino Unido, las cartas y la narrativa de los medios no solo evidencian la confrontación entre la fuerza pública y la población, sino que también ejerce presión sobre los parlamentarios británicos. “Los miembros del parlamento sienten que deben responder a las peticiones de la gente de sus localidades que solicitan apoyar la iniciativa”, aseveró. De hecho, las intervenciones ya se están dando en la Cámara de los Comunes. Durante la reapertura del parlamento y el discurso de la reina Isabel II, Angus Brendan MacNeil expresó: “A los que están en el poder en Colombia y en otros lugares que se comportan así: los vemos y el mundo es testigo de lo que está sucediendo”.
También le puede interesar: El informe de Washington Post sobre muertos a manos de la Policía durante el paro
Días antes, Jeremy Corbyn, exlíder de la oposición británica, instó al presidente Iván Duque a escuchar las demandas de la gente y a “poner fin a los abusos de derechos humanos”, trinó. Más recientemente, fue el parlamentario Tony Lloyd quien declaró rechazo: “El mundo entero está en shock con la respuesta de las autoridades. El Reino Unido vende armas a Colombia, pero el parlamento no sabe de qué trata esa transacción. Lo que sí sabemos es que debe ser coherente con nuestras obligaciones internacionales, entonces insistimos en que ninguna arma debe venderse para generar represión interna”, dijo.
“El presidente Duque es observado bajo estándares internacionales y si no implementa a cabalidad el Acuerdo y reforma la Policía por lo que ha pasado en las protestas, está poniendo a su país en riesgo y es lo que reclamamos en nombre de los colombianos”, ratificó Lloyd.
En esa línea se pronunció Hasan Dodwell, director de Justice for Colombia, que reiteró que su organización está muy preocupada “por las declaraciones de varios miembros del gobierno colombiano que estigmatizan a los que ejercen su derecho a la protesta, en un contexto de violencia policial”.
“El ministro de Defensa, Diego Molano, salió a hablar casi que únicamente de una amenaza terrorista. El presidente Duque llama a los indígenas a que vuelvan a sus resguardos, justo después de que civiles disparan contra ellos. Y el otro día la vicepresidenta (y ahora canciller) estaba cuestionando la financiación de la minga. Estas declaraciones no muestran a un gobierno que esté respetando enteramente la protesta. En cambio, pone en riesgo la vida de las personas en las calles que piden equidad social y el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, recalcó Dodwell.
Por ello, su principal llamado es que el gobierno de Boris Johnson revise el eje de la cooperación con Colombia basado en brindar formación a la fuerza pública: “El gobierno colombiano y el británico tienen una relación muy cercana. Sabemos que en 2020 había un proyecto por 2 mil millones de libras para que 10 británicos apoyaran las tareas de seguridad y defensa. Es necesario revisar esta colaboración para que ningún policía que esté recibiendo formación y dinero de impuestos británicos esté participando en la violación de los derechos humanos”, dijo. Para Dodwell, en la relación de ambos países debe primar el cumplimiento de los derechos humanos porque, entre otras cosas, “fue un firmante de la resolución sobre el proceso de paz”.
Lea también: Homicidios en el paro nacional: hay “esclarecimiento”, pero falta claridad
Lo mismo consideró Louise Winstanley, directora de AB Colombia, un proyecto de incidencia política de agencias británicas en Colombia. Para Winstanley, la represión policial pone en riesgo la democracia, más aún en un país que firmó un Acuerdo de Paz para superar la violencia. “El uso excesivo de la fuerza contra los protestantes va en contravía de una paz sostenible. Además, es bastante problemático la violencia sexual como abuso policial porque las mujeres habían sufrido tanto en el conflicto colombiano y esto se está replicando ahora en la protesta. Entonces es un signo más de que, para las mujeres, la paz representa un cambio para que los cuerpos no sean botines de guerra”, agregó, indicando que estos crímenes deben acabar y para ello es necesario, en el caso de la protesta, a través de una reforma policial.
“En este momento de posconflicto, el país necesita una Policía más civil y no militar, que tenga otro tipo de entrenamiento para la paz y para dejar de pensar que la población es el enemigo. Hay apertura del gobierno británico para ayudar a Colombia, en caso de que quiera reformar su Policía. La petición, en todo caso, debe llegar de Colombia y esperamos que el gobierno de Colombia responda”, finalizó.
