:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/dXjN00Ys4oIZcUvKbW8r6rpl6uI=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ABVADTMSAFFCDJQCOR6DGUYEJI.jpg)
“Yo tengo una irrestricta defensa de los derechos humanos. Hemos esclarecido cuatro homicidios, en tres hemos imputado a miembros de la Policía”, dijo ayer el fiscal Francisco Barbosa a la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero. La misma cifra entregó la semana pasada al Congreso en una sesión sobre violencia policial en el paro nacional. No obstante, a la fecha solo hay dos imputaciones y en dos casos más podría haber colisión de competencia con la jurisdicción penal militar. ¿En qué van los cuatro expedientes y a qué se refiere la Fiscalía cuando habla de esclarecimiento?
(Lea también: Los rostros de las víctimas mortales durante el Paro Nacional)
La Fiscalía ha identificado que 15 de las 42 muertes violentas del paro tienen “relación directa con las manifestaciones”. De todos estos casos, el fiscal Barbosa dijo al Congreso: “tenemos cuatro homicidios esclarecidos. En un tiempo muy rápido. Tres homicidios fueron cometidos por policías en el marco de las protestas y un homicidio fue cometido contra un capitán de la Policía”. Se refiere a las muertes del comandante de la SIJIN de Soacha (Cundinamarca), el capitán Jesús Alberto Solano el 28 de abril; del joven Marcelo Agredo en Cali ese mismo día, de Santiago Murillo en Ibagué el 2 de mayo, y de Brayan Fernando Niño, en Madrid (Cundinamarca) el 4 de mayo.
Pero, ¿qué es esclarecimiento? Una fuente que conoce de primera mano el tema le explicó a este diario que el concepto aterrizó en la Fiscalía en tiempos de Néstor H. Martínez. En inglés es llamada clearance rate y es utilizada por la justicia de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. En el informe de gestión del exfiscal Martínez, en un pie de página se explica: “Se entienden por esclarecidas aquellas noticias criminales en las que hubo al menos una captura, imputación, condena o muerte del indiciado”. Es decir, cualquier actuación de la Fiscalía que haya tenido control de un juez se considera internacionalmente como esclarecimiento.
(Le puede interesar: Paro Nacional, marchas, Esmad, Policía: qué pasó estos 15 días de paro nacional)
No obstante, hay dos de estas cuatro muertes que la Fiscalía cuenta como esclarecidas en las que no ha habido siquiera imputación. En primer lugar, está el caso de Santiago Murillo, que según testimonios recibió disparos de agentes de la Policía. Su madre, afuera del hospital donde se confirmó su muerte, gritaba: “Que me maten porque me voy con mi hijo; era mi único hijo”. Por el hecho, la Justicia Penal Militar ordenó la captura del mayor de la Policía, Jorge Mario Molano, y del teniente Pablo Andrés Parra. La Fiscalía le pidió ayer a un juez de garantías que invocara una colisión de competencias, pues a su juicio el caso debería estar en la justicia ordinaria.
#AEstaHora | Fiscal Francisco Barbosa se reúne con Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de @ONUHumanRights. Se presentan avances en las 8 líneas definidas para desarrollar las actividades investigativas en marco de las protestas. pic.twitter.com/qwvaBuG3Qi
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 18, 2021
En audiencia, la Fiscalía dijo tener pruebas que demostraría el rol de un mayor de la Policía en el homicidio. El abogado de la familia de la víctima, Miguel Ángel Del Río, le dijo a este diario que, “sacar un arma en una manifestación pública y disparar no puede ser considerado como un acto de servicio”, y que desconfían de la investigación de la justicia militar, pues tienen confirmado que en el juzgado de instrucción ni siquiera habían entrevistado a testigos cuando se ordenó la captura y una fuente les aseguró que los dos uniformados se entregaron, no fueron capturados. El juez de garantías accedió a la petición y la discusión pasará a la Corte Constitucional.
(Le puede interesar: Paro Nacional: Ante comunidad internacional, Fiscalía entregó informe sobre protestas)
El segundo es el caso de Brayan Niño Araque, el joven que recibió un disparo de una tanqueta en Madrid, es muy similar. La justicia penal militar culminó la fase de instrucción en pocos días y ordenó la captura del uniformado que manejaba el vehículo: el mayor de la Policía, Javier Arenas —quien dijo a Semana haber actuado con apego a la ley y no estar arrepentido—. La Fiscalía luego anunció que pediría colisión de competencias, pero en ambos expedientes el juez de garantías será la Corte Constitucional la que defina a qué jurisdicción corresponde el desarrollo de los procesos.
Una fuente que conoce del tema explicó que desde que el término “esclarecimiento” entró a la Fiscalía ha habido una discusión interna por qué ocurre con los casos que pasan a otras jurisdicciones. Una posición es que, si se va a pedir colisión de competencia, como ocurrirá en los casos de Santiago Murillo y Brayan Niño, es porque el fiscal tiene suficientes elementos probatorios que presentará a un juez y que vinculan fuertemente a un posible perpetrador con el crimen. No obstante, a la fecha no hay una directiva o un documento oficial de la Fiscalía que zanje estas discusiones tanto internamente como ante la opinión pública.
(Lea también: Denuncian penalmente a miembros del Comité del Paro por bloqueos en vías del país)
Luego está el caso de Marcelo Agredo, de 17 años, quien en medio de desórdenes en Cali pateó a un policía que estaba en su moto. El uniformado sacó su arma y le disparó al joven, como se aprecia en videos. Para la Fiscalía, el patrullero es Luis Ángel Piedrahita, quien fue enviado a la cárcel mientras es investigado por homicidio agravado. Y, por último, está el caso del capitán Solano. El 28 de abril, el entonces comandante de la SIJIN en Soacha recibió cuatro puñaladas mientras, supuestamente, intentaba frenar el atraco de un local comercial. Por el hecho fueron enviados a la cárcel los hermanos Juan Sebastián y Michael Steven Vélez Mesa, y Jesús Castillo Londoño.
Los tres hombres serán investigados por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, y porte o tenencia de armas. No obstante, su defensa, en cabeza del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dice que son víctimas de un montaje judicial y que los hechos no ocurrieron como los han contado las autoridades. Según su relato, el capitán Solano ese día iba de civil “infiltrado en las manifestaciones”, por lo que personas del sector comenzaron a perseguirlo tan pronto se dieron cuenta. Entre ellos iba Juan Sebastián Vélez, quien terminó recibiendo tres disparos del agente de la SIJIN, “lo cual le impedía agredir a alguien por cuanto iba desarmado y estaba herido”.
(Le puede interesar: Paro Nacional: menor de edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías)
Doce testimonios aportados por la defensa, además, sitúan a Michael Steven Vélez auxiliando a su hermano, no agrediendo al agente de Policía. Según esta versión, habrían sido otras personas quienes acabaron con la vida del capitán Solano, pero “funcionarios de alto nivel se apresuraron con afirmaciones falsas a declarar públicamente la responsabilidad de los jóvenes Juan Sebastián, Michael Steven y Jesús Antonio”. Por estas aparentes inconsistencias, los abogados de los tres jóvenes apelaron la decisión de un juez de garantías de enviarlos a la cárcel. Con este son cuatro casos en los que para la Fiscalía ya hay esclarecimiento, pero falta claridad.