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Para muchos, la ley de garantías no es necesaria desde que se tumbó la reelección presidencial. Por eso, han sido varios los intentos para derogarla, sobre todo en sus restricciones para la contratación directa en los cuatro meses anteriores a un proceso electoral. Incluso, este fue uno de los puntos controvertidos de la reforma electoral que se llevó a cabo a finales de 2020 y que tuvo que eliminarse para que el proyecto saliera adelante.
A pesar de esto, desde el partido de Gobierno se mantiene la insistencia de la necesidad de eliminar el capítulo de las restricciones a la contratación directa, por eso radicaron de nuevo una iniciativa con este fin. El pasado 20 de julio llegó a la secretaría de la Cámara una propuesta encabezada por el Centro Democrático y acompañada por varios miembros de la bancada gobiernista en la que pretenden hacer modificaciones de fondo a la ley 996 de 2005, una de las salvaguardas creadas en el Congreso tras la vía libre a la reelección presidencial.
El proyecto apenas cuenta con seis artículos, pero desde el comienzo se deja claro las intenciones de este. Apenas en el primer artículo se establecen aquellos apartados que serían derogados. Además de varios puntos que son inútiles ante el fin de la reelección, la iniciativa pretende nuevamente derogar las restricciones a la contratación directa para el Estado durante las elecciones.
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“Deróguese los artículos 4º, 6º, 9º, 27, y 33 de la Ley 996 de 2005”, se lee en el primer apartado del proyecto. Precisamente el artículo 33 establece que “durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”.
En un sentido parecido, el proyecto también entra a modificar el artículo que establece las prohibiciones de los servidores públicos durante los procesos electorales. En la reforma propuesta por el Centro Democrático y otros afines se elimina la restricción a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas para que estos no puedan “celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos” en los cuatro meses anteriores a un proceso electoral, sea nacional o regional.
En este mismo sentido, de ser aprobado, el texto eliminaría la restricción que tienen los entes territoriales y entidades para modificar su nómina en los cuatro meses anteriores a un proceso electoral. Actualmente solo se permite hacer este tipo de cambios cuando hay faltas definitivas que deben ser solucionadas.
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Los proponentes del proyecto justifican dichas modificaciones bajo el argumento de que “remediaría la situación problemática a la que se ven sometidas las entidades de la rama Ejecutiva, sobre todo aquellas del nivel territorial, debido a las restricciones que deben soportar” cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, legislativas y locales.
Para los congresistas autores, la restricción es excesiva, sobre todo si se tiene en cuenta que los gobernantes locales apenas tienen cuatro años para gobernar y se pone una veda a la contratación que puede sumar hasta 10 meses en total. Para estos, la prohibición hace que los procesos de contratación directa puedan ser faltos de transparencia y controles ante el afán de no caer en los cuatro meses antes de un proceso electoral.
Estos argumentos en contra de la ley de garantías han sido rechazados en oportunidades anteriores por la Misión de Observación Electoral (MOE). Cuando se intentó derogar dicha ley durante la discusión de la reforma electoral, Alejandra Barrios, su directora, expresó que “es falso que sin reelección no se necesite” las restricciones de la ley de garantías.
Para esta, la no existencia de la reelección no significa automáticamente que “no se puedan desviar recursos para contratar y así favorecer una campaña”. Además, en ese momento recordó que no se torpedea la gestión del Ejecutivo en sus distintos niveles, pues la restricción es para “contratar a dedo, (…) en ningún momento se está diciendo que no pueden licitar”.
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Sin embargo, derogar la ley de garantías electorales ha sido un pedido de los municipios y departamentos desde que se puso fin a la relección. Tanto que en 2015 el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que buscaría el fin de las restricciones para la contratación durante los periodos de elecciones. Curiosamente en ese momento fue el uribismo el que puso el grito en el cielo bajo el argumento de que se abría una nueva fuente de mermelada.
Luego fue en la administración de Iván Duque que se volvió a tratar el tema. En 2019 pidió que diera trámite de urgencia para eliminar sus restricciones. Ahora, en marzo pasado, el primer mandatario volvió a hablar del tema al decir que era necesario eliminar las restricciones existentes “para no frenar el desarrollo ni la inversión en los territorios”.
En respuesta a ese pedido, desde el Centro Democrático se radicó un proyecto para derogar los efectos principales de la ley de garantías. Sin embargo, en medio de la agitación por la reforma tributaria y otros controvertidos temas que se radicaron en el pasado semestre en el Congreso, esta propuesta no tuvo trámite y por eso tuvo que ser radicada de nuevo.
Otras propuestas
Además de levantar las restricciones a la contratación directa, el proyecto modifica las prohibiciones al presidente durante la campaña. Al no haber reelección, se elimina cualquier impedimento para asistir a las inauguraciones de obras públicas, entrega de recursos y bienes estatales, y solo se establece que en los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales no podrá referirse a los candidatos o movimientos políticos durante sus intervenciones como “Jefe de Estado”.