Quedan menos de cinco días para que arranquen las nuevas administraciones locales y departamentales en el país. Y aunque los procesos de empalme están en su recta final, varios mandatarios entrantes han denunciado irregularidades en el estado de las carteras, las deudas y las finanzas que quedan para el 2024. No es un asunto menor, en la mayoría de ciudades capitales —a excepción, por ejemplo, de Bogotá—, las administraciones municipales dieron nuevamente un giro hacia la centro-derecha y derecha en las tendencias políticas de los nuevos mandatarios.
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En Medellín y Cali, por mencionar dos principales, donde gobernaron los últimos cuatro años Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, cercanos a la izquierda, ahora serán sucedidos por Federico ‘Fico’ Gutiérrez y Alejandro Éder, mandatarios más cercanos a la derecha y el uribismo. En el caso de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas gobernó con la batuta de Rodolfo Hernández, avalado por el Partido Liga Anticorrupción, pero su sucesor, Jaime Andrés Beltrán, es un pastor cristiano que se autodenomina como el ‘bukele’ colombiano y sus posiciones tienden a ser radicales.
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‘Fico’ vs. Quintero
En el caso del proceso de empalme de Medellín, que ha sido el más ruidoso y polémico, Federico Gutiérrez se lanzó a decir que esa ciudad estaría sumida en un escándalo de contratación que comparó con el de los hermanos Nule y Samuel Moreno, en Bogotá, en 2010. “Duele decirlo, pero casi que este escándalo se quedaría chiquito en relación de lo que pasó en Bogotá con los Moreno Rojas. Es muy grave, el país tiene que saberlo y se tienen que encontrar a todos los responsables”, afirmó el 28 de noviembre pasado.
Y aunque en redes criticaron la comparación, advirtió que la capital antioqueña necesitaría $8,4 billones adicionales para su funcionamiento y el pago de deudas del próximo año: “La conclusión al día de hoy es que no entendemos cómo una administración como la actual, que tuvo $8 billones más que la administración anterior (es decir, la primera de ‘Fico’ Gutiérrez), haya dejado la ciudad en la situación que se encuentra”.
En sus advertencias, el alcalde entrante aseguró que han encontrado que la alcaldía de Daniel Quintero dejó una deuda de $97.000 millones en el Fondo de Estabilización y una desfinanciación de $200.000 millones en el fondo de pensiones. Además, según Gutiérrez, el proyecto del metro de la avenida 80 necesita $500.000 millones para lograr el cierre financiero.
Señaló que el Distrito necesitaría $8,4 billones para su funcionamiento, el de los programas sociales y el pago de deudas en 2024, pero cuenta con un presupuesto de $6,1 billones, por lo cual le harán falta $2,4 billones. Las denuncias no solo fueron diferencias políticas, sino que el mismo fiscal Francisco Barbosa anunció la apertura de varias investigaciones por presunta corrupción que salpican a siete exfuncionarios y seis particulares en contratos públicos de esa administración. La Procuraduría está haciendo lo propio.
A pesar de que los reclamos de Gutiérrez fueron a través de redes y en medio de una rueda de prensa, lo único que, hasta ahora, ha controvertido el exalcalde Quintero es la supuesta ausencia de ‘Fico’ a las reuniones de empalme de la administración. “¿Cómo vas a saber que te entregamos si no has asistido a ninguna de las 150 reuniones de empalme? Trabaja más y pelea menos”, indicó Quintero en su cuenta de X.
Los roces entre ambos mandatarios no son fortuitos. ‘Fico’ Gutiérrez, quien además repite mandato, fue la voz política más opositora del Gobierno de Quintero, que en 2019 derrotó en las urnas con 303.420 votos a la derecha, y el uribismo, que históricamente había tenido una posición privilegiada en Medellín. Su principal contrincante, en ese momento, era el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya.
Sin embargo, Quintero no terminó su mandato como alcalde y renunció a su cargo el 1 de octubre pasado, menos de un mes antes de las elecciones regionales, para unirse a la campaña del primo de Daniela Osorio, su esposa, y amigo Juan Carlos Upegui, quien alcanzó 95.393 votos y perdió frente a ‘Fico’, que arrasó con 689.519 votos para volver a La Alpujarra.
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Jorge Iván Ospina vs. Alejandro Éder
Los reclamos en el comité de empalme de Jorge Iván Ospina y Alejandro Éder no han sido distintos a los que se han vivido en Medellín por supuestas irregularidades en las finanzas de las alcaldías. El 21 de diciembre pasado, Cristina Arango, exgerente de Emcali e integrante del equipo del alcalde entrante, alertó que las finanzas públicas de la capital del Valle “están deterioradas y en riesgo, con unos ingresos que vienen cayendo, la caja comprometida y unos compromisos de deuda grandes”.
El panorama político en Cali tampoco fue distinto al de Medellín. Ospina, del Partido Alianza Verde, que ya había gobernado la ciudad en 2008 y es cercano al petrismo, le entregará la administración a Alejandro Éder, un empresario cercano a la derecha que recibió, entre otros apoyos, los votos uribistas para gobernar a Cali.
Su alerta se enfocó en el informe de empalme que entregó la secretaría de Hacienda del Distrito, en la que aseguró que las rentas en Cali “han caído en términos reales. Los gastos han subido. Funcionamiento crece y para el cierre el 2023 mostrará un crecimiento del 9 %, con un agravante: la deuda —que se duplicó en los últimos cuatro años— equivale al 80 % de los recursos de libre destinación”, escribió en X.
En términos más prácticos, concluyó que parte de la deuda que supuestamente deberá pagar Alejandro Éder para el 2024 será de unos $395.000 millones. Y, en esos términos, aseguró que habrá “poco margen de maniobra” durante el primer año de gobierno. “La administración saliente proyectó ingresos que probablemente no van a llegar, monto que se debe pagar al servicio de la deuda y el nivel de recursos que ya están comprometidos”, afirmó.
Esa misma alerta ya la habían hecho desde la Unidad de Acción Vallecaucana, cuando advirtieron que desde comienzo de año habían señalado que el 60 % de la deuda total de la ciudad debería ser saldada en el primer año del próximo gobierno.
Aunque Ospina no cuestionó la polémica del empalme con la nueva administración, termina su mandato con un fallo en primera instancia de la Procuraduría que lo suspendería por cuatro meses para ejercer cargos públicos. Ese mismo ente de control tiene en su contra más de 10 expedientes abiertos y el próximo 29 de enero está citado a una audiencia de imputación de cargos en la Fiscalía. Entrega la batuta con dos secretarios inhabilitados y uno denunciado por presunto abuso sexual.
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Virna Jonhson vs. Carlos Pinedo
Las elecciones en Santa Marta para el próximo cuatrienio fueron definidas por foto-finish. Hace apenas un mes, finalizando noviembre, en la capital del Magdalena todavía no había alcalde electo. Y en medio de la pelea jurídica, el pulso lo ganó Carlos Pinedo, el candidato cercano a la derecha y amigo de la familia de Virna Johnson. Según La Silla Vacía, el alcalde electo es el padrino de bodas de la mandataria saliente.
Y aunque la cercanía política y personal se ha leído como una sucesión del poder, hasta hace una semana, el 21 de diciembre, Pinedo aseguró que el empalme “no ha fluido como debe ser”, entre otras cosas, porque la alcaldesa Johnson ha estado ausente de varias reuniones de empalme.
Las reuniones, que debieron comenzar en la primera semana de diciembre, arrancaron hasta el 11 de ese mes sin la presencia de la alcaldesa Johnson. Su ausencia, que generó ruido en la ciudad por el poco tiempo que tenían para terminar el proceso, hizo que el nuevo alcalde, Carlos Pinedo, comenzara a advertir que no tenían la información suficiente para comenzar la administración.
De acuerdo con Pinedo, “hay información importante, relevante y necesaria para poder realizar un análisis de lo que recibimos y proyectar un plan de acción que nos permita poner en marcha la hoja de ruta para los próximos cuatro años”. Su reclamo llegó hasta la Contraloría Distrital, que hasta el pasado 21 de diciembre emitió una alerta diciendo que si el empalme no se termina a tiempo, “generaría omisión por parte de Virna Jonhson”.
Sobre esos reclamos y el requerimiento del ente de control, la alcaldesa saliente aseguró que los retrasos han sido por requerimientos disciplinarios y judiciales que tuvo que atender en Bogotá. Sin embargo, desde su oficina de prensa emitieron un duro comunicado desmintiendo las denuncias de su sucesor y asegurando que han tenido 50 reuniones con el equipo de Pinedo, electo hace poco menos de 30 días.
“Hemos advertido la falta de coordinación por parte de su equipo. Se dirigen en medio de la improvisación y el desorden”, precisaron. Lo cierto es que, a menos de una semana de que arranque el nuevo mandato, el proceso formal apenas inició esta semana, el 25 de diciembre.
El exgobernador de ese departamento, Carlos Caicedo, renunció a su cargo el pasado 13 de octubre para hacer campaña política de frente por Jorge Agudelo, quien aspiraba a la alcaldía de la capital por Fuerza Ciudadana. Lo hizo, entre otras cosas, luego de que el Consejo Nacional Electoral revocara la aspiración de Martha Patricia Caicedo, su hermana, a ese mismo cargo por considerar que existía un conflicto de intereses entre el gobernador y la candidata a la alcaldía.
A pesar de que Jorge Agudelo ganó en el preconteo con apenas 246 votos de diferencia frente a Carlos Pinedo, dos semanas después, en medio del escrutinio, las denuncias y las tutelas que ambos interpusieron para defender su legitimidad en el poder, la definió finalmente el Tribunal Superior de Santa Marta. El 23 de noviembre pasado revocaron la tutela con la que le habían autorizado a Fuerza Ciudadana inscribir a Agudelo como candidato. Es decir, echaron para atrás la candidatura que, hasta ese momento, había ganado por poco.
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Juan Carlos Cárdenas vs el ‘bukele’ Beltrán
El relevo de poder entre el candidato de Rodolfo Hernández y el autodenominado ‘bukele’ de Bucaramanga, arrancó con denuncias de ambos lados por supuestas irregularidades en el proceso. Mientras Beltrán denunció que en el empalme hicieron hallazgos por 300 hechos de corrupción, la alcaldía de Cárdenas emitió un comunicado donde calificaban esas afirmaciones como “tergiversaciones” y afirmaron que levantaban “una voz de protesta”.
Según Beltrán, recibe el 2024 con una deuda de $370 mil millones, “a pesar de que recibió el municipio con $210.000 millones; es decir, un aumento del 76 %”. Incluso, aseguró que gran parte del presupuesto del próximo año lo destinará a “financiar obras mal planeadas y mal ejecutadas”.
La última denuncia que ha hecho su comité de empalme fue el 17 de diciembre, cuando aseguraron que conocieron una carta enviada por el Banco Agrario a la Secretaría de Hacienda de la ciudad en la que aprobaron un crédito por casi $80.000 millones a favor del municipio. Según Beltrán, la tasa de interés que ofrecían en ese documento era “muy inferior a la que finalmente fue aceptada”.
Sobre estas denuncias, la Alcaldía respondió con un robusto comunicado en el que pedían “a los miembros de la comisión de empalme en Bucaramanga a manejar con responsabilidad la información recibida, respaldando sus declaraciones con fundamentos veraces, evitando errores en las alocuciones del alcalde electo en procura de la verdad”. Y, en ese mismo comunicado, desmintieron algunas acusaciones de supuestos hechos de corrupción entre la alcaldía y la corporación autónoma regional.
“Desmentimos la afirmación de que hemos renunciado a la lucha por el reconocimiento legal como autoridad ambiental. En los últimos dos años, además de procesos judiciales, hemos gestionado ante el Congreso y el Gobierno Nacional en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo”, dice el documento.
Esos relevos son apenas una muestra de lo que sería el panorama político regional en los próximos cuatro años y el rol de oposición que, seguramente, ejercerán los mandatarios salientes. Lo cierto es que no todos los empalmes han sido iguales, en el caso de Bogotá, con Claudia López y Carlos Fernando Galán; y el de Barranquilla, con Jaime Pumarejo y Alex Char, los procesos han sido más una sucesión de poder que una transformación ideológica y de mandato, al menos hasta ahora.
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