Este viernes 31 de octubre finaliza la restricción para la publicación de encuestas presidenciales con intención de voto. La medida entró en vigor el pasado mes de julio tras la sanción del presidente Gustavo Petro y fue una iniciativa multipartidista que lideraron las senadoras Angélica Lozano (Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Clara López (Pacto Histórico) con la que se suspendió la publicación de estos sondeos, pero que serán reactivados a partir de noviembre con nuevas reglas de juego.
Según lo estipula el articulado de la ley 2494 de 2025, los procesos de publicación de encuestas se habilitan hasta tres meses antes del inicio de inscripción de candidatos, con ajustes en la toma de muestras. ¿Qué significa esto? Según algunas encuestadoras, previo a la vigencia de esta ley se permitía una serie de sondeos que habitualmente se realizaban a por lo menos 1.500 personas en el territorio nacional. Sin embargo, el número de encuestados ahora se triplicará y debe ser cercano a las 7.000 muestras.
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Además, todo este proceso será regulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en donde las firmas encuestadoras deben estar registradas para avanzar con este tipo de procesos. A ello se suma que el tribunal electoral debe conformar una Comisión Técnica de Vigilancia de Encuestas sobre Opinión Política y Electoral, compuesta por cinco profesionales en estadística con experiencia en muestreo probabilístico, que será la encargada de auditar la calidad de los estudios.
Las firmas que no cumplan con los requisitos establecidos podrán enfrentar sanciones civiles y penales. Asimismo, los medios de comunicación estarán obligados a rectificar en un plazo máximo de tres días si el CNE detecta errores sustanciales en los resultados divulgados.
Todo este panorama también obliga a que en los sondeos sean incluidos la totalidad de aspirantes presidenciales, lo que para las firmas aumenta de forma significativa los costes, reduce la frecuencia de las encuestas y podría reducir la confiabilidad de los estudios.
Esto lo detalló Martín Orozco, gerente de la firma Invamer, quien aseguró en Blu Radio que la ley 2494 “no ha servido para nada. Solamente ha permitido que en las redes sociales circulen encuestas falsas sin ficha técnica; circules sondeos o análisis según casas de apuestas – citando el caso de Polymarket – y el país en general esté en una situación de incertidumbre mayor que teníamos en el pasado”.
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Y es que como ha detallado Orozco, el caso de Polymarket ha sido el de mayor crecimiento en los últimos meses, siendo una casa de apuestas o centro de predicciones que abarca desde el apartado político hasta eventos deportivos, financieros o geopolíticos. Para el caso colombiano, este sitio web posiciona a Aberlardo de la Espriella como el mayor valorado para llegar a la Casa de Nariño en 2026, mientras que posiciona al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro como la bancada con más curules en el Senado. En Cámara ubica al partido Liberal.
Sin embargo, las firmas encuestadoras aseguran que estos resultados arrojados no representan una medición real sobre la opinión ciudadana, así como tampoco son mecanismo que se encuentren regulados en el país - y que tampoco son regulados por la nueva ley – que lo que representa un vacío legal y que puede generar mayor incertidumbre electoral.
Previo a la vigencia de esta normativa, los últimos sondeos incluso contaban a Gustavo Bolívar como un firme aspirante a la Presidencia, recordando que este se bajó de la consulta del Pacto Histórico ante los constantes ruidos jurídicos en la fusión del Pacto Histórico y los problemas dentro de la bancada.
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