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Las manifestaciones realizadas en la tarde de ayer en todo el país, a las que asistieron centenares de personas en varias ciudades para respaldar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), marcan el inicio del segundo semestre del presidente Iván Duque Márquez en el poder. Las marchas, convocadas por los defensores de la implementación del Acuerdo de Paz, son, además, el preámbulo de una agitada agenda legislativa que deberá, como primera tarea, definir si acepta o rechaza las objeciones que el mandatario hizo a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la JEP.
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El Gobierno hace cuentas, pues es consciente de que, aunque tiene unas mayorías, no están garantizadas, mucho menos a juzgar por la decisión que puede tomar el partido Cambio Radical desde su posición de independiente. El asunto es más grave si se tiene en cuenta lo que dice el senador Roy Barreras, del Partido de la U, quien señaló, en entrevista con Blu Radio, que por los lados de Senado hay 11 congresistas de esa colectividad, de los 14 que tiene, que se negarán a aceptar esas objeciones y que solo con tres —José David Name, Juan Felipe Lemos y Maritza Martínez— no ha hablado al respecto. Sin embargo, en una reunión que se realizará en la mañana de hoy, a la que asistirá la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la U definirá su posición.
Por el momento, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, ya definió los integrantes de la subcomisión que estudiará las objeciones del presidente por parte de esa corporación. Ahí están Juanita Goebertus, de la Alianza Verde; Carlos Ardila, del Partido Liberal; Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador; José Daniel López, de Cambio Radical; David Racero, de los Decentes, y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U. Si se hace el ejercicio con ese pequeño grupo de congresistas, de siete, cuatro están de frente en contra de las objeciones: Goebertus, Ardila, Racero y López.
Ahora, si bien esa subcomisión empezará con su trabajo, el presidente de la Cámara también envió hace unos días una consulta a la Corte Constitucional pidiendo claridad sobre la procedencia de tramitar las objeciones. Ya que dicha norma ya había sido revisada por el alto tribunal y a juicio del procurador Fernando Carrillo se trata de lo que en el mundo judicial se denomina “cosa juzgada” . Por los lados del Senado, Ernesto Macías, presidente de esa corporación, anunció que los nombres de quienes integrarán la subcomisión serán conocidos en el transcurso del día.
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De la celeridad con que el Congreso tramite las objeciones presidenciales dependerá la tranquilidad de exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública que se han sometido a la JEP y actualmente tienen beneficios jurídicos como la libertad condicional. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió en defensa de las objeciones presidenciales y se fue en contra de las marchas convocadas, señalando que tenían el trasfondo de poner al Ejecutivo contra la pared. Además, a su juicio, las objeciones se pueden archivar parcialmente por parte del Congreso.
Aun así, en el Capitolio se vive un ambiente de desconcierto sobre el desenlace político que pueda tener este capítulo. Existen dudas jurídicas de cómo deben tramitarse los impedimentos, los efectos que pueda tener una aprobación o un rechazo por partes de las corporaciones, o incluso, lo que pueda pasar si una las aprueba y la otra las niega. Con el agravante de que está en curso el debate alrededor del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que deberá ser aprobado, por ley, antes del 7 de mayo y en el que hasta ahora el Ejecutivo no tiene la fuerza para sacarlo adelante, pues han sido muchas las críticas de todos los partidos que tienen presencia en el Capitolio Nacional, y ya empiezan a surgir protestas ciudadanas, como la que tiene parada la carretera Panamericana, en Cauca.
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Con esta premura de tiempo, el Ejecutivo tendrá que enfrentar un debate de posiciones, donde tal y como le ocurrió al gobierno Santos con el Centro Democrático, la oposición gana con el paso del tiempo; y ninguna sesión parlamentaria es más lenta que las que se dedican a resolver impedimentos. De tal manera que el primer pulso entre defensores del Acuerdo de Paz y la bancada de Gobierno se dará en este campo, y como esta es la primera vez que en el nuevo Congreso se debate esta materia, tendrán que volver a presentar impedimentos y las plenarias a votarlos. El antecedente más cercano es cuando se discutió la ley de procedimiento de la JEP, en junio de 2018.
En esa ocasión se declaró impedido un grueso grupo de congresistas. Los familiares de parapolíticos, por ejemplo, en Senado, tendrían impedimentos para votar las objeciones, y en este grupo están Richard Aguilar, Andrés García Zuccardy, y Juan Samy Merheg. Tampoco podrían participar del debate el senador y expresidente Álvaro Uribe y todos los congresistas repitentes del Centro Democrático que en octubre se declararon impedidos para discutir una norma de la JEP. En idéntica situación quedan los cuatro congresistas de las FARC. Y eso, a vuelo de pájaro, querría decir que se necesitan al menos unas diez votaciones para definir cada impedimento, lo que puede requerir varias sesiones.
Así, pues, los impedimentos definirán el número de votos que se necesitan para configurar la mayoría y todo parece indicar que apretará más las cuentas entre defensores de la JEP y defensores del Gobierno. Un pulso que se dará en un ambiente de absoluta incertidumbre política y profunda polarización que ya está saliendo del ámbito político-electoral para regarse por todas las ramas del poder público, donde el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial se van a ver enfrentados, con fuertes protestas ciudadanas, como telón de fondo de lo que muchos advierten podría implicar un gran “despelote institucional” en el país.