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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá se ha convertido en el ring en el que se está dando un pulso político que toca el futuro de Puerto Antioquia, una megaobra de construcción en el Urabá antioqueño que, cuando entre en operación, servirá para la movilización de 6,6 millones toneladas de carga al año.
La pelea tiene varios protagonistas. El primero de ellos es el actual director (e) de la entidad, Jorge David Tamayo, quien está en la posición desde mayo del año pasado. Además, están Jonnan Cerquera y Elizabeth Ríos, a quienes Tamayo declaró insubsistentes como subdirector ambiental y secretaria general, respectivamente. Finalmente, aparecerían en el mapa el exsenador liberal Julián Bedoya, la representante María Eugenia Lopera (del grupo de Bedoya) e, incluso, la actual ministra de Ambiente, Lena Estrada, quien se posesionó en el cargo el pasado 26 de febrero.
El pulso comenzó por la decisión de Tamayo, el pasado 12 de febrero, de levantar una medida preventiva que él había impuesto en octubre, cuatro meses antes, para la construcción de la interconexión eléctrica de Puerto Bahía Colombia de Urabá, más conocido como Puerto Antioquia, ubicado en el extremo sur del Golfo de Urabá en el municipio de Turbo. Y su desenlace sería el próximo martes, 22 de abril.
El Espectador conoció la convocatoria, con firma de la ministra Estrada, al consejo directivo de Corpourabá en el que el cuarto punto es la designación de un nuevo director encargado. Según confirmaron fuentes, el designado sería Cerquera, el mismo a quien Tamayo declaró insubsistente.
Como se dijo, la batalla comenzó hace ya dos meses, cuando, el 12 de febrero, Tamayo firmó una resolución en el que levantó la medida preventiva para el trazado de las torres 15 y 16 -las dos últimas- de la interconexión eléctrica de Puerto Antioquia, ubicadas en un predio conocido como La Presumida, sobre el que además hay un proceso para definir si se debe restituir a víctimas del conflicto.
Resolución con la que se levantó la medida preventiva.
Según explicó el director encargado a este medio, originalmente había impuesto esa medida por consejo de Cerquera. Cuenta que, cuando recién llegó a la dirección, el entonces subdirector ambiental le dijo que era necesaria y, aduciendo que para el momento “desconocía el tema”, Tamayo aceptó. Sin embargo, en diciembre pasado un concepto de la Procuraduría puso a dudarlo, toda vez que el Ministerio Público aseguró que era “desproporcionada”.
“Pido revisar, porque sería un error. El problema no es porque se tuviera la medida, sino porque se levanta”, explicó. Tras la revisión, firmó la mencionada resolución. Dos días después, el 14 de febrero, fue citado en el Hotel Park 10 de Medellín a una reunión. Cuenta que allí estaban, entre otros, Cerquera, Elizabeth Ríos, Julián Bedoya e, incluso, un inversor del puerto, así como varios abogados. El saludo del exsenador, recuerda Tamayo, fue preguntarle “quién tomó la decisión. Me dijo que soy su enemigo, que me iré preso, como si yo hubiese tomado una decisión equivocada, y ahí me pide que me retracte”.
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Según Tamayo, la reunión empezó a las 5 de la tarde de ese viernes y a las 2 de la mañana del sábado seguía el “cónclave”. La discusión durante esas nueve horas giró en torno a un nuevo auto de Corpourabá en el que se instauraban de nuevo las medidas preventivas. “En un principio no era un cierre provisional, sino una medida que le quitara la licencia ambiental al puerto. Yo observaba en silencio y empezaron a construir y llegaron a la conclusión de que no había motivos para quitar la licencia, pero sí hacer una medida preventiva”.
“A las 2 de la mañana vi que el tema era muy complejo porque me obligarían a firmar un documento donde me comprometería yo. Dije: ‘esto se me viene a mí el mundo entero’ y tomo la decisión de irme a esa hora. Sabía lo que se venía y desde ahí empezó una insistidera para firmar”, agregó. A las 7 de la mañana del lunes 17 de febrero, Cerquera entró a la oficina de Tamayo en Corpourabá con el borrador para la nueva medida preventiva.
Este es el auto que se habría redactado en la reunión en el Hotel Park 10.
En respuesta, ese día, con hora de las 5:21 p.m., Tamayo firmó la insubsistencia de Cerquera, quien entuteló la decisión y a quien un juez le dio la razón, ordenando su reintegro.
Declaración de insubsistencia de Jonaan Cerquera.
Pero la situación no acabó allí. Desde entonces, dice, ha habido presiones para que salga del puesto que, supuestamente, vendrían por influencia del exsenador Bedoya. “13 años trabajé con Julián Bedoya, apoyé a la doctora Lopera, a quien conocí cuando era diputada. Había buenas relaciones hasta que tomé la decisión en derecho de levantar la medida. Me dijeron que me convertí en su enemigo por levantar la medida del puerto. Ellos me quieren sacar de la corporación. Personas de la región me han dicho que esa es la orden. La decisión de cambiar la dirección viene desde arriba”.
Y asevera: “Uno cree que lo han utilizado para ganar favores arriba para que el gobierno presione a que se realicen estos consejos directivos tan rápido. Parece que hubiera un compromiso del Gobierno con Julián (Bedoya) y con María Eugenia (Lopera)”.
La situación ha cobrado relevancia nacional. Recientemente, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) aseguró que Bedoya “está metido en Corpourabá”, explicando el entramado de la discusión que hoy hay en torno a la dirección general de Corpourabá.
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Lopera respondió a El Espectador las preguntas sobre el tema: “En días pasados he escuchado a muchas personas de la región, e incluso al señor presidente, preocupados por la forma en que algunas autoridades de la región vienen transgrediendo normas ambientales y pasando por encima de las comunidades. Siempre vamos a querer el bienestar y el progreso de la región, pero dentro del marco legal y trabajando de la mano de las comunidades. Esto es un tema que debe tratarse siempre desde lo técnico y ajustado a la normatividad y no colocar cortinas de humo con supuestos temas políticos que no existen”.
Mientras tanto, desde el equipo de comunicaciones del exsenador, se remitió una respuesta de Bedoya en la que explicó que “me han querido involucrar en una narrativa de supuestos intereses políticos para desviar la atención de la opinión pública sobre un tema que es netamente jurídico y técnico, como lo es el cumplimiento de requisitos de unas licencias ambientales”.
Y afirmó, además, que “las posturas públicas de la ANLA que se refieren al proyecto Puerto Antioquia me llevaron a reunirme en un lugar público con muchas personas, entre ellas, el señor Jorge David Tamayo; en este encuentro le ratifique que yo no tenía nada que ver con los temas de Puerto Antioquia, pero que si me enteraba de que él estaba utilizando mi nombre para cualquier tipo de presión o favorecimiento yo mismo lo denunciaba”.
También este medio conoció un derecho de petición que envió Bedoya a Puerto Antioquia en el que se aclara que él no ha tenido influencia en el proyecto. “El señor Julián Bedoya Pulgarín no registra como contratista, ni proveedor en nuestra Compañía, ni registra vínculo alguno con Puerto Bahía Colombia de Urabá (PBCU), por lo que, no ha recibido instrucciones, sugerencias o recomendaciones por parte de ningún miembro de nuestra Compañía. PBCU es ajena a cualquier manifestación realizada por terceros y no tiene ninguna responsabilidad en las declaraciones, ni debates polí ticos que en el desarrollo del Proyecto se presenten”.
Respuesta de Puerto Antioquia al derecho de petición de Julián Bedoya.
También cuenta que alguien que se identificó como procurador delegado para asuntos ambientales lo citó en Bogotá. Sin embargo, que se trataría de una suplantación y que no asistió.
Además, que los consejeros de Corpourabá han recibido llamadas desde dos despachos del Gobierno: el Ministerio del Interior y el de Ambiente. Sobre el primero, aseguró que las llamadas ocurrieron cuando Gustavo García era ministro encargado y que personas de la entidad realizaron una cita en Bogotá, aunque dijo no saber si el exministro encargado estuvo allí. Al ser consultado, García dijo a El Espectador que “no recuerdo haber hablado con nadie del Consejo de Corpourabá”.
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En cuanto a la ministra Estrada, Tamayo asegura que ha buscado dialogar con ella, sin éxito. Y que ha citado directamente a dos consejos administrativos extraordinarios con el objetivo de nombrar a un nuevo director. El primero se convocó para este martes, pero solo llegaron los tres delegados del Gobierno Nacional. El segundo es el que se realizará el próximo martes. El Espectador buscó sin éxito a la ministra, quien llegó a la cartera el 26 de febrero tras la renuncia de Susana Muhamad, el 10 de febrero.
Citación al consejo directivo de Corpourabá el próximo 22 de abril.
El desenlace de este pulso político, con tintes locales y nacionales, se resolvería el próximo martes. En el trasfondo está una obra de desarrollo del que incluso el presidente Gustavo Petro ha hablado.
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Por Leonardo Botero Fernández
