El pasado martes 21 de junio, la bancada del Pacto Histórico radicó junto al gobierno saliente de Gustavo Petro un paquete de proyectos de ley con los que busca continuar las promesas de su administración, aunque esta vez desde la oposición.
El primero de ellos fue la nueva reforma tributaria planteada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que busca recaudar COP 21,9 billones en 2027. Entre las medidas estaría aumentar el IVA a los combustibles del 5 % al 10 % en 2027 y al 19 % en 2028; volver permanente el IVA a los juegos de azar; cobrar IVA a compras virtuales que actualmente están exentas y aumentar los impuestos a licores y cigarrillos.
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“Proponemos una reforma tributaria progresiva. La idea es que los que tienen más y los que ganan más aporten más, y los que tienen menos y ganan menos aporten menos. La idea es recaudar COP 21,9 billones en 2027, COP 32,7 billones en 2028, COP 34,9 billones en 2029 y COP 37 billones en 2030”, dijo Carlos Emilio Betancourt, director de la DIAN.
También radicaron el Estatuto del Trabajo; la iniciativa propone principios superiores para las relaciones laborales, incorpora el concepto de salario vital, regula la IA en decisiones laborales y endurece el control a la tercerización ilegal.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, también radicó junto con la bancada la reforma a la educación superior que la declara como derecho. “No es una reforma más, es blindar como ley y profundizar lo que el gobierno de Gustavo Petro logró como derecho para miles de jóvenes en sus territorios”, precisó Rojas.
Entre ellos también está la resurrección del marco para la Jurisdicción Agraria; una Ley contra el fracking; una nueva reforma a la salud; el hacer permanente el salario vital; una regulación para la Inteligencia Artificial y una ley para la gestión comunitaria del agua.
“Que quede claro que este proyecto del Pacto Histórico no va a renunciar a sus compromisos programáticos, por eso hoy hemos radicado unos proyectos que van a colocar en el debate para conocer las posturas del nuevo gobierno frente a los derechos adquiridos”, señaló el representante Gabriel Becerra.
Además de la Ley de Competencias, que busca desarrollar el acto legislativo que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), que incrementa progresivamente los recursos para los territorios hasta llegar al 39,5 %, dirigidos a departamentos y municipios, con el fin de que haya mayor inversión en educación, salud y agua potable. A pesar de que la reforma al SGP fue aprobada en 2024, aún no cuenta con un marco regulatorio sobre como serán los cambios en las funciones de las entidades.
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