6 Sep 2021 - 8:32 p. m.

Karen Abudinen a la RAE: ‘Mi apellido no puede ser utilizado para degradarlo’

La ministra TIC dijo ser víctima de matoneo digital y pidió explicaciones a la Real Academia, instándola a desmentir que su apellido sea un sinónimo de ‘robar’ o ‘estafar’.

La ministra de las TIC, Karen Abudinen –en el ojo del huracán por el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados– se refirió este lunes a la controversia alrededor de un tuit de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) que, ante la consulta de un usuario, determinó que las expresiones «abudinar» y «abudinear» son verbos “usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’”.

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Ante ello, la funcionario dijo ser víctima de un “matoneo digital” y, al advertir que la polémica por el caso Centros Poblados “está llegando a límites inconcebibles”, pidió a la RAE “que se pronuncie públicamente y desmienta lo que en redes y en algunos medios colombianos se afirma. Mi apellido y el de ningún ser humano puede ser utilizado para degradarlo, eso es un crimen”.

La ministra, que una vez más defendió su gestión alrededor del contrato, cuestionó a los internautas por el daño a los miembros de su familia, entre ellos, menores de edad: “¿Son las redes sociales las que sentencian en Colombia? ¿Este es el resultado de actuar en contra de los corruptos?”, preguntó en Twitter.

La controversia se desató luego de que un usuario en Twitter consultó a la RAE sobre la existencia del verbo «abudinar», preguntando qué significa y en qué contexto se puede usar.

Ante ello, la RAE contestó que documentó las formas «abudinar» y «abudinear» “en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de ‘robar, estafar’”.

Abudinen está en medio de la controversia por el anticipo de $70.243 millones que le hizo a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla, como parte de un contrato por $1,07 billones. El acuerdo se firmó con el fin de llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país, pero el dinero entregado al conglomerado terminó en un paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos).

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En todo el enredo jurídico, el Ministerio decidió declarar la caducidad del contrato, decisión que fue suspendida temporalmente por orden de un Juez de Puerto Colombia (Atlántico), el cual decidió revisar la tutela interpuesta por Centro Poblados. En la petición, el conglomerado asegura que actuó de buena fe y tiene cómo probar que nada tiene que ver con la supuesta emisión de pólizas falsas, ni en ninguna de las irregularidades que ha denunciado la cartera dirigida por Abudinen.

Mientras que la revisión de la tutela avanza en el Juzgado de Puerto Colombia, entidades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría han adelantado investigaciones y procesos disciplinarios en el caso. Por todo esto, la ministra tuvo que dar explicaciones en la Cámara de Representantes el pasado viernes 3 de septiembre, en una moción de censura para retirarla del cargo.

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