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Hubo que esperar dos siglos, hasta la Constitución de 1991, para que se reconociera el derecho a ejercer la oposición política. Luego, se necesitaron 27 años y un Acuerdo de Paz con las Farc para que ese derecho se reglamentara en el ordenamiento jurídico. Pero solo han bastado diez meses para que ese Estatuto de Oposición, sancionado el 8 julio de 2018, dicen analistas y quienes se encuentran en la orilla contraria al actual gobierno, se desnaturalizara, violara y utilizara en favor del oficialismo.
La evidencia es que desde que se inició la aplicación de dicha ley han sido más las veces que se han negado sus derechos que las que se han cumplido. No se permitió, por ejemplo, el derecho a réplica cuando el presidente Iván Duque se refirió a las marchas estudiantiles, en noviembre del año pasado. Ese día, el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, invocó el artículo 15 del Estatuto, pero las mayorías gubernamentales en el Consejo Nacional Electoral lo negaron. Sólo hasta que el presidente Duque objetó, en alocución presidencial, la ley estatutaria de la JEP, se otorgó por primera vez el derecho a réplica.
Luego, en el debate del martes de esta semana en el Senado, se evidenció la trasgresión de la naturaleza del Estatuto. Ante la negativa del presidente del Congreso, Ernesto Macías, de establecer en el orden del día el debate a las objeciones, la oposición invocó el artículo 19 de la Ley, que introduce la potestad para que la oposición establezca, tres veces cada año, el orden del día de la plenaria. Sin embargo, fiel al “santanderismo” político, Macías sostuvo que como la Ley no es clara de cómo ni cuándo puede hacerse efectivo ese derecho, él, como presidente de la corporación, define la fecha en que podrán hacer uso de dicha disposición. Y no es la primer vez que ocurre: tampoco lo permitió en el debate de control político por el escándalo de Odebrecht.
Para completar este panorama, el Consejo de Estado le quitó la curul que el mismo Estatuto le otorgó a Ángela María Robledo en la Cámara, tras haber obtenido la segunda votación en las elecciones presidenciales. Aprovechando un vacío jurídico, los abogados —demantantes y magistrados— definieron que Robledo había incurrido en doble militancia. Un argumento que al menos resulta extraño si se tiene en cuenta que ella renunció a la Alianza Verde y se inscribió como candidata la Vicepresidencia, en fórmula con Gustavo Petro, y regresó a la Cámara producto del Estatuto de Oposición y no de su aspiración a esta corporación.
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El senador Iván Cepeda, del Polo, advierte que si bien el Estatuto ha significado un cambio importante para el sistema político, no cabe duda de que está siendo mal interpretado con el fin de evitar que se hagan efectivas sus disposiciones. “Hay que decir que en la ejecución de las medidas del Estatuto, por lo menos en el Congreso, hemos tenido serias dificultades. Como se sabe, la oposición hizo uso del derecho que tiene, según el artículo 19 a fijar el orden del día de una de las sesiones y que fue el debate sobre Odebretch. En esa oportunidad, el presidente del Senado no permitió que el debate concluyera de una manera satisfactoria. Independientemente de esos asuntos, lo que nos preocupa hoy es ver que hay distintos tipos de estrategias para excluir a figuras políticas de la oposición de la esfera pública y del ejercicio de la política, y eso utilizando distintos tipos de estratagemas de carácter jurídico”, señaló.
En este mismo sentido, el también senador del Polo, Jorge Robledo, sostuvo que hay un propósito de la Casa de Nariño para evitar la aplicación de los derechos del Estatuto. Por ejemplo, aseguró, no le permitieron concluir el debate contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, en el marco del escándalo de Odebrecht. “Estoy seguro de que si a los colombianos les hubieran permitido escuchar la réplica que les íbamos a hacer ese día, Martínez se cae del cargo”, expresó. “Ahora que volvimos a plantear utilizar ese derecho, cuando el presidente del Senado impone la fecha que se le da la gana, eso es una violación flagrante del Estatuto, porque este solo tiene sentido cuando uno puede fijar la fecha del orden del día. No solo fijar el orden del día sino la fecha, y aquí quedó abierta la posibilidad de que si al presidente se le antoja puede conceder entonces ese derecho dentro de un mes. Y eso así carece de sentido”, agregó.
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“La otra cosa es que el día en que Duque salió a los medios a hacer su valoración sobre la minga indígena, lo hizo recurriendo a la astucia de presentar las cosas como si no fuera una intervención formal del presidente, de forma tal que nos negaron el derecho a la réplica. Podrían inventarse un truco para que nunca podamos utilizar ese derecho y que ellos se inventen mecanismos para atropellar nuestro derecho. Es una actitud de ‘matoneo’ desde la Casa de Nariño. Eso no es de Macías, desde allá está la orden de ser hostiles a la oposición. Unas cuantas personas actúan de una manera que es inaceptable y eso lo vuelven un discurso contra la oposición. Hay un talante muy poco democrático desde la Presidencia”, concluyó Robledo.
Desde la Lista de la Decencia, la representante María José Pizarro también advierte que la decisión del Consejo de Estado contra Ángela María Robledo es una clara muestra de la intención de desnaturalizar el derecho de ser opositor. “La violación más grande es que nos quitan una curul que no podrá ser reemplazada. Ahí hay un desequilibro en la justicia que no comprendemos. Prevalecieron más los derechos personales que los colectivos de toda la oposición. No fue tenido en cuenta esa disposición jurídica a la hora de emitir el fallo”.
Una sensación similar tiene la senadora Ángelica Lozano, de la Alianza Verde: “El país político tradicional no acepta, no se resigna a que hay un Estatuto de Oposición y a que hay que observarlo, cumplirlo, darle vida. A cada acción con la que hemos querido utilizarlo le cortan las alas. Estrenamos el Estatuto convocando a debate sobre Odebrecht al fiscal. ¿Qué pasó? Levantaron la sesión, no nos dejaron terminarlo. Siempre los citantes podemos cerrar con las conclusiones después de que habla el citado. Así fue el valioso estreno del Estatuto: violándolo. Aquí hay una aplicación del derecho según el marrano. Y qué casualidad que esa interpretación sistemática siempre es contra la oposición y en favor de los poderosos de siempre.”, concluyó.
Por Alfredo Molano Jimeno
