“La Inteligencia es para proteger los derechos humanos, no para violarlos”: eurodiputados a Duque

“En nuestra opinión, estas actividades afectan el orden constitucional y democrático en el país, sobre todo en un contexto de militarización en las regiones, en medio de la pandemia", manifestaron los eurodiputados sobre las decisiones del Gobierno.

28 diputados del parlamento europeo se pronunciaron sobre asuntos de defensa, seguridad y paz de Colombia. Mediante una carta enviada al presidente Iván Duque, los servidores públicos extranjeros manifestaron que unían sus voces a la de personalidades y líderes políticos nacionales para expresar sus serias preocupaciones sobre los apartes de prensa que revelan el presunto espionaje ilegal y perfilamientos fraguados desde las oficinas de las Fuerzas Militares en contra de, por lo menos, 130 personas entre periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre otros.

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De igual forma, comunicaron la intranquilidad que les genera los mensajes de organizaciones de derechos humanos y la Comisión de Paz reportando la existencia de más bases de datos recogida por medio de inteligencia militar de forma ilegal. “Estamos realmente preocupados por lo que estos hechos revelan sobre la política de defensa y las doctrinas militares al interior de las fuerzas armadas de Colombia, especialmente cuando se lee ese contexto en conjunto con eventos ocurridos en 2019, que dan cuenta de directrices militares que darían lugar a ejecuciones extrajudiciales”, se lee en la misiva.

Así mismo, los firmantes añaden: “En nuestra opinión, estas actividades afectan el orden constitucional y democrático en el país, sobre todo en un contexto de militarización en las regiones, en medio de la pandemia. Por ello, hacemos eco de la declaración la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha resaltado que la inteligencia debe utilizarse para proteger los derechos humanos y no para violarlos”, dice el mensaje enviado desde desde el parlamento europeo.

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En la carta, los diputados hicieron hincapié en el riesgo al que están expuestos los defensores de derechos humanos, exguerrilleros acogidos al Acuerdo de Paz y población en general en regiones donde la violencia hace parte del día a día. “Entre enero y marzo de 2020 han sido asesinados 62 defensores de paz, cuyo riesgo y el de sus familias aumenta durante la cuarentena. Si bien la medida es necesaria, implica también que los defensores sean localizados con más facilidad por parte de sus atacantes. Hemos recibido reportes de de ataques e incluso de dos masacres en el Cauca”, escribieron.

Sin tapujos, puntualizaron en la acción del Estado para protegerlos, y específicamente en recientes declaraciones hechas por la ministra del Interior, Alicia Arango, sobre sus muertes: “Hay reportes de organizaciones sobre la insuficiente respuesta del Estado [sobre este fenómeno]. Y consideramos las declaraciones de la ministra, en las que comparó el asesinato de defensores de derechos humanos con el robo de celulares es lanzar aspersiones sobre las intenciones del Gobierno de hacer cualquier cosa para prevenir dichos asesinatos”.

Los firmantes enunciaron que entienden la situación de violencia que enfrentan comunidades el Córdoba, el Bajo Cauca, Cauca, la costa Pacífica, que hace que sus poblaciones no solo tengan que lidiar con los efectos derivados del COVID-19, sino también con los estragos masacres, muertes selectivas, abusos sexuales, muertes extrajudiciales, entre otros. Bajo ese contexto y por necesidad de construir la paz, le dan la bienvenida a las intenciones del Ejército de Liberación Nacional (Eln), de hacer un cesar el fuego como un paso para desescalar esa violencia.

“Consideramos necesario que se tomen medidas adicionales para detener la violencia. En particular, consideramos que las establecidas en el Acuerdo de Paz se deben implementar para desmantelar las organizaciones paramilitares y proteger a los campesinos, indígenas y comunidades afro, como también defensores de derechos humanos, líderes sociales, y excombatientes de las Farc (que suman más de 190 muertos desde la firma del Acuerdo”, dijeron.

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La postura de los eurodiputados es clara: “La implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad para la relación entre la Unión Europea y Colombia. Por eso, nos llamó la atención y nos generó sorpresa que gobernadores y alcaldes actuales pidieran que los recursos del Acuerdo fueran reorientados para combatir la pandemia del COVID-19. En el parlamento europeo estamos preocupados que los fondos de la paz estén siendo usados para otros fines”, expresaron. Finalmente, dejaron constancia de que escriben esta carta como un acto de solidaridad con el pueblo colombiano y que esperan respuestas por parte del presidente Duque y sus funcionarios.