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El dinero en la política
Se atribuye a Mark Hanna la frase: “Hay dos cosas importantes en política. La primera es el dinero, la segunda no me acuerdo”, y como viene haciéndose costumbre en las campañas electorales en Colombia, la financiación de estas vuelve a ser objeto de investigaciones por parte de los órganos autónomos y de control nacionales y del debate público.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una nueva controversia debido a la investigación por la supuesta violación de topes de gastos de la campaña presidencial del mandatario Gustavo Petro. Aunque el debate jurídico se centra en si este organismo tiene o no competencia para investigar a un presidente en funciones, dado que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es el órgano encargado de presentar la acusación a los jefes de Estado para que el Senado juzgue, el asunto de fondo que queremos plantear va más allá.
Esta discusión se puede abordar desde tres perspectivas clave: primero, el origen político del CNE, cuya composición política que hace que parte de sus decisiones sean cuestionadas; segundo, la no aprobación de reformas políticas que buscaban atacar este problema y que el actual gobierno desestimó; y, en tercer lugar, las brechas de la financiación de campañas electorales en el país.
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1. La debilidad de origen del CNE: composición política y cuestionamientos
Uno de los principales problemas del CNE radica en su composición, que está ligada a la representación política en el Congreso. Los y las magistrados/as de este organismo no son elegidos bajo criterios de idoneidad jurídica o técnica, son representantes de los partidos o coaliciones mayoritarios en el congreso, y se busca que la composición de las magistraturas del CNE corresponda proporcionalmente a la representación política en el congreso, y se eligen por el sistema de cifra repartidora, lo que significa que los partidos mayoritarios también tienen influencia en el CNE.
Este origen político provoca constantes críticas acerca de la parcialidad del organismo, ya que sus decisiones son percibidas como inclinadas hacia los intereses del partido o coalición que ostenta la mayoría en el legislativo. Este origen político del CNE puede reflejar en la forma en que sus resoluciones administrativas son vistas por la opinión pública y sus decisiones podrían ser interpretadas como poco objetivas o soportadas en derecho y sí más en intereses políticos.
2. Propuestas de reforma: una oportunidad perdida
En varias ocasiones se ha propuesto reformar el CNE para eliminar su sesgo político. Una de las principales iniciativas surgió de la Misión Electoral Especial (MEE), creada tras los acuerdos de paz de La Habana. La MEE planteó rediseñar su estructura institucional para evitar el desequilibrio de poder en manos de la Registraduría y garantizar la imparcialidad del CNE. También propuso reformar la Sección Quinta del Consejo de Estado, que resuelve los litigios electorales, y asegurar un sistema de control más efectivo sobre sus decisiones. No obstante, estas propuestas no lograron el apoyo suficiente en el Congreso.
A pesar de las recomendaciones de la MEE y de las propuestas impulsadas por figuras como el senador Humberto de la Calle y el Partido Verde al comienzo de la primera legislatura en 2018, el gobierno de Petro no dio prioridad a estas reformas. En lugar de impulsar una reforma estructural, apoyó una actualización del código electoral impulsada por el anterior registrador, que incluye algunos elementos importantes, pero no aborda de manera directa los problemas estructurales del CNE. Esta falta de atención a la reforma política central constituye en un error estratégico del gobierno, ya que ha dejado intacto el sistema que ahora cuestiona su propia campaña.
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3. Impacto político: una coalición debilitada
Finalmente, no se logró ninguna reforma política que subsanara la inclinación política del CNE, en ese caso, si el gobierno tuviera mayorías consolidadas en el congreso podría tener el CNE a su favor; esto habría sido posible en la primera etapa del gobierno cuando logró conformar una coalición mayoritaria en el Congreso, compuesta por las fuerzas políticas de centro izquierda que acompañaron al presidente y las fuerzas tradicionales como el partido Liberal, el Conservador y el Partido de la U, lo que le permitió avanzar en varias de sus iniciativas legislativas. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo sobre reformas clave (por ejemplo, la reforma a la salud) se produjo una fractura en esa coalición. Estos partidos, que inicialmente respaldaron al gobierno, se distanciaron, debilitando el apoyo de Petro tanto en el Congreso como en el CNE.
La ruptura de la coalición ha dejado al gobierno en una posición vulnerable frente a las investigaciones del CNE. Al perder el respaldo de los partidos con mayor representación en el Congreso, la influencia del gobierno en este organismo se ha reducido, lo que ha permitido que las investigaciones por supuestas irregularidades en la campaña presidencial avancen, contrario a lo que ocurrió con gobiernos anteriores como el de Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes también enfrentaron investigaciones similares, pero lograron sortearlas gracias a una coalición política menos débil que la del gobierno actual.
El CNE ha investigado a anteriores presidentes por violaciones similares, como ocurrió en los casos de Santos y Duque, quienes fueron investigados por presuntos aportes ilegales de la empresa Odebrecht a sus campañas. Sin embargo, ambos mandatarios contaban con el respaldo de una coalición política estable, lo que les permitió influir en el CNE y evitar consecuencias legales graves sobre los mandatarios. En el caso de Petro, la situación es distinta, su coalición se ha debilitado significativamente y su capacidad de maniobra frente al CNE es más limitada. Esto deja al presidente en una posición de mayor riesgo frente a la investigación actual.
Las brechas en las normas de financiación de campañas
En la normatividad sobre los topes de gastos se presentan dos debilidades o zonas grises:
- La posibilidad que los partidos realicen gastos para promover la imagen institucional del partido durante las consultas primarias para la selección de candidatos a la presidencia. Esta norma permite que los gastos “institucionales” al final terminen siendo utilizados para promover desde 6 meses antes de la campaña candidaturas específicas. De hecho, este argumento es uno de los que señala el presidente en su defensa, y es que los gastos que le imputan fueron realizados mucho antes de los 3 meses del período de campaña legal formal.
- El reporte de los gastos, pues si bien la normatividad es clara en señalar la obligación de reportar estos estipendios en el dispositivo de Cuentas Claras y señalar unas fechas límites para la presentación de un informe final de las cuentas (en los cuáles debe coincidir la documentación física con lo cargado en el dispositivo virtual de Cuentas Claras), nada se señala sobre el reporte en tiempo real o en períodos de tiempos más corto, lo que promovería mayor transparencia y le reduciría las posibilidades a las campañas para seleccionar los gastos a presentar sin excederse de los topes.
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Estos dos aspectos son fundamentales que sean revisados en futuras reformas político - electorales.
Necesidad de una reforma profunda al CNE
Las dificultades del diseño institucional del CNE de ninguna manera excusan a ninguna campaña de superar los topes, menos la campaña del actual gobierno, sin embargo, esta investigación al presidente Petro, permite subrayar la necesidad de una reforma profunda al CNE. Mientras este organismo siga siendo percibido como un ente político, sus decisiones continuarán siendo cuestionadas como parte de una lucha por el poder, en lugar de un ejercicio de justicia electoral.
La reforma estructural propuesta por la MEE ofrecía una solución a estos problemas, pero la falta de voluntad política para implementarla ha perpetuado la desconfianza en el sistema electoral colombiano. Sin una reforma, el CNE seguirá siendo visto como un espacio de conflicto político.
El caso de Petro
El caso de la investigación a Gustavo Petro por violación de topes de campaña es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo: la politización del CNE y la falta de una reforma electoral significativa.
La composición política del organismo, derivada de su relación con el Congreso, ha desvirtuado su accionar, mientras que la desestimación de reformas clave por parte del gobierno ha debilitado su posición frente a este tipo de investigaciones. Sin una reestructuración, el CNE seguirá operando bajo la sombra de la sospecha y la parcialidad. Adicional a ello, precisar algunos aspectos relacionados con los topes y el reporte de gastos podrían conducir a reducir las posibilidades de hacerle trampa al sistema.
*Doctor en Investigación en Ciencias Sociales FLACSO-México, investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y docente e investigador de la UNAD-Colombia @acuna_fabian
**Estudiante de Doctorado en Derecho. Magister en Ciencia Política. Politólogo y abogado. Docente e investigador de la UNAD-Colombia. @rvluis1
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Por Fabián Alejandro Acuña Villarraga* | Luis Alfredo Rodríguez Valero**
