“La respuesta del Gobierno al COVID es ‘sálvese quien pueda’”: Iván Marulanda

El senador Iván Marulanda es el principal impulsor de la propuesta de renta básica de emergencia.

A través del Decreto legislativo 518 de 2020, el Gobierno le dio inicio al programa Ingreso Solidario, que entrega un subsidio de $160.000 a familias necesitadas durante la pandemia del COVID-19 y que no son beneficiarias de iniciativas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción. Sin embargo, algunos congresistas han considerado que esta suma no alcanza a cubrir lo mínimo que necesitan los hogares colombianos durante la contingencia.

Por eso Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y otros 53 senadores han liderado la propuesta de que el Gobierno adopte la entrega de una “renta básica de emergencia” para así atender a más de 30 millones de colombianos que se han visto afectados por la crisis económica. Implicaría un salario mínimo a más de nueve millones de hogares por tres meses, para así traer un alivio económico y evitar que la gente salga a las calles para aumentar el riesgo de contagio. A pesar de estos argumentos, el Ejecutivo se niega a aplicarlo y ahora, desde el Legislativo, se busca que la renta básica sea una realidad. Marulanda habló de esta iniciativa que promete ser de las más movidas cuando el Congreso retome labores el 20 de julio.

¿Por qué es necesaria la renta básica en este momento?

En los temas de la supervivencia de la población, la vida digna y el hambre pasan a ser prioridad del Estado. Se tienen que volcar todos sus recursos y capacidad de endeudamiento para atender las necesidades básicas de la población. El Estado está organizado bajo el principio de la solidaridad y el derecho a la vida digna. El momento en que la población está sometida a un ataque tan grande como este, tiene que decirle a la gente: “Enciérrese para proteger la vida”, pero también que parte de esa protección es alimentarse. Y como hay hogares que no tienen ahorros o ingresos, pues el Estado tiene que entregarle ese sustento.

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Se habla de beneficiar a nueve millones de hogares por un período de 3 a 5 meses, ¿qué costo tendría? ¿De dónde saldría el dinero?

Eso es un tema de capacidad de gestión. Este programa vale $24 billones. Ya hay $4 billones que están en el programa de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Ingreso Solidario y otros. Esos dineros entrarían de una a la bolsa de la renta básica de emergencia. El otro faltante, $20 billones, se puede sacar por distintos caminos. Uno de ellos es que hay gastos presupuestados en el ingreso general de la nación y que no se están ejecutando por la pandemia. Esos rubros se pueden pasar al programa y se alcanzarían a recolectar cerca de $7 billones. También hay gastos que no son prioritarios, que se pueden aplazar, porque lo importante es que la población no sufra hambre. Hay gastos inútiles actualmente, como pagar $3 mil millones para asesorar la imagen del presidente y $23 mil millones para comprar camionetas blindadas. Ese tipo de gasto hay que cortarlos para llevarlos a este programa.

El Gobierno también tiene en el servicio de la deuda más de $50 billones, lo que decimos es que saque la mitad y lo aplique al programa. Ese hueco lo puede solventar con créditos frescos y bonos de deuda soberana. Asimismo, están entrando préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras instituciones de banca multilateral que pueden ser dirigidos al programa. Y si todo esto no se puede, la Constitución contempla que se emitan préstamos de emisión desde el Banco de la República en caso de suma urgencia. Y creo que no hay mayor urgencia en la historia del país que lo que está viviendo el país. El verdadero problema es la voluntad política. Si no quieren atender un problema pues no hay fórmula que les sirva.

¿Hay algún antecedente internacional de este programa que sea exitoso?

Esto es lo que están haciendo en varios países del mundo. Todos están emitiendo dinero para programas asistenciales. El Banco Central Europeo está en un debate para hacer una emisión primaria de euros por 750 mil millones para repartirle a la gente. No solo es para que tenga con qué vivir dignamente, sino para que la economía no se muera y haya demanda. También se está entregando este dinero para que la gente no se desespere y vaya a buscar ingresos a la calle en una forma irresponsable y se contagie, que es lo que está pasando acá.

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Habla de falta de voluntad política, a pesar de que un primer momento el Gobierno estuvo receptivo a su propuesta, ¿cuál fue el cambio para que descartaran su planteamiento?

Francamente, no sé. Estuvimos dialogando dos semanas, construyendo sobre esta idea y el ministro de Hacienda siempre manifestaba que la propuesta era muy interesante y muy bien fundamentada. Pero en cierto momento salió a dar unas declaraciones en las que dijo que no la consideraba para esta oportunidad y que había que realizarla en otro momento de la vida colombiana. Resulta que esta idea es para atender la situación actual de hambre, que no da espera. ¿Después para qué?No tengo la menor idea de por qué el Gobierno descartó esta posibilidad, habría que preguntarle.

¿Cómo se puede comprender ese “luego” expresado por el Gobierno?

No hay forma. Si uno mira las manifestaciones que vienen de la gente más importante en políticas públicas, como la directora del Fondo Monetario Internacional, no escuchara tan seguido lo que están diciendo actualmente. Ellos están diciendo a los jefes de Estado que gasten y no dejen morir a la gente ni a la economía. Eso sí, dicen que guarden los recibos; o sea, fíjense en qué gastan para que no haya corrupción. Si uno lee, hasta a los economistas más ortodoxos están diciendo que este es el momento de endeudarse y copar la capacidad de endeudamiento para no dejar morir la economía y que la sociedad no sufra hambre. En cambio este Gobierno está respondiendo a la emergencia con esta frase: “Sálvese quien pueda”. El Estado ha dicho que no se moverá, no gastará y no se endeudará.

Acá solo le estamos pidiendo el 2,9 % del PIB y ya el Centro de Estudios Fiscales de la Pontificia Universidad Javeriana ha dicho que hay $20 billones en bancos que no se han utilizado. Además, aquí estamos pidiendo menos del 3 % del PIB, cuando Perú ha destinado el 12 %, Chile el 8,5 % y ni hablar de los países industrializados, que han usado más del 30 %. La deuda de los países del mundo está volando porque son países responsables, que no quieren que sus ciudadanos sufran hambre.

Entonces, ¿cómo califica el papel que ha cumplido el Gobierno para atender la crisis en materia de recursos?

Si uno hace un balance de la actitud y la voluntad política del Gobierno, se puede considerar como una absoluta negligencia frente a las necesidades del pueblo.

Usted dice que es negligencia, pero ellos pueden responder que ya existen programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción e Ingreso Solidario...

El programa de Ingreso Solidario le entrega a cada hogar $160 mil de forma mensual y, según el DANE, estos están conformados en promedio por 3,3 personas. Si se mira en promedio cuánto le toca a cada persona al mes, uno encuentra que son $1.600 por día. ¿Quién vive así? Nadie. El programa de Familias en Acción entrega $145 mil, mucho menos que el de Ingreso Solidario. Ahora, el programa de Ingreso Solidario está atendiendo entre 2′500.000 y 2′800.000 hogares y Familias en Acción, 2′500.000. Mientras que nosotros hemos hecho el estudio de cuántos hogares hay hoy en condiciones de pobreza y vemos que son 9′000.000. Lo que estamos diciendo es que no puede ser $160.000 por hogar porque es una miseria. Tienen que entregarse $877 mil por hogar. Ese monto da un ingreso de $266 mil por persona al mes, que está por encima de la línea de pobreza monetaria para que puedan tener una vida digna.

Además, los programas del Gobierno son limosna y contaminados con el clientelismo político. Las listas de Familias en Acción son hechas por los políticos para mantener las clientelas políticas. En esos listados hay de todo: corrupción, cédulas de muertos, personas que no existen, personas que no necesitan de esos ingresos. Estamos hablando de un desorden y una precariedad de los programas, tanto en el volumen como en lo que está entregando cada hogar. Por eso nosotros hablamos de un salario mínimo por tres meses, para reactivar la economía y, sobre todo, ayudar a los colombianos que no están trabajando y no tienen ahorros. Son 30 millones de colombianos en condición de precariedad, que estarían siendo beneficiados para vivir dignamente.

Usted habla de corrupción en las listas de las ayudas actuales, ¿cómo hacer para que la renta básica sí sea entregada al que es sí tiene que ser distribuida con esas mismas listas?

Hay que hacer un trabajo enorme y urgente para depurar las listas y completarlas. Es un trabajo que debe hacer esta burocracia. Es el trabajo más importante que tiene que hacer Planeación Nacional (DNP) y el Dane. El problema más grande que tiene actualmente el país son los pobres y es la población que no tiene con qué comer. Las listas que hay que depurar son las del Sisben, las de las encuestas de hogar, las de bases del Dane y del DNP, la de víctimas, del Instituto de Bienestar Familiar y las de impuestos. Además, hay un sistema que se está utilizando en Europa con mucho éxito en esta emergencia y es que los hogares que necesitan las ayudas se inscriban. Solo tendría que verificarse la información y se haría de forma ágil.

¿Y qué pasó en el Senado, que ni siquiera el proyecto fue a primer debate, a pesar de que decían que tenían un apoyo importante?

Hay una circunstancia muy particular en la Comisión Tercera del Senado y es que su presidente es de la bancada del Gobierno. Entonces, nombró de ponentes a ocho senadores, uno por partido, y escogió a los que están en contra. Hubo cuatro ponencias a favor del proyecto y cuatro pidiendo modificaciones. Nos fuimos a una conciliación a buscar un acuerdo, estábamos discutiendo alrededor de las fórmulas para el acuerdo, el sábado 20 de junio, reunidos desde las 7:00 a.m., y comenzaron a llamar a lista en la Plenaria a eso de las 9:00. Y nos habían dicho que ese llamado iba a ser a las 10:00 a.m.

De acuerdo con la Ley Quinta, cuando empieza el llamado a lista en la Plenaria, las tareas de las comisiones se tienen que suspender inmediatamente. Cualquier cosa que se haga a partir de ese momento es ilegal. Se suspendieron las conversaciones en ese punto y ese día se clausuraron las sesiones del Congreso, o sea, no pudimos terminar. Luego hicimos una reunión informal, la semana pasada, para tratar de seguir construyendo un consenso y presentarlo el 20 de julio. Estuvimos reunidos, los mismos de la Comisión que estuvimos anteriormente. Los miembros de la bancada del Gobierno quedaron en convocar al ministro de Hacienda y del director de Planeación, para una nueva reunión.

¿Qué posición tiene el Centro Democrático, que es el partido de gobierno?

Ellos tienen una posición un poco diferente al Gobierno, por lo siguiente: son senadores que están viviendo en el seno de sus comunidades, están viendo la realidad de lo que está pasando y están sintiendo la presión de las poblaciones. Además, tienen la presión de sus propios electores. Hay una cosa interesante: la mayoría de ellos son de la Costa Caribe y de Barranquilla, y por supuesto están desesperados por lo que está pasando allá.

Los tienen muy presionados sus propios electores por lo que está viviendo y les están diciendo que por qué no apoyan la renta básica. Esto es una necesidad urgente. Tienen esa presión y tienen también la presión del Gobierno. Entonces se mueven en esa cuerda floja que no les permite tomar una decisión, no les permite ser determinantes. Están dudando y buscando puntos medios que atenúen la posición radical del Gobierno o la nuestra de los 50 y tantos senadores que presentamos esta propuesta. En esa intermediación están bailando. Para ellos lo más importante es su lealtad con el Gobierno, porque ellos viven de la burocracia que les da y no se atreven a contradecirlo frontalmente.

Ahora toca ir por el trámite legislativo y se tienen los reparos desde la bancada de Gobierno, ¿puede salir el proyecto a tiempo para atender la emergencia?

Por supuesto que no, pero no tenemos otra posibilidad de ayudar al pueblo colombiano que hacer esa ley. Este trámite se demora. De todas maneras, las bancadas de Gobierno están en las presidencias de las comisiones y del Congreso. Tienen a personas que son funcionarios a las órdenes que les dé el Ejecutivo. Eso es una cosa aberrante que tiene el Parlamento colombiano. Esos congresistas de las bancadas tradicionales han venido siempre de su contubernio con el Gobierno, no son independientes, han colocado al Congreso en una posición subalterna, y eso compromete la responsabilidad enorme que se tiene de ser una rama independiente y autónoma.

¿Cree que si se llega a modificar el decreto el Gobierno no va a presentar objeciones que frenen la renta básica?

Claro que puede hacerlo, pero les queda muy difícil. Eso tiene un costo político tremendo. Después de aprobada la ley, si el Gobierno la objeta, el Congreso puede decir que no está de acuerdo y la sanciona. Así de sencillo: lo mismo que hicimos con las objeciones que presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz. La plenaria del Senado consideró esas objeciones inválidas y se cayeron. Lo pueden hacer, pero tiene un costo político muy grande.

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