La seguridad en el gobierno Duque: entre lo formal y una desgarradora realidad

Foto: EFRAIN HERRERA

La seguridad interior y exterior (defensa para algunos), en el siglo XXI, no son un tema menor circunscrito a las fuerzas armadas y policiales; todo lo contrario, son una preocupación de toda la sociedad. Esto no se ha podido entender en Colombia, en donde, como lo han expresado tantas veces académicos de la talla de Malcolm Deas o Armando Borrero, el desprecio en las élites y contra élites civiles por estos temas, al vincularlos a los uniformados, resulta un mal endémico ya de dos siglos.

Una descripción y narrativa común a escala mundial, a la que llamaremos metacontexto, nos demuestra una era de profundo malestar, como la ha denominado Stiglitz, o de enorme desconfianza, en términos de Lipovetsky, entre todos los actores sociales, no solo entre ciudadanía e instituciones. Los fenómenos comunes en todo el mundo, incluyendo los países más desarrollados, son anteriores a la pandemia y han estado enmarcados por crisis políticas, sociales, económicas y el auge del terrorismo en Europa, lo que incluso conllevó la militarización de los grandes centros turísticos o el regreso del servicio militar obligatorio, como en Suecia y Lituania. Para qué hablar de lo que sucede en otras latitudes. Hoy tenemos un mundo en conflicto, pero, en términos de Pinker, somos menos violentos que en otras épocas de la historia. Incluso la guerra está proscrita jurídicamente, aunque usemos eufemismos como “conflicto armado” o, en el caso colombiano, “orden público”.

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Y el contexto colombiano, ya como una narrativa fruto de fenómenos propios, es mucho más complicado en materia de seguridad y defensa. En la actualidad y bajo una crisis, en medio de otra aún peor producida por la pandemia, se han incrementado la desconfianza y el malestar y se observa un panorama desgarrador.

En este escenario, el gobierno Duque ha resultado ser una mangaveleta colocada en la cabecera de una pista llena de huecos y varios obstáculos, entre ellos, las críticas demoledoras del ala radical de su partido por considerarlo “blando”. Así se podrían definir los tres años de su mandato: una estructura formal en seguridad y defensa, sin claridad sobre cómo poder actuar de una manera distinta a la tradicional bajo determinadas circunstancias.

Además, un gobierno prisionero de la falta de una estructura propia del Estado social de derecho en los temas de seguridad y defensa, en donde la Constitución de 1991 no ha terminado de generar un cambio cultural. En el ámbito aeronáutico, nadie niega la importancia de la mangaveleta y precisamente por seguridad, pero si no se sabe para qué y cómo funciona, de poco puede ayudar a conocer la dirección y velocidad del viento.

Los aciertos formales del actual gobierno en materia de seguridad se pueden ubicar básicamente en la generación, tardía en algunos casos, de política pública sectorial. De esa forma contamos con una política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad (2019) y una política posterior de convivencia y seguridad ciudadana (2019), sin que se hubiera publicado la de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a la que se le ha trabajado mínimo por dos años y la cual debió ser transversal a las demás. Por otro lado, como se prometió en campaña, se logró la promulgación de una segunda ley del veterano, sin derogar la ya existente de 2006 (Ley 1081) o la de los beneficios de la del reservista de honor de 1990 (Ley 14). También, después de una década y de la promulgación de un marco constitucional y legal, se creó la unidad administrativa especial para la Justicia Penal Militar y policial. Finalmente se han efectuado algunas reformas al Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en lo atinente a sus funciones, sin impacto real frente a las amenazas contra el pueblo colombiano.

Pero en la práctica, el Gobierno no ha podido siquiera desarrollar la mayoría de los postulados teóricos y las iniciativas y estrategias planteadas en las políticas y leyes que ha promovido. La seguridad es mucho más que cifras, indicadores, conteos, estadísticas y resultados. Resulta evidente que el enfoque proviene de una concepción estatocentrista, a pesar de que en sus documentos se hable de seguridad integral y multidimensional, conceptos que incluso son tratados por académicos de las IES de la fuerza pública con propiedad. La situación en el ámbito estratégico nacional, totalmente en cabeza de civiles, es parecida a la que se pudiera tener en un Real Madrid con los mejores jugadores del mundo, con un técnico con doctorado en fútbol, pero sin experiencia. Esto es otro problema estructural en Colombia y ha sido claramente descrito por estudiosos de la materia.

Ahora bien, resultan evidentes en ese nicho estratégico varios problemas en donde sí hubiera podido incidir el Gobierno de forma rápida, oportuna y además proactiva. Primero, en brindar seguridad integral a los miembros del sector. Los problemas del talento humano son descomunales e incluso cuentas destinadas al pago de mesadas del Ministerio de Defensa están embargadas. Ni qué hablar del tema del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los problemas de sanidad, las demandas para obtener reintegros, el valor de los procesos por fallas del servicio y la ausencia de la política sectorial de las víctimas de las Fuerzas Armadas ocasionadas por el conflicto armado. Allí todo el Estado se ha hecho sordo, ciego y mudo.

Segundo, la seguridad jurídica, más en el contexto descrito, es muy preocupante. El Gobierno no se empeñó en promover las leyes estatutarias de seguridad y defensa, la del uso de la fuerza, ni hacer las reformas que merecía Fondetec, en la actualidad con señalamientos por varios motivos. Las fuentes consultadas para este especial señalan en este segundo punto el más grande problema de estos tres años en materia de seguridad.

Tercero, el retrovisor usado para retardar la implementación de los acuerdos d paz, a fin de lograr la estabilización de territorios, es otra espada de Damocles. Un punto que negociaron directamente militares, policías y exguerrilleros en La Habana, que hubiera permitido generar avances en materia de seguridad y convivencia ciudadana y que fue desconocido, a pesar de la presión de stakeholders externos. Hoy la fuerza pública colombiana paga un alto precio por la multicriminalidad territorial, especialmente en cuatro departamentos de Colombia, fronterizos, además.

Cuarto, la ausencia de leyes marco del sector y sistema de seguridad, como lo corroboraron varios miembros de la reserva activa para este especial, tiene gran incidencia en los temas operacionales, tácticos, en la cooperación con otras ramas del poder público. Esto preocupa aún más en asuntos como inteligencia estratégica y en la desestructuración del sistema, con graves consecuencias, como los atentados contra el presidente de la República, la Brigada 30 y los ciberataques internos y externos por parte de otros países de la región.

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Quinto, la insistencia en negar la existencia de un conflicto armado con las repercusiones del caso. No solo los principales organismos internacionales en sus informes han caracterizado la existencia en Colombia de un conflicto armado, sino que además las consecuencias del negacionismo las ha padecido el pueblo colombiano. Desde la gran mentira de “se acabó el conflicto armado” que vendimos al mundo en el 2016, hasta la estructuración de políticas incoherentes con la realidad y el uso desconfigurado de términos como “posconflicto” y “posacuerdo”, han incidido en materia de seguridad. De esto dan buena cuenta el descenso ostensible de las cifras de desmovilizados amén de la Ley 418 de 1997 y la posterior prórroga de 2002 con la Ley 782, y la aplicación de las normas para la desestructuración de los grupos de delincuencia organizada previstos en la Ley 1908 del 2018 sobre sometimiento a la justicia.

Por último, la disminución ostensible del pie de fuerza entre 2016 y 2019 y la gran incidencia que en la práctica tienen los procesos de incorporación, formación y profesionalización, además de estructuración de una exigencia real y no estadística sobre cultura de derechos humanos.

Como se puede evidenciar en este breve texto y sin ser exhaustivos, los problemas de seguridad y defensa en Colombia no pasan solo por los mediatizados temas de la protesta social, la reforma a la Policía, el narcotráfico, el microtráfico o los problemas con Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otros. Los problemas son estructurales, vienen de tiempo atrás y no se han querido enfrentar, aunque los expertos afirman que están claramente diagnosticados. ¿Qué hacer entonces en el último año de gobierno (algunos indican que solo quedan en la práctica seis meses) y con alto grado de desaprobación en materia de seguridad? No existen fórmulas mágicas, pero claramente el Ejecutivo podría tratar de priorizar el control territorial, para que decenas de programas de cooperación internacional entren al territorio a ayudar al pueblo abandonado por décadas. En segundo lugar, generar un diálogo nacional sobre el significado del gobierno y la gobernanza en materia de seguridad. Por otra parte, movilizar todos los esfuerzos para estructurar una transformación profunda en las normas del Ministerio de Defensa Nacional; desaparecer las consejerías, que consumen un alto presupuesto, entre ellas la de seguridad, que ha generado una torre de babel sectorial.

También, promover la ubicación de recursos para las normas del veterano; sincerar las relaciones con la reserva activa, especialmente en los temas de seguridad social. Promover la generación de la política pública de las víctimas miembros de las Fuerzas Armadas; reformar a profundidad Fondetec. Cosas que se pueden hacer en un tiempo récord. ¿Existirá voluntad política para hacerlas?

* Docente, investigador y asesor internacional.