El pasado 27 de enero, a su casa en Valledupar, le llegó a Pedro Aníbal Ávila Durán la comunicación que esperaba hace 18 años. La Contraloría le envió una investigación de su autoría en la que reconoció irregularidades en la titulación de los predios del Cerrejón Central en La Guajira, donde hoy se adelantan trabajos de explotación carbonífera, tal como él lo había denunciado. El problema es que en la misma misiva, aunque se admitió un detrimento patrimonial para el Estado de $11.310 millones, también se le informó que ya empezó el trasteo del expediente.
La pelea de Pedro Ávila Durán comenzó cuando se percató que junto a 74 familias más, la suya no fue respetada desde que empezó la explotación de carbón. Según él, parte de las tierras del Cerrejón Central, con títulos adquiridos, pertenecieron a su tatarabuelo, pero cuando éste murió y sus herederos se radicaron en Codazzi (Cesar), se refundió la propiedad, pero no los derechos. Sin embargo, hacia 1947, cuando surgió la Comunidad del Cerrejón, comenzó el despojo porque fueron otros los que recibieron los beneficios.
Sin mayor respuesta del Estado, Ávila no se cansó de reclamar que la notaría donde supuestamente se hizo la primera escritura para la Comunidad del Cerrejón no existía para la época, el aparente notario de Riohacha tampoco y ni siquiera se había expedido la cédula del ciudadano que constituyó la mencionada organización. Como si fuera poco, las sentencias que se han esgrimido como prueba irrefutable de la propiedad nunca aparecieron. Aun así, durante casi dos décadas, la justicia poco se interesó por su recurrente alegato.
En su edición del domingo 5 de noviembre de 2013, bajo el título “El rastro perdido de una mina de dinero”, El Espectador contó esa historia en detalle. Ahora, registra lo que encontró la Contraloría delegada para la participación ciudadana. Su conclusión es que, como lo dijo muchas veces Pedro Ávila Durán sin ser escuchado, hay certezas de inconsistencias en los documentos de identificación de los miembros de la llamada Comunidad del Cerrejón, que en 1947 logró que les formalizaran los derechos de propiedad sobre el atractivo predio.
Después de la publicación de este diario, la entonces contralora Sandra Morelli ordenó una actuación especial de fiscalización en tres aspectos: lo relacionado con la titulación, lo pertinente al recaudo de las regalías y lo atinente a lo social. Al margen de admitir que los títulos de propiedad en la zona datan de 1778, la Contraloría observó que después de la Ley 102 de 1943, que declaró de utilidad pública la explotación de los yacimientos del Cerrejón, en septiembre de 1947, en Riohacha (La Guajira) 95 comuneros constituyeron la Comunidad.
Según la Contraloría, en el acta de constitución, no se evidencian documentos de cada comunero para acreditar propiedad. Además, tal como lo denunció durante 18 años Ávila, la mayoría de cédulas no correspondían con los nombres de los comuneros. También el organismo fiscal detectó que después de creada la Comunidad del Cerrejón, se hicieron compras de tierras y mejoras, “lo que lleva a presumir que la propiedad o posesión sobre estas tierras no estaba totalmente en cabeza de los 95 comuneros iniciales del documento de 1947”.
“En las fichas catastrales analizadas se pudo evidenciar que no existen anotaciones claras ni cronológicamente organizadas sobre la propiedad de estos predios”, resaltó el ente fiscal, que asimismo señaló que existen soportes para demostrar que hubo comunidades que fueron desplazadas, que hubo personas despojadas de sus predios y que a lo largo de los años se han seguido presentando registros individuales en Riohacha y en el Instituto Agustín Codazzi, que generan incertidumbre respecto a la propiedad actual de los predios.
En cuanto al tema de las regalías, la Contraloría manifestó que es claro que la Comunidad se ha visto privilegiada en el tema de los porcentajes entregados por el Estado a razón de la producción carbonífera. Durante la vigencia de 2009 a 2013, por ejemplo, el Estado pudo haber percibido más de $407.000 millones por sus operadores en el área, cuyas utilidades no fueron suficientes. El cálculo de la Contraloría es que el detrimento patrimonial puede ser cercano a los $11.310 millones, sin que ni siquiera la Comunidad haya sido beneficiada.
Bajo el título “Otros hechos”, el informe de la Contraloría contiene una perla inesperada: “La situación particular relacionada con la vinculación del exministro de Minas Hernán Martínez, con la Comunidad del Cerrejón”. Cuando el ciudadano Pedro Ávila le presentó las pruebas al entonces ministro, su despacho contestó que el Ministerio no tenía facultad para evaluar el caso y que debía hacerlo un juez de la República. La Contraloría constató que hoy Hernán Martínez es el representante legal de Carbones Colombianos del Cerrejón.
La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana anotó, además, que Hernán Martínez hoy preside el holding de Pacific Coal S.A. en calidad de controlante directo del contratista desde mayo de 2010. Un hecho por el cual el ente investigador recalcó que, de conformidad con la Ley 734 de 2002, es decir, del Código Disciplinario, en adelante, debe ejercerse un mayor control en el tema de los “deberes de los funcionarios públicos que puedan utilizar la información privilegiada del Estado para beneficio de particulares”.
El informe señala también que al evaluar los documentos aportados por la Dirección de Impuestos sobre el caso se advierte que sólo está registrada la junta directiva de la Comunidad del Cerrejón y no la totalidad de los comuneros, como lo exige la ley. Además, varias empresas convergen en el mismo domicilio fiscal de la Comunidad. La Contraloría cree que tienen obligaciones tributarias, sobre todo porque han recibido ingresos por regalías correspondientes a la explotación de carbón en el municipio de Barrancas (La Guajira).
Finalmente, en cuanto al tema social, el informe de la Contraloría concluyó que los conflictos son innumerables e irreparables. Ha habido desplazamiento, los ríos, manantiales y arroyos que recorrían la región han venido desapareciendo y, en general, lo que se ha presentado es una pérdida de identidad de las comunidades, violencia, contaminación, desolación y, más que otra cosa, falta de oportunidades para la población afectada. Eso, en el contexto de que la autoridad minera no ha actuado en la reglamentación del pago de regalías.
Hasta ahí el documento de la Contraloría. El problema es que a pesar de que la misma semana en que Pedro Ávila Durán recibió el documento acudió a la Fiscalía en Barranquilla para persistir en sus reclamos por la vía penal, la Vicecontraloría le hizo saber que si bien sus reclamos fueron atendidos a través del informe detallado, por una resolución de octubre de 2014, la oficina que lo profirió ya no tiene competencia para seguir con el caso y todo el expediente, de 14 carpetas y 2.407 folios, ahora empieza a dar vueltas entre despachos sin saber hasta cuándo.
Por Camilo Segura Álvarez
