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Este martes, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a través de una misiva dirigida a la canciller, María Ángela Holguín, le compartió los datos que maneja la Fiscalía sobre el aumento de delitos protagonizados por los venezolanos desde enero de 2017 hasta enero de 2018. Además, le expresó las dificultades que la entidad encargada de la investigación de las infracciones y crímenes está viviendo debido a la falta de documentación legal de los venezolanos para poder judicializarlos.
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"Dado que el próximo jueves se llevará a cabo una cumbre gubernamental para analizar la política migratoria del Gobierno Nacional con motivo de la crisis venezolana y con el objeto de que el despacho a su cargo cuente con los elementos de juicios suficientes, me permito compartir un documento elaborado por la Fiscalía General de la Nación que ilustra los efectos del proceso migratorio en la seguridad ciudadana", dice Martínez en la carta.
En los últimos días de enero de 2018 se contaron más de medio millón de venezolanos en Colombia, de los cuales 374.000 están en situación de irregulares en el país.
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Según los datos de la Fiscalía, el mayor delito cometido por los venezolanos es el hurto, seguido por el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el tercer lugar se encuentra las lesiones personales. Norte del Santander, Bogotá, La Guajira y Santander son los territorios donde más ciudadanos del país vecino se encuentran en situación de flagrancia.
El hurto, como la principal infracción, aumentó un 228%. En enero de 2017 se registraron 78 capturas y en enero de 2018, 258 venezolanos fueron detenidos, siendo este mes el que, hasta ahora, presentó un mayor número de personas arrestradas con esa nacionalidad.
Entre el 1 de enero de 2017 hasta el 5 de febrero de 2018, se han capturado a 1.869 venezolanos por diferentes delitos. En Cúcuta, Bogotá y Bucaramanga hay registros de reicidencia delictiva.
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Además de las cifras, el fiscal también compartió las dificultades por las que los funcionarios se ven impedidos para aprehender y judicializar a los responsables de los delitos.
Una de ellas es la falta de un documento que pueda individualizar como persona natural a los venezolanos, quienes cuentan solamente con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que es solicitada en la página web de Migración Colombia. A esto se le suma la falta de comunicación con las autoridades del país vecino.
La segunda dificultad está ligada al poco personal de Migración Colombia en las regiones, donde se encuentra un mayor número de venezolanos, por lo tanto, los procesos de deportación no cuentan con funcionarios que los hagan. Además, no hay espacios transitorios que sirvan de paso para los infractores mientras se oficiliaza su judicialización.
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La cumbre gubernamental que se llevará a cabo el 8 de febrero analizará el tema de la política migratoria que está gestionando el Gobierno Nacional debido a la crisis venezolana y la creciente inmigración de ciudadanos de ese país a Colombia.
Por Redacción Politíca
