“Las relaciones políticas no deben ser el único camino para ser fiscal”: José Daniel López

El mismo día en que el presidente Iván Duque Márquez presentó la terna para elegir al nuevo fiscal general de la Nación, en el Congreso de hundía un proyecto de acto legislativo que buscaba implementar un proceso de meritocracia para que, desde 2025, quienes quisiera ocupar ese cargo tuvieran que ser parte de un concurso del que saldrían escogidos 10 perfiles.

El siguiente paso, según la iniciativa que naufragó, era que el presidente enviara la terna de esa decena de aspirantes. Para el representante a la Cámara José Daniel López, de Cambio Radical, esta era una forma de enviar un mensaje a los colombianos que se han preparado toda su vida para llegar a altas dignidades del Estado y que quedara claro que no había que tener relaciones políticas para ocupar un cargo como el de fiscal general.

López atacó al Gobierno Nacional y al partido Centro Democrático, al señalar que fueron quienes hicieron la más férrea oposición a este proyecto. Acusa al presidente Duque y su gobierno de ser incoherentes con su discurso anticorrupción al no apoyar el proyecto que buscaba mayor transparencia para el cargo.

Contexto: Proyecto de meritocracia en la elección del fiscal se queda sin aire en el Congreso

¿Por qué termina hundido el proyecto de meritocracia para la elección del fiscal general?

Era un proyecto de reforma constitucional que tenía unos requisitos muy exigentes. Se requieren ocho debates, y debe ser aprobado en los primeros cuatro en un semestre. Eso significa que antes del 16 de diciembre próximo debía ser aprobado en esos cuatro debates. Ya llevábamos dos de cámara y el tercero tenía que hacerse ayer, 3 de diciembre, a más tardar.

¿Y qué pasó específicamente con ese tercer debate?

Estaba muy abajo en el orden del día de la Comisión Primera de Senado, estaba de séptimo. Con la senadora Angélica Lozano, presentamos una proposición para que se priorizara, pero fue negada en esa comisión, con una oposición frontal por parte de la coalición de gobierno, sobre todo por parte del Centro Democrático. Además, no solo se negó, sino que había una ponencia de archivo del proyecto.

Usted ha dicho que tanto el uribismo como el Gobierno Nacional se han opuesto a este proyecto. ¿Qué les preocupa? ¿La elección del próximo fiscal?

Es algo que sigo sin entender porque el proyecto no cambiaba las reglas del juego para la elección de este fiscal, sino a partir de 2025. Luego, era un cambio institucional y no un hecho con cálculo político. Conceptualmente, tampoco entiendo la postura del Gobierno si dice que apoya las iniciativas anticorrupción. La meritocracia no solo se debe promover en los niveles más bajos de la función pública, sino en las altas dignidades. El Gobierno se contradice en su discurso anticorrupción cuando se opone de manera velada a este proyecto.

Pero si no cambia en nada la elección actual del fiscal, hay cosas que no quedan claras sobre la postura del Gobierno…

Lo que me han dicho es que en la Presidencia consideraban que el proyecto daba un mal mensaje en momentos en que el presidente ha tenido dificultades para viabilizar la elección del fiscal. Eso no coincide con la realidad, porque el proyecto no afecta esta elección del fiscal. Parace que en el Gobierno no hubiesen hecho bien la lectura de la iniciativa.

¿Por qué era tan importante ese proyecto?

Básicamente porque está dicho que para los ciudadanos hay dignidades a las cuales nunca podrán acceder, por más que se preparen y que hagan carreras, sino por medio de las relaciones políticas. Cuando a un ciudadano se le permite llegar por medio de un concurso de méritos y quedar entre los 10 clasificados para conformar la terna, hay un mensaje y es que es posible que los candidatos del Gobierno no pasen. Eso le dice a la ciudadanía que se ha preparado durante toda su vida que hay una posibilidad material de poder llegar a ser ternado y ocupar un cargo como el de fiscal general. Las relaciones políticas no deben ser el único camino para ser fiscal. Hoy vemos la terna que hay para fiscal, y toda es cercana al presidente.

¿Ya ha habido alguna experiencia en otros países sobre el modelo que se propone?

No precisamente, pero se ha discutido sobre si el fiscal debe ser o no nominado por el presidente de la República. Varios de los que se oponen al proyecto dicen que debemos migrar a la designación del fiscal por parte del jefe de Estado, pero nuestro diseño constitucional no puso acento sobre el control gubernamental de la Fiscalía, sino en la independencia de esta, por eso la terna la manda el presidente, pero al fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia.

¿Y cómo se explica el período institucional que traía la iniciativa?

En que el fiscal se elija para cuatro años y, además, finalizando el período presidencial, es decir, que la gestión del fiscal general no coincida con los tiempos en los cuáles aún es presidente quien lo ternó.

Entonces ¿cuál es el plan para el futuro?

Lo volveremos a radicar en marzo. Vale la pena pensar cómo introducir elementos de meritocracia para otras elecciones, como procurador o defensor del Pueblo, como ya existen en el proceso de elección de contralor.