Aída Avella y Gustavo Bolívar, senadores de la denominada lista de los Decentes (que recoge a la ASI, Colombia Humana, Mais, UP y el movimiento Todos somos Colombia), anunciaron que demandarán la curul de su colega, el también senador Jonatan Tamayo –conocido en los pasillos del Congreso como ‘Manguito’- por considerar que está incurriendo en un conflicto de intereses de moral.
Según argumentaron los congresistas, la actitud con la que ha venido actuando dentro del Capitolio, en defensa de los postulados del Gobierno de Iván Duque, van en contravía de los intereses de la coalición de los Decentes y, más aún, rompe con las propias reglas de aquellas colectividades que se han declarado en oposición, bajo los parámetros del recién estrenado Estatuto.
“Los hechos acontecidos después de asumida su curul, configuran la causal primera del artículo 183 (de la Constitución Política), en donde se establece que perderán su investidura quienes incurran en un conflicto de interés moral. El señor Tamayo ha actuado rompiendo los principios morales de nuestra coalición”, explicó el senador Bolívar, cabeza de lista de los Decentes.
(Contexto: Consejo de Estado mantiene las curules de Aída Avella, Gustavo Bolívar y Manguito)
De hecho, los legisladores fueron más allá y afirmaron que la actitud de Manguito, quien apoyó las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, puede ser considerada como un engaño o fraude al elector. Lo anterior, dado que Tamayo se inscribió como candidato al Capitolio amparado por la lista de los Decentes y lo señalan de incumplir, una vez elegido, con los principios del movimiento político.
“No solo se trata de aliarse para pasar el umbral, sino de cumplir con un acuerdo programático, de lo contrario se configura un engaño o fraude al elector”, argumentaron los legisladores. Lo anterior, en referencia al reciente fallo del Consejo de Estado que decidió salvarles la curul a Avella, Bolívar y Tamayo cuya investidura había sido demandada argumentando que no se podían hacer coaliciones entre partidos o movimientos políticos para corporaciones públicas.
Los argumentos de los demandantes, no obstante, no solo fueron desvirtuados por el alto tribunal sino también por la Procuraduría General que, a través de un concepto, explicó que no se requería de un desarrollo legal para avalar las alianzas o coaliciones para cargos de elección popular, como lo adujeron los ciudadanos Javier Parmenio Chaparro y Gustavo Adolfo Prado, quienes estuvieron detrás de la acción de nulidad.
No obstante, señalan los congresistas frente a tal determinación que “el fallo es una notificación a las ramas del poder Ejecutivo y Judicial para regular de manera pronta todo lo relacionado con las coaliciones de minorías, sus reglas, la manera en que allí se participa y las consecuencias políticas que debe asumir cada colectividad que se integra a una coalición de minorías”.