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El mandato de Iván Duque está por terminar y el proceso de empalme con el comité del presidente electo, Gustavo Petro, no es lo único que se conoce de la gestión de su administración. La organización Transparencia por Colombia, dio a conocer su informe sobre la lucha contra la corrupción en el cuatrienio en el que Duque estuvo en el poder. Según la organización, aunque hubo un avance para combatir la problemática, estuvo muy limitado y deja retos para la nueva administración.
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Lo que hizo Duque
Según manifestó la organización, Duque tuvo un avance notorio en cuanto a “medidas normativas para incrementar la sanción de la corrupción”. De acuerdo con el balance que hace Transparencia por Colombia, la saliente administración eliminó la casa por cárcel para los corruptos, se fortaleció en materia de contratación para no trabajar con empresas sancionadas por corrupción y avanzó en la “posibilidad de investigar a los beneficiarios finales de personas jurídicas involucradas en hechos de corrupción”.
Asimismo, la organización sostiene que uno de los grandes avances que deja el saliente presidente en esta lucha es la creación de un Fondo Nacional para la Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. Dicho fondo tiene como objetivo que se inicien procesos de reparación directa a los afectados por hechos de corrupción. Adicionalmente, consta en el documento, se creó la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA).
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Otro de los puntos positivos que rescató la organización sobre la gestión de Duque fue la generación de doce nuevas leyes para luchar contra la corrupción. Estas normativas, explica el documento, se enfocan en el fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación con la reforma al régimen de control fiscal, y las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública.
A pesar de todo esto, dice la organización, algunos de estos avances “solamente se desarrollaron al final del período, como el CONPES 4070 de Estado Abierto, y otros definitivamente no se tramitaron, como la reforma al Sistema Político”. Asimismo, el documento señala que “no se promovieron reformas que atacaran los problemas estructurales, en especial en empleo público y contratación, los cuales continuaron siendo dos focos de escándalos de corrupción durante este gobierno”.
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Lo referente a Duque en el documento, concluye con que hubo constantes limitaciones con respecto a derechos humanos para la lucha contra esta problemática. De igual manera que durante el periodo 2018-2022 “se presentaron constantes limitaciones al derecho de acceso a la información pública y a la libertad de expresión, que llevaron a restringir el control ciudadano de la gestión pública”.
Los retos de Petro
El presidente electo, Gustavo Petro, dice el documento de Transparencia por Colombia, tendrá que enfocarse en problemáticas estructurales como el empleo público, contratación, sistema político, control interno, presupuestos públicos y descentralización. De igual manera, sostiene la organización, debe propender en su mandato por la “reglamentación e implementación de varias de las normas y acciones realizadas por el gobierno saliente”.
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Un llamado que hacen a la nueva administración es que se garantice en el periodo 2022-2026 el acceso a la información pública y evitar “la concentración del poder en la rama ejecutiva, y revisar la arquitectura institucional anticorrupción”. Dentro de sus recomendaciones para el nuevo gobierno, la organización aclara que “luchar contra la corrupción no es solamente dar atención a situaciones de desvío de recursos, sino también recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer las libertades democráticas, y el respeto por la separación de poderes y las garantías para la movilización ciudadana”.
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