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El 17 de marzo y el 6 de mayo el Gobierno expidió dos declaratorias de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por un período de 30 días cada una, para darle frente a la crisis que produjo el brote del COVID-19 en el país. El artículo 215 de la Constitución, además de atribuirle responsabilidades al Congreso para que analice el informe de las motivaciones que el Ejecutivo tuvo para consagrar el estado de excepción, también tiene la potestad de derogar, modificar o complementar los actos administrativos dentro del año siguiente a la declaratoria.
En la primera declaratoria el Gobierno expidió 72 decretos ley, mientras que en la segunda 47 en materia social, económica, tributaria, de salud, de transporte, de movilización, de pensiones, de vivienda, entre otros. El pasado 20 de julio se radicaron proyectos de ley para modificar y derogar, por lo menos, 13 decretos ley por parte de congresistas del Partido Liberal, la U, Cambio Radical, Alianza Verde y Polo Democrático. Estos los cambios que se buscan hacer vía trámite legislativo.
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