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8 Mar 2021 - 2:00 a. m.

Los esfuerzos de la Comisión de la Mujer del Congreso por combatir la violencia

En las calles, miles de colombianas reclaman que no hay garantías estatales para proteger sus vidas. Desde la Comisión, las parlamentarias impulsan la reforma a las comisarías de familia, un proyecto clave para corregir errores en la ruta de atención a mujeres violentadas.
Laura Angélica  Ospina

Laura Angélica Ospina

Periodista Política
El año pasado, según cifras de la Red Feminista Antimilitarista, en Colombia se registraron 630 feminicidios. / EFE
El año pasado, según cifras de la Red Feminista Antimilitarista, en Colombia se registraron 630 feminicidios. / EFE
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

El mensaje que envían las mujeres hoy al país es claro: no hay nada que celebrar. El 8 de marzo se ha consolidado como el día en que oleadas de mujeres se hermanan en las calles y protestan por una vida segura, libre de violencia y feminicidios. Contrario a lo que ha hecho el mercadeo con el Día Internacional de la Mujer, colombianas y demás ciudadanas del mundo rugen, gritan, cantan y utilizan su voz para exigirles a los Estados que garanticen sus derechos, pues el panorama en Colombia es desolador. En 2020, el Observatorio Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, registró 630 de estos crímenes. Ese mismo año, Medicina Legal contó 1.835 casos de mujeres reportadas como desaparecidas. A la par, en lo que va corrido de 2021, la Fundación Feminicidios Colombia ha identificado 42 homicidios en razón del género.

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Entre los casos más conocidos está el de Ana María Castro, asesinada el 5 de marzo de 2020. Y entre las denuncias por violencias ejercidas a las mujeres está la de la fotógrafa Diana Quirós, quien señaló a su colega Daniel Alexánder Buitrago Cruz de haber abusado sexualmente de ella el pasado 27 de febrero, después de que este, presuntamente, la drogara con fenciclidina o polvo de ángel. Su testimonio está sustentado por un informe pericial de Medicina Legal, solicitado por la Fiscalía 107 local de Bogotá. Estos procesos, sumados a las campañas en redes sociales de colectivos y movimientos como Estamos Listas, que con el hashtag #BuscarlasHastaEncontrarlas promueve la búsqueda y el rastreo de las mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, esbozan el inseguro escenario que se ha edificado bajo el sistema patriarcal, razón por la que hoy marchan las colombianas.

Combatir esas violencias es uno de los tres ejes en los que trabaja la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Fue creada en 2011 y agrupa a nueve senadoras y 10 representantes de casi todas las fuerzas políticas. Ana María Castañeda (Cambio Radical), Adriana Matiz y Nora García Burgos (ambas del Partido Conservador) han presidido la Comisión durante este Congreso, que empezó en 2018 y va hasta 2022. Las parlamentarias coincidieron en que el plan de trabajo para este cuatrienio busca como fin último fomentar la independencia de las mujeres para reducir algunos de los factores estructurales que posibilitan la violencia en su contra.

En ese sentido, los tres ejes priorizados son: empoderamiento económico, empoderamiento político y prevención y atención a las víctimas de violencia. Para las presidentas de ese órgano congresional, estos temas están ligados porque no tener independencia económica se convierte en una barrera para reclamar derechos políticos y participar en este campo. A su vez, desconocer sus derechos crea un entorno de vulnerabilidad ideal para quienes ejercen todo tipo de violencias en contra de las mujeres, que desencadenan en acoso psicológico, violencia física, delitos sexuales y feminicidios, dijeron las legisladoras. “Es necesario que la sociedad colombiana cree los caminos para que las mujeres se desarrollen en diferentes ámbitos, que se reconozca la economía del cuidado y que tengan oportunidades para ser autosuficientes y no depender de sus parejas”, señaló la representante Adriana Matiz, presidenta en el período 2019-2020.

Las tres puntualizaron en que han articulado sus presidencias para darle continuidad a la discusión de esa agenda, sacar adelante proyectos y lograr varias victorias. La senadora Ana María Castañeda recordó que cuando ella llegó a la mesa directiva, para el período 2018-2019, la Comisión de la Mujer no tenía un lugar para sesionar y tampoco una secretaria para acompañar los procesos administrativos y legislativos, dos asuntos que entorpecían las sesiones, debates y audiencias. “A veces necesitábamos sesionar y no encontrábamos libre un espacio porque las comisiones constitucionales no lo prestaban. Luego nos asignaron el Salón Amarillo del Capitolio para hacerlo. Robustecimos el personal de apoyo, porque la Comisión no tenía un técnico ni secretaria, y el movimiento en redes estaba bastante apagado. Logré avanzar en esos temas”, dijo.

Castañeda fue una de las congresistas que le pidió al Gobierno que el capítulo para la equidad de la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo tuviera presupuesto ($5,4 billones transversales a todos los pactos de ese plan) y se echó al hombro el proyecto para que los concejos municipales y asambleas departamentales crearan sus propias comisiones de la mujer. “En 2018, el Legislativo y los alcaldes se comprometieron a luchar contra la violencia a través del Acuerdo Nacional por la Defensa de las Mujeres. Asumieron la responsabilidad de rechazar las violencias y promover entornos propicios y seguros, y realizar seguimiento y control político en torno a ese asunto”, expresó.

Si bien fue un acto simbólico, la senadora de Cambio Radical explicó que, aunque este no va a acabar con la violencia, sí “va dejando semilla”. “La violencia contra la mujer está enquistada en lo más profundo de los hogares y por eso es un tema frustrante. Las personas normalizan estas actuaciones y repiten los comportamientos que agreden a la población femenina. Es un tema que necesita de visibilización y sensibilización desde la escuela, las familias y los entornos laborales para que esas violencias machistas se vayan erradicando”, expuso. Por su lado, Adriana Matiz enfatizó en que son muchos los desafíos institucionales para que las entidades, en los territorios y en el centro del país, respondan adecuadamente y acompañen a las mujeres que han sido violentadas. Sin embargo, un logro de la Comisión es la reforma a las comisarías de familia. El proyecto 133 de 2020 está a la espera de su segundo debate en la plenaria de la Cámara y busca dotar de talento humano y recursos tecnológicos a las comisarías y capacitar en enfoque de género a su personal, pues son la puerta de entrada para que muchas mujeres violentadas hagan su denuncia, pero según un estudio de la Procuraduría y el testimonio de mujeres, estas no consideraban importantes sus declaraciones.

“La Comisión le ha hecho seguimiento a cómo funcionan las líneas de atención para estos casos, el aumento de las llamadas durante el aislamiento y la atención en las comisarías. Sobre este último, cuando revisamos los datos históricos, vimos que los principales obstáculos se presentaban en esos entes. Hay comisarías que ni siquiera tienen internet, un computador, funcionarios ni capacitación de los mismos. La aprobación del proyecto va a corregir errores de esa ruta de atención”, manifestó.

Al respecto, la senadora Nora García Burgos, presidenta de la Comisión de la Mujer, agregó que el Congreso conmemorará el Día de la Mujer el próximo 24 de marzo. No obstante, su celebración se centrará en que ese día el Senado y la Cámara debatirán únicamente proyectos relacionados con la mujer y la familia. “Eso nunca ha pasado. Tendremos un orden para discutir las prioridades y la reforma a las comisarías -que es de autoría del Gobierno-, que es primordial en la plenaria de la Cámara Alta. Queremos que las mujeres violentadas encuentren apoyo en ellas, que se humanice el trato que les dan a las víctimas, sin importar qué tipo de violencia hayan denunciado”, comentó García Burgos.

Son muchas las condiciones sociales que mantienen los círculos de violencia, cuyas víctimas son mujeres. En ese sentido, la representante Matiz resaltó que la falta de respuestas inmediatas a los casos de feminicidios y demás violencias por parte de la Fiscalía, como también la ausencia de cifras oficiales unificadas sobre feminicidios y la poca protección a mujeres denunciantes de sus agresores, son asuntos a los que el Gobierno debe ponerles el foco y solucionarlos. “Es necesaria una unidad investigativa en la Fiscalía que se dedique única y exclusivamente a investigar y sancionar los feminicidios y actos de violencia contra la mujer, en aras de tener celeridad y ganar la confianza de la ciudadanía”, dijo.

No obstante, mientras el Legislativo y el Ejecutivo se ponen al ritmo de lo inaplazable, la conservadora les pidió a las colombianas que no se callen y sigan reclamando en las calles: “No desfallezcan. No es solo la violencia contra la mujer. Es el empoderamiento económico, reducir las brechas de empleo y de salario, reconocer la economía del cuidado. Hay que seguir trabajando por esto, manifestándose, expresando nuestra inconformidad por la forma en la que el Estado trata estos temas”, este su mensaje para las manifestantes.

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