Los nombramientos políticos de Duque en el servicio diplomático

El decreto-ley 274 de 2000 define el servicio exterior como la actividad administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en desarrollo de la política exterior de Colombia, dentro o fuera del territorio, con el fin de representar los intereses del Estado y de proteger y asistir a sus nacionales en el extranjero. Y también dice que la Carrera Diplomática y Consular es un régimen especial y jerarquizado, basado en el mérito, que regula el ingreso por concurso público, el ascenso, la permanencia y el retiro de los funcionarios pertenecientes a la misma.

Sin embargo, la misma norma señala que el cargo de embajador o cónsul será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. En consecuencia, para ser embajador ante un gobierno o representante permanente ante un organismo internacional, no es requisito pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular. Además, la Sentencia C-292-01 del 16 de marzo de 2001, de la Corte Constitucional, señaló que al menos el 20% de los embajadores que representan al país en el exterior deben venir de la carrera diplomática, dejando un amplio margen del 80% para los que no estén en ella. Y el Decreto 26, expedido el 9 de enero de 2018, a su vez, limitó a 50 el cupo de funcionarios de la carrera diplomática que pueden tener el rango de embajador. 

De ahí que el servicio diplomático sea utilizado por los gobiernos de turno para cumplir compromisos políticos adquiridos, en su mayoría, durante la campaña que los llevó al poder. En un artículo de este diario en enero de este año se contaba que de los 769 cargos diplomáticos que había ene se momento en la Cancillería, un 49% estaban ocupados por funcionarios de carrera, mientras que el resto de empleados, la mayoría, llegaron allí por nombramientos políticos. “En Colombia, el clientelismo, el nepotismo y el mal manejo de la nómina pública siguen pasando de largo”, decía en ese artículo Margarita Manjarrez, presidenta de la Asociación Diplomática y Consular, que agrupa a los funcionarios de carrera y les brinda representación legal.

Lo que se alega es el desperdicio de los recursos públicos utilizados en la formación de empleados de carrera que no llegan a ocupar los puestos que les corresponden, por no hablar de la extensa nómina que hay que pagar entre los nombramientos políticos y quienes son embajadores de carrera y trabajan en Bogotá. Mientras en Colombia alrededor del 14 % de los embajadores que representan al país en el exterior se formaron en la carrera diplomática, según datos de la Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile, en Brasil son el 98 %, en Uruguay el 90 % y en Argentina el 88 %. El país sólo supera a naciones como El Salvador (con el 1 %) y Arabia Saudita (4 %).

Así las cosas, a la hora de hacer un balance desde ese punto de vista en estos casi tres meses de gobierno de Iván Duque, se puede constatar que son varios los nombramientos con los que el nuevo mandatario ha pagado los apoyos en el reciente proceso electoral y la lealtad al uribismo. Los dos más notorios, sin duda, son los del exvicepresidente Francisco Santos como embajador ante Estados Unidos y el del exprocurador Alejandro Ordóñez ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Los dos son uribistas “purasangre” y tuvieron un papel protagónico en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.

En esa lista de políticos ubicados en cargos diplomáticos aparecen la exsenadora Nohora Stella Tovar Rey, nombrada embajadora en República Dominicana y la exfiscal y exsenadora liberal Viviane Aleyda Morales, quien fue candidata presidencial por el Partido Somos pero renunció a su aspiración para adherir precisamente a Duque, ahora embajadora en Francia. También Guillermo Fernández de Soto, excanciller en el gobierno de Andrés Pastrana y diplomático en el de Álvaro Uribe, que llegó como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU); y otra “pastranista”: Gloria Inés Ramírez, quien acompañó al hoy presidente Duque en su campaña como estratega en comunicaciones, que se fue para la Embajada de Italia.

Están además el exembajador de Uribe en Perú y hombre de radio Álvaro Pava Camelo, de filiación conservadora, quien fue nombrado representante diplomático del nuevo gobierno en Argentina; y recientemente se confirmó a Ana Milena Muñoz, esposa del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, en la embajada de Egipto. Este último nombramiento generó una aclaración de la colectividad roja, que en un comunicado señaló que la decisión había sido potestad del Gobierno y no en nombre del partido, que se declaró en independencia de Duque.

La caucana María Claudia Mosquera llegó a la Embajada de Perú, cargo que ya ocupó con Uribe; y en la lista toca mencionar dos pendientes: el exvicepresidente Angelino Garzón, postulado para la Embajada de Costa Rica, y Ubeimar Delgado, a la de Suecia, pero que ha encontrado obstáculos por no hablar inglés ni el idioma de ese país europeo, requisitos necesarios para el cargo.

Hay otros nombres de reconocidos uribistas colocados en consulados: Erika Eliana Salamanca, una activa twitera cercana al expresidente Uribe, en el de Washington; Emilio Merino González, exdiputado vallecaucano, en Lima (Perú); y Luis Ernesto Araújo Rumie, hijo del excanciller de Uribe Fernando Araújo y hermano del actual senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo, que es nuevo ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos. Y se habla de que Federico Hoyos, exrepresentante a la Cámara uribista por Antioquia en el anterior período, será el embajador en Canadá.

Cabe aclarar que varios de los aquí mencionados cuentan con una buena hoja de vida y estudios acreditados. Pero queda claro que la costumbre de pagar favores políticos y personales a través de nombramientos sigue siendo una práctica recurrente y que, sea como sea, nombrar a dirigentes políticos o sus parientes en importantes cargos diplomáticos, sin concursos ni pruebas de méritos, implica un retroceso para la política exterior. Porque designar a personas que no tienen la preparación necesaria para cumplir tales funciones, echa por tierra todo el esfuerzo que se viene haciendo por profesionalizar la carrera diplomática.

Nota del Editor: Este artículo fue modificado después de su publicación para precisar el momento en que Margarita Manjarrez dio sus declaraciones.

El decreto-ley 274 de 2000 define el servicio exterior como la actividad administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en desarrollo de la política exterior de Colombia, dentro o fuera del territorio, con el fin de representar los intereses del Estado y de proteger y asistir a sus nacionales en el extranjero. Y también dice que la Carrera Diplomática y Consular es un régimen especial y jerarquizado, basado en el mérito, que regula el ingreso por concurso público, el ascenso, la permanencia y el retiro de los funcionarios pertenecientes a la misma.

Sin embargo, la misma norma señala que el cargo de embajador o cónsul será de libre nombramiento y remoción del presidente de la República. En consecuencia, para ser embajador ante un gobierno o representante permanente ante un organismo internacional, no es requisito pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular. Además, la Sentencia C-292-01 del 16 de marzo de 2001, de la Corte Constitucional, señaló que al menos el 20% de los embajadores que representan al país en el exterior deben venir de la carrera diplomática, dejando un amplio margen del 80% para los que no estén en ella. Y el Decreto 26, expedido el 9 de enero de 2018, a su vez, limitó a 50 el cupo de funcionarios de la carrera diplomática que pueden tener el rango de embajador. 

De ahí que el servicio diplomático sea utilizado por los gobiernos de turno para cumplir compromisos políticos adquiridos, en su mayoría, durante la campaña que los llevó al poder. En un artículo de este diario en enero de este año se contaba que de los 769 cargos diplomáticos que había ene se momento en la Cancillería, un 49% estaban ocupados por funcionarios de carrera, mientras que el resto de empleados, la mayoría, llegaron allí por nombramientos políticos. “En Colombia, el clientelismo, el nepotismo y el mal manejo de la nómina pública siguen pasando de largo”, decía en ese artículo Margarita Manjarrez, presidenta de la Asociación Diplomática y Consular, que agrupa a los funcionarios de carrera y les brinda representación legal.

Lo que se alega es el desperdicio de los recursos públicos utilizados en la formación de empleados de carrera que no llegan a ocupar los puestos que les corresponden, por no hablar de la extensa nómina que hay que pagar entre los nombramientos políticos y quienes son embajadores de carrera y trabajan en Bogotá. Mientras en Colombia alrededor del 14 % de los embajadores que representan al país en el exterior se formaron en la carrera diplomática, según datos de la Asociación de Diplomáticos de Carrera de Chile, en Brasil son el 98 %, en Uruguay el 90 % y en Argentina el 88 %. El país sólo supera a naciones como El Salvador (con el 1 %) y Arabia Saudita (4 %).

Así las cosas, a la hora de hacer un balance desde ese punto de vista en estos casi tres meses de gobierno de Iván Duque, se puede constatar que son varios los nombramientos con los que el nuevo mandatario ha pagado los apoyos en el reciente proceso electoral y la lealtad al uribismo. Los dos más notorios, sin duda, son los del exvicepresidente Francisco Santos como embajador ante Estados Unidos y el del exprocurador Alejandro Ordóñez ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Los dos son uribistas “purasangre” y tuvieron un papel protagónico en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.

En esa lista de políticos ubicados en cargos diplomáticos aparecen la exsenadora Nohora Stella Tovar Rey, nombrada embajadora en República Dominicana y la exfiscal y exsenadora liberal Viviane Aleyda Morales, quien fue candidata presidencial por el Partido Somos pero renunció a su aspiración para adherir precisamente a Duque, ahora embajadora en Francia. También Guillermo Fernández de Soto, excanciller en el gobierno de Andrés Pastrana y diplomático en el de Álvaro Uribe, que llegó como embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU); y otra “pastranista”: Gloria Inés Ramírez, quien acompañó al hoy presidente Duque en su campaña como estratega en comunicaciones, que se fue para la Embajada de Italia.

Están además el exembajador de Uribe en Perú y hombre de radio Álvaro Pava Camelo, de filiación conservadora, quien fue nombrado representante diplomático del nuevo gobierno en Argentina; y recientemente se confirmó a Ana Milena Muñoz, esposa del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, en la embajada de Egipto. Este último nombramiento generó una aclaración de la colectividad roja, que en un comunicado señaló que la decisión había sido potestad del Gobierno y no en nombre del partido, que se declaró en independencia de Duque.

La caucana María Claudia Mosquera llegó a la Embajada de Perú, cargo que ya ocupó con Uribe; y en la lista toca mencionar dos pendientes: el exvicepresidente Angelino Garzón, postulado para la Embajada de Costa Rica, y Ubeimar Delgado, a la de Suecia, pero que ha encontrado obstáculos por no hablar inglés ni el idioma de ese país europeo, requisitos necesarios para el cargo.

Hay otros nombres de reconocidos uribistas colocados en consulados: Erika Eliana Salamanca, una activa twitera cercana al expresidente Uribe, en el de Washington; Emilio Merino González, exdiputado vallecaucano, en Lima (Perú); y Luis Ernesto Araújo Rumie, hijo del excanciller de Uribe Fernando Araújo y hermano del actual senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araújo, que es nuevo ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos. Y se habla de que Federico Hoyos, exrepresentante a la Cámara uribista por Antioquia en el anterior período, será el embajador en Canadá.

Cabe aclarar que varios de los aquí mencionados cuentan con una buena hoja de vida y estudios acreditados. Pero queda claro que la costumbre de pagar favores políticos y personales a través de nombramientos sigue siendo una práctica recurrente y que, sea como sea, nombrar a dirigentes políticos o sus parientes en importantes cargos diplomáticos, sin concursos ni pruebas de méritos, implica un retroceso para la política exterior. Porque designar a personas que no tienen la preparación necesaria para cumplir tales funciones, echa por tierra todo el esfuerzo que se viene haciendo por profesionalizar la carrera diplomática.

Nota del Editor: Este artículo fue modificado después de su publicación para precisar el momento en que Margarita Manjarrez dio sus declaraciones.