Piden acumular expedientes del CNE sobre financiación de la campaña Petro
La solicitud la hizo el magistrado Álvaro Hernán Prada, quien investiga otras posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene en su poder varios expedientes relacionados con los gastos de la campaña presidencial del presidente Petro en 2022. Dos magistrados investigan, entre otras cosas, si se superaron los topes electorales o ingresaron dineros ilegales, esto último tras la revelación de los audios de la pelea entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.
El primer expediente está en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz, quien desde el pasado 2 de febrero recibió quejas sobre presuntas irregularidades en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña en cuestión. Ortiz investiga la presunta violación al tope de gastos y, además, recibió las recientes denuncias derivadas de los audios del exembajador de Colombia en Venezuela.
Lea también: Lo que busca el CNE en las cuentas de campaña del presidente Gustavo Petro
Por estos hechos, el magistrado citó a declarar a Benedetti y a Sarabia este 13 de junio; sin embargo, la diligencia acaba de ser suspendida por la propuesta de uno de sus compañeros, Álvaro Hernán Prada, el otro magistrado que debe investigar la campaña del hoy presidente.
Prada pidió acumular los dos expedientes, lo que suspende todas las actuaciones del caso mientras se define cómo se asignará las investigaciones. Paralelamente, la Sala Plena del CNE negó la propuesta de otros magistrados que pedían conformar una comisión de tres investigadores, lo que para algunos significaba quitarle el expediente a Ortiz.
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Puntualmente, este magistrado investiga por qué en la información reportada de la campaña Petro no aparece el contrato de prestación de servicios de Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Se trata de un punto crucial, pues la campaña estuvo cerca de superar el tope de gastos: $27.453′094.557 para la primera vuelta y $12.840′703.931 para la segunda.
Por otra parte, indaga si tampoco se registraron presuntos pagos a los testigos electorales del Pacto Histórico. Como contó La Silla Vacía, hay evidencias de que la campaña no habría reportado los pagos voluntarios a estos testigos, cerca de 1.000 testigos, a quienes le habrían enviado el dinero a través de servicios como SuRed, SuSuerte y Supergiros.
Si el CNE verifica las posibles irregularidades el primer responsable, según la ley, sería Ricardo Roa, quien manejó los dineros de la campaña y conoce de cerca cómo se gastó la plata en publicidad, viajes, eventos públicos, entre otros temas. Las penas por financiación ilegal o por superar el tope de gastos van desde los cuatro hasta los ocho años de prisión.
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El primer expediente está en el despacho del magistrado Benjamín Ortiz, quien desde el pasado 2 de febrero recibió quejas sobre presuntas irregularidades en la presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña en cuestión. Ortiz investiga la presunta violación al tope de gastos y, además, recibió las recientes denuncias derivadas de los audios del exembajador de Colombia en Venezuela.
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Prada pidió acumular los dos expedientes, lo que suspende todas las actuaciones del caso mientras se define cómo se asignará las investigaciones. Paralelamente, la Sala Plena del CNE negó la propuesta de otros magistrados que pedían conformar una comisión de tres investigadores, lo que para algunos significaba quitarle el expediente a Ortiz.
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Por otra parte, indaga si tampoco se registraron presuntos pagos a los testigos electorales del Pacto Histórico. Como contó La Silla Vacía, hay evidencias de que la campaña no habría reportado los pagos voluntarios a estos testigos, cerca de 1.000 testigos, a quienes le habrían enviado el dinero a través de servicios como SuRed, SuSuerte y Supergiros.
Si el CNE verifica las posibles irregularidades el primer responsable, según la ley, sería Ricardo Roa, quien manejó los dineros de la campaña y conoce de cerca cómo se gastó la plata en publicidad, viajes, eventos públicos, entre otros temas. Las penas por financiación ilegal o por superar el tope de gastos van desde los cuatro hasta los ocho años de prisión.
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