En el Gobierno hay un sentimiento unánime de victoria por el capítulo que está por iniciarse en el país una vez sea radicada la consulta popular en medio de las marchas de este 1 de mayo. Es uno en el que la izquierda le lleva la delantera a la derecha, pues faltando más de un año para las elecciones legislativas y presidenciales, el presidente Gustavo Petro tiene vía libre para hacerle campaña a su proyecto sin incurrir en inhabilidades, sabiendo además que sea cual sea la respuesta de los senadores a su consulta, esta será usada a su favor para reforzar su discurso electoral.
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Todo va acompañado del simbolismo que ha caracterizado a este gobierno y por ello, los funcionarios de la Casa de Nariño y los congresistas del Pacto Histórico se movieron con fuerza en las últimas 24 horas para garantizar que la marcha sea un “éxito” y deje en el aire la sensación de que el pueblo pide que la consulta llegue a las urnas con prontitud.
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Hubo reuniones con las bases, actividades con los comités ya instalados por el sí, diálogos con centrales obreras, comunidades indígenas y campesinas, e incluso se firmaron contratos, al parecer, en un intento de mostrarles a estos sectores de qué lado está el Ejecutivo.
Por supuesto, el oficialismo escogió el 1° de mayo, Día del Trabajo, como la fecha indicada para que el presidente en persona asista a la Secretaría del Senado y radique la consulta, un mecanismo que busca sacar adelante los puntos más importantes de la reforma laboral hundida en el Congreso y que podría llegar a ser un termómetro para que el jefe de Estado se haga una idea de qué tanto respaldo tiene su propósito de reelegir el progresismo para el próximo año.
Pero no solo es un día importante para el Gobierno, sino también para la oposición, pues dependiendo de la cantidad de personas que salgan a las calles y de la simpatía que mueva el discurso que dará el jefe de Estado sabrá a qué se está enfrentando y cuál es su margen de maniobra político. Algunos dirían que es una “guerra” de discursos y la apertura no oficial de la campaña de lado y lado.
Los mismos ministros y congresistas del oficialismo señalan, incluso públicamente, que el progresismo tiene más que claro su discurso electoral y que la derecha está en medio de una encrucijada por no saber qué determinación tomar frente a la consulta que radicará este jueves el presidente Petro junto a sus legisladores y funcionarios.
Y aunque la oposición dice que no apoyará la consulta por los casi $700.000 millones que costaría (según cifras de la Registraduría) y porque está siendo utilizada a modo de campaña por el Gobierno, el oficialismo sostiene que si esta se hunde los opositores serán vistos por el electorado como políticos “frívolos” que están contra los derechos laborales.
Desde la misma derecha hay uno que otro que lamenta el desenlace que ha tenido el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, pues los ocho votos de archivo le dieron gasolina y un pretexto al Gobierno para salir a las calles y gastar recursos del erario público en nombre de la consulta. Ahora, mientras la Casa de Nariño está en las marchas y ocupándose de la radicación, los opositores examinan estrategias con pinzas y bajo la precaución de no terminar dándole aire al supuesto bloqueo institucional del que habla el jefe de Estado.
“Hundir la consulta sería una demostración aún mayor de que tienen una decisión de bloqueo institucional y mediático al Gobierno Nacional. No saben qué hacer y nos pusieron un escenario en el que nosotros estamos acostumbrados, el de convocar a la gente y hacer que expresen su poder”, dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en el podcast que está realizando el representante Santiago Osorio (Alianza Verde).
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En esto coincide el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha venido expresando que el hundimiento de la reforma laboral fue un “papayaso” que supo identificar tan solo segundos después de que los ochos senadores (Nadia Blel, Esperanza Andrade, Miguel Ángel Pinto, Berenice Bedoya, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos) radicaran la ponencia de archivo en marzo. Ese mismo día, el funcionario le dijo a El Espectador mientras se desplazada del Congreso a la Casa de Nariño que, pese a la negativa de la comisión, quedaba por delante mucho camino y varios pasos por tomarse.
Y en efecto, la consulta es solo uno de esos y para desarrollarlo, además de la radicación en el Senado, el Gobierno ya ha consolidado varios comités por el sí a lo largo y ancho del país, inició la pedagogía de las 12 preguntas que la conforman y ordenó a sus ministerios moverse con recursos propios para que los colombianos tengan claro qué es la consulta y por qué debería votarse. Ya circulan piezas gráficas y hasta publicidades audiovisuales promocionando la consulta.
“No fuimos nosotros los que teníamos planeado activar esta movilización, fue una reacción natural y legítima de las centrales obreras al hundimiento de la reforma. La derecha está en un encrucijada y nosotros mientras tanto nos concentraremos en hacer una gran campaña de pedagogía”, indicó el representante Gabriel Becerra, uno de los coordinadores de la movilización.
Precisamente, la movilización es otro paso importante que se seguirá viendo en este último capítulo de Petro y por ello, el Gobierno estuvo en estas últimas semanas llamando a sus bases para la movilización de este jueves e incluso renovando sus compromisos con los sindicatos y las comunidades indígenas y campesinas.
El ministro de Trabajo, Sanguino, invitó a las centrales obreras a su despacho para darles la tranquilidad de que el Gobierno está para ellas y que escucha sus quejas; el presidente Petro respaldó a la Minga indígena que llegó a la Universidad Nacional, bloqueó vías en Bogotá e incluso se tomó parte de las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Además, dos días antes de la movilización, el Ministerio de Salud firmó un contrato por $39.000 millones con el Consejo Regional Indígena del Cauca, un organismo que junto con otros como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC) o la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) suman procesos contractuales con el Gobierno por más de $400.000 millones. Se espera su asistencia este jueves.
Por lo pronto, el Gobierno mantiene sus apoyos en las calles y siente que su consulta popular avanza a buen ritmo. Sin embargo, no solo deberá reunir los votos en la plenaria del Senado para que la iniciativa sea una realidad, sino también, evitar que proyectos como la mini reforma laboral del Partido Liberal le resten fuerza a la consulta siendo aprobada en el Legislativo. Desde el Pacto hablan de radicar una ponencia alternativa o incluso una negativa a esta medida.
“Así aprueben la mini reforma, la consulta va, pues no recoge el espíritu de la reforma laboral del Gobierno y es una hipocresía y una cachetada”, considera la representante María Fernanda Carrascal.
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En todo caso, el Gobierno parece estar tranquilo frente al panorama político en el que está entrando el país, pues tanto Petro, como su ministro Benedetti, saben moverse bien en aguas revueltas. Si el Senado dice no, el Gobierno acudirá a la bandera del bloqueo institucional y buscará avivar al electorado, y si el voto es por el sí, el jefe de Estado usará las urnas como una manera anticipada de mover a los ciudadanos por el voto progresista.
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