23 May 2019 - 3:00 a. m.

Marihuana recreativa, el punto de partida de una alianza en el Congreso

Doce parlamentarios de distintas fuerzas políticas anunciaron que trabajarán conjuntamente para formular una política de drogas desde el enfoque de la salud pública y la regulación del consumo. El 20 de julio radicarán el primer paquete de proyectos.

-Redacción Política

El uso recreativo de la marihuana avanza en otros países. En Colombia se abre la discusión. / AFP
El uso recreativo de la marihuana avanza en otros países. En Colombia se abre la discusión. / AFP

Un bloque de parlamentarios de distintas colectividades se reunieron ayer para anunciar que, a partir de ahora, sus equipos legislativos trabajarán conjuntamente con el objetivo de construir una nueva política de drogas. La tesis: la guerra que se ha venido liderando en las últimas décadas fracasó estruendosamente en Colombia y el mundo. Una estrategia que se inició en la década de los 70, desde la Presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos, y que le ha costado al país cientos de millones de dólares y miles de muertos. Este grupo de 12 congresistas está de acuerdo en que el paradigma con el que se ha enfrentado esta problemática debe cambiar y su primer proyecto será reglamentar el uso de la marihuana recreativa en Colombia.

Los argumentos: entre 2000 y 2015, el Estado ha gastado US$140.000 millones, lapso en el cual los cultivos de coca pasaron de 134.000 hectáreas a 213.000, y de 12 departamentos a 23; la lucha contra las drogas ha costado la vida a 6.942 policías y militares, y a 25.000 civiles; y hace 19 años se producían 700 toneladas de cocaína y hoy se calcula que salen 917 toneladas. El promotor del bloque interpartidista es el senador Gustavo Bolívar, de la Lista de los Decentes, quien encontró eco en los senadores Armando Benedetti y Andrés García Zucardi (de la U), Julián Gallo (Partido FARC), Aída Avella (UP), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Wilson Arias (Polo Democrático) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal).

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El objetivo es ambicioso: cambiar una política de drogas que ha reinado en Colombia y el mundo por más de 30 años; abrir el camino del consumo recreativo de marihuana; desarrollar el punto de drogas del Acuerdo de Paz, que implica garantías de sustitución de cultivos ilícitos; asegurar las inversiones de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y combatir la política prohibicionista, basada en la penalización del consumo, abriéndole paso a una política desde el enfoque de salud pública. Su esfuerzo guarda relación con el punto 4 del Acuerdo de Paz, que versa sobre el problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia y que, en el cambio de gobierno, parece haber quedado relegado en los estantes de las bibliotecas.

Mientras tanto, los cultivos de coca, marihuana y amapola se extienden por la geografía nacional al compás de la frustración de las miles de familias que firmaron acuerdos de sustitución de cultivos y que han visto que estos no avanzan y que, antes que el Estado, los territorios dejados por las Farc fueron ocupados por grupos armados ilegales, en busca de controlar los corredores para el tráfico de estupefacientes. De igual forma, el consumo de sustancias alucinógenas en el mundo tiende a crecer, y Colombia no es la excepción. Sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho evidente que enfrentará estas problemáticas desde la óptica prohibicionista, penalizando el porte y consumo de drogas, y promoviendo el regreso a la fumigación aérea con glifosato y la defensa de la extradición.

“El narcotráfico ha sido transversal al desarrollo del conflicto armado, y como el consumo en el mundo no baja -va incluso en aumento, hay 274 millones de consumidores-, entonces los cultivos se desplazan buscando mejores condiciones para su plantación, producción y tráfico”, dijo el senador Bolívar. “El narcotráfico está en la base de una serie de problemas que afectan a la población colombiana. Tenemos que abandonar la guerra contra las drogas, pues es claro el fracaso. La nueva política debe ser formulada a partir de nuestras realidades como nación y no como producto de imposición de Estados Unidos”, agregó, a su vez, el legislador de la FARC Julián Gallo.

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Y el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, sintetizó lo que ha sido el resultado, desde su perspectiva, de la fumigación, la penalización y la extradición: “Tres herramientas que no han sido efectivas y que se han tratado casi que de forma religiosa, pues no permite cuestionamientos. Vale la pena discutir seriamente estos tres pilares que explican el fracaso de lucha contra las drogas”.

Según datos obtenidos por la oficina del senador Armando Benedetti, quien ha sido promotor de una política de regulación al consumo de sustancias psicoactivas, desde que el presidente Duque se posesionó en el cargo, han sido atendidas 35.618 personas con trastornos por consumo de drogas. De los 6.899 casos, 2.972 corresponden a consumo de cannabinoides. El Sistema Integral de Información de la Protección Social también reportó que desde agosto de 2018 se han atendido 9.172 menores de entre 0 y 17 años por trastornos por consumo de sustancias alucinógenas.

En respuesta, el Gobierno lanzó la política Ruta a Futuro que, sin embargo, está apenas en etapa de contratación del personal experto en la materia. Este programa cuenta con una apropiación presupuestal para la presente vigencia de $2.462’063.894, representados en el talento humano. El Ministerio de Salud asegura que se encuentra tramitando, para lo vigencia 2020, la suma de $3.600’000.000 de recursos del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha cintra el Crimen Organizado, FRISCO, al Consejo Nacional de Estupefacientes.

Por ejemplo, en temas de criminalidad, en Estados Unidos, en donde algunos estados han legalizado el consumo recreativo, ha habido una reducción de arrestos por posesión de la marihuana del 99 % en Washington, 96 % en Oregon y 93 % en Alaska. “Esto significó un ahorro enorme de recursos policiales, además de evitar un costo humano enorme de personas siendo arrestados o detenidos”, señaló Hetzer, quien además explicó que hubo un aumento de ingresos para el Estado de impuestos sobre la marihuana, que se pueden invertir en programas sociales y públicos.

Y aunque es cierto que las políticas públicas se implementan con base en la realidad de cada nación, este bloque de congresistas se ha propuesto crear una fórmula que se adapte a la necesidad del país del mundo que más ha sufrido la guerra contra las drogas: Colombia. Sin duda, un tema que genera polémica, más aún cuando el mismo presidente Duque viene haciendo un llamado a un “gran pacto nacional” para, entre otras cosas, blindar la extradición, mecanismo que considera fundamental en el marco de la colaboración con Estados Unidos, precisamente en la lucha contra las drogas.

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