Así toca a la campaña en la que está el país el atentado contra Miguel Uribe

En los alrededores de la Fundación Santa Fe se reunieron varias personas por el atentado contra Miguel Uribe en Bogotá.

Foto: Oscar Pérez El Espectador

La agitación que ya venía sacudiendo el escenario electoral por cuenta de los altos decibeles de polarización terminó por llegar a un punto de inflexión con el atentado conta Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato del Centro Democrático que recibió dos disparos en la tarde de este sábado en el occidente de Bogotá.

Si bien recibió en la Fundación Santa Fe un “procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico” tras ingresar “en estado crítico”, y las autoridades realizan pesquisas en diversos niveles –a lo que se suma la captura de un menor de edad quien habría sido el responsable de activar el arma–, un halo de tensión se cernió sobre la campaña anticipada en la que está el país.

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La razón es que es cuestión de días para que se intensifiquen las salidas en plaza pública de los candidatos, quienes –como lo hacía Uribe Turbay cuando lo atacaron con un arma de fuego– enfilan sus baterías en potenciar sus propuestas de campaña ante la gente. Por eso, el Gobierno se movió de inmediato para reforzar la seguridad de los candidatos de todas las vertientes.

“La primera responsabilidad del presidente de Colombia es cuidar la vida de su propia oposición”, dijo el jefe de Estado, Gustavo Petro, durante una alocución desde la Dipol en la que informó que se están investigando los hechos y que la orden es encontrar a los responsables en territorio nacional o en el extranjero.

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Este mensaje lo potenciaron de inmediato los ministros de Defensa, Pedro Sánchez, y del Interior, Armando Benedetti, quienes confirmaron el reforzamiento de los esquemas de seguridad de los aspirantes. De hecho, también se ofreció una recompensa de $3.000 millones por información que permita llegar a los autores intelectuales del atentado contra Uribe Turbay. La Unidad Nacional de Protección igualmente entró en estos procesos.

“Apelamos a la reflexión ciudadana”, dijo el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido por el cual el legislador que salió en la madrugada de este domingo de cirugía busca el aval para estar en tarjetón presidencial, al rechazar el ataque.

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Lo que se viene en ese sentido es que la seguridad se vuelve a poner en el primer nivel de la agenda pública, pues el atentado se presentó en plena capital del país, a la luz del día y coincide con un momento de convulsión política y focos rojos de orden público en varias regiones. Y además se presentó cuando las diferentes fuerzas intentaban individualizar a sus cartas para buscar un relato que las identificara ante el electorado.

Pero con lo que pasó este 7 de junio la discusión se centró en el atentado y en cómo impactará en la campaña. Los propios aspirantes expresaron sus preocupaciones en el frente de seguridad, tanto por sus propios entornos como por lo que implica acudir a plaza pública con riesgos latentes.

“Es inaceptable que la violencia vuelva a la política; la polarización no es un juego”, aseguró la exalcaldesa de Bogotá y candidata por el movimiento Imparables, Claudia López. “La violencia no puede seguir poniendo la agenda de las elecciones en Colombia; (…) el Gobierno debe reforzar esquemas a candidatos”, precisó el exsenador y exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien busca el guiño presidencial del progresismo.

Estas palabras, de las cuales también hicieron eco otros aspirantes de diversas corrientes, coinciden con la necesidad que se ventiló de volver a convocar a la Comisión Nacional de Garantías Electorales, con el fin de que se establezcan medidas claras de atención para el proceso de citación a urnas que está avanzando.

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Pero este proceso depende en gran medida del Gobierno, que debe hacer la convocatoria para que se reúna. Además, el registrador Nacional, Hernán Penagos, ha sostenido encuentros con el ministro Sánchez y la cúpula de la Policía para determinar puntos de acción. No obstante, aún no se concreta una cita con el ministro Benedetti.

En todo caso, este domingo se confirmó que la Comisión de Garantías Electorales fue convocada por el Gobierno para este 9 de junio, a las 2 de la tarde. Esto lo confirmó el ministro Benedetti.

En algunos sondeos ha quedado en evidencia que precisamente la situación de orden público y seguridad está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Ese es el caso de Invamer, que en una medición de finales de marzo pasado evidenció que el 21,2 % de sus encuestados coinciden con ese ítem, mientras que el 19 % indicó que es el desempleo y la economía.

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Y esto último era el otro eje sobre el que se estaba dando la discusión pública con más fuerza hasta lo ocurrido este sábado. El déficit público llevó a la Casa de Nariño a plantear la posibilidad de suspender la regla fiscal en momentos en que se anticiparon recaudos de renta vía decretos, lo cual tiene en alerta al sector empresarial y, entre otras instancias, a las calificadoras de riesgo.

En medio además se encuentra el debate que hay sobre el decretazo que alista el presidente Petro para promover una consulta popular, con la que –bajo la tesis de darles aire a las reformas que no han sido objeto de consenso en el Congreso– quiere medir fuerzas en urnas con el objetivo de reelegir en 2026 al progresismo en el poder.

En este punto se generó una tensión institucional que llegó al punto de llevar al mandatario a advertir que el ministro de que no firme el decreto debe salir de inmediato del gabinete. En paralelo, la oposición confirmó que tiene listo el arsenal jurídico para denunciar por posible prevaricato a quienes den ese paso.

Los decibeles subieron al punto de acusar al jefe de Estado de mostrar supuestos visos dictatoriales y a este a responder con señalamientos de posibles delitos y de usar constantemente la expresión “pueblo” para indicar que son sus planteamientos los que tienen respaldo ciudadano y no los de sus contradictores. En ese cruce de dardos también cayeron la Corte Constitucional, el Congreso de Estado y –entre otras entidades– la Procuraduría.

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En todo ese contexto se venía dando el debate electoral, sumando el componente internacional con la alerta que lanzó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien le pidió a Naciones Unidas vigilar la tensión en Colombia –un paso que también dio el oficialismo en otros escenarios extranjeros–, por lo que el punto que se marca con el atentado contra Miguel Uribe es crucial.

“Esto es consecuencia del ambiente de odio y estigmatización que ha promovido el Gobierno de Gustavo Petro contra quienes pensamos distinto. Exigimos garantías para la vida y la participación política de toda la oposición. Colombia no puede tolerar este nivel de violencia política”, advirtió la senadora y precandidata María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Esto contrastó con lo expresado por el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, cuyo pronunciamiento fue enfocado al rechazo de los hechos y a la reducción de la polarización que vive el país. “Un llamado a la calma, a rodear las instituciones y a defender nuestra democracia”, aseguró.

Y la defensora del Pueblo, Iris Marín, dejó en claro que su entidad “está en plena disposición de hacer lo que corresponda para contribuir a dar plenas garantías al Centro Democrático y a todas las candidaturas y partidos políticos”.

Por todo esto es que la campaña ahora dará un giro hacia cómo encontrar puentes que permitan esquivar este tipo de situaciones, en especial porque en los meses que quedan para las citas a urnas deben encauzarse hacia una desescalada de la polarización. Los candidatos están expresando mensajes en ese sentido y el Gobierno mismo busca que ese sea el camino para recorrer.

Ahora lo que se espera es el reporte de cómo avanza la salud de Uribe Turbay y los resultados de las investigaciones que el propio presidente Petro precisó que se están adelantando. Todas las partes saben que el tiempo es crucial.

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