Mindefensa dice que, antes del fallo de la Corte, ya había pedido perdón

A solo horas de que se cumpla el plazo que la Corte Suprema de Justicia le dio al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que pida perdón por los abusos y exceso de fuerza de la Policía en el Paro Nacional de 2019, en la tarde de este jueves se conoció un pronunciamiento del funcionario. En un breve comunicado, Trujillo asegura que el pasado 11 de septiembre –mucho antes de que se conociera el fallo– ya había pedido excusas por “cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos”.

En contexto: “Gobierno le hace conejo a la Corte”: oposición por respuesta a fallo sobre protestas

En la misiva, el ministro argumenta que, con ocasión de la sentencia, reitera que, “en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso”, ya había pedido perdón por alguna irregularidad en la que hubiese incurrido cualquiera de los miembros de la institución.

“Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”, señala la respuesta del funcionario.

Lea también: La defensa de la Corte Suprema al derecho a disentir

Según Trujillo, corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes determinar las responsabilidades en cada caso individual. Por su parte, tanto el Gobierno como el Ministerio de Defensa “seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso”. A continuación, el pronunciamiento del ministro el pasado 11 de septiembre:

Ante la reacción del ministro, el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, negó que el perdón emitido el 11 de septiembre aplique para este caso: “Si hay una orden del 23 de septiembre, no se puede decir que ya se disculpó hace días. Ese acto no se configura como un perdón en los términos que pide la Corte. Es una cuestión lógica”, explicó Bernate, señalando que ahora la misma Corte deberá pronunciarse y evaluar si lo que hubo fue un desacato o no.

En el plano político, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) manifestó que Trujillo se equivoca si cree que podrá “burlarse impunemente de la justicia”, advirtiendo que nadie está por encima de la ley y la Constitución. A su turno, el representante Inti Asprilla (Alianza Verde), calificó el pronunciamiento como “un falso perdón” y sostuvo que quedó demostrado “que cualquier sátrapa, indolente, cínico y solapado, desde que sea uribista, puede ser ministro de Defensa”.

A su turno, el senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal), declaró que el ministro ofreció excusas por lo ocurrido con el abogado Javier Ordoñez, quien falleció tras un procedimiento policial. Sin embargo, “ahora está constituyendo desacato a la orden de tutela que lo obliga a ofrecer disculpas, pero por la muerte del estudiante Dilan Cruz”.

Desde el oficialismo, la senadora Paloma Valencia insistió en que Trujillo ya había pedido perdón e incluso, el presidente había repudiado los hechos. “El ministro cumplió. El problema son las decisiones estructurales que, por vía de la tutela, le quieren imponer al Gobierno Nacional, hecho que evidentemente no respeta el ordenamiento jurídico”.

En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al ministro no solo pedir perdón por los abusos y exceso de fuerza en que incurrieron agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), sino hacer reformas de fondo luego de asegurar que la Fuerza Pública ha actuado de manera violenta y arbitraria, de forma sistemática, en las movilizaciones.

Ese fallo, insistían expertos juristas y la Procuraduría General, debía cumplirse pues fue emitido en segunda instancia y no hay posibilidad de impugnarlo. La única opción plausible para modificar las órdenes del fallo era acudir a la Corte Constitucional y solicitarle que lo seleccione para revisión.

Este proceso, que el Gobierno ya anunció que hará, no tiene plazos y es apenas una posibilidad ya que el alto tribunal podría no escogerlo. En ese sentido, el Gobierno debía cumplir el fallo de tutela como lo reclamaban voces de múltiples sectores políticos al ministro de Defensa, Carlos Holmes, quien aseguró este miércoles que “el Esmad no incurre institucionalmente en excesos”, sino que se trata de casos aislados.

El procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos. Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”.

Incurrir en acciones de desacato tiene implicaciones legales y medidas correccionales que pueden ser multas y hasta una orden de arresto. A la misma postura del Procurador, se sumaron expertos juristas. El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández por ejemplo, dijo que la solicitud de revisión no es motivo para incumplir las órdenes.

“El juez de tutela no solicita, ordena. Debe ser acatado”, precisó. El profesor y reconocido abogado Rodrigo Uprimny agregó que el fallo “está en firme y debe ser cumplido”. “Otra cosa es que la Corte Constitucional pueda revisar esa tutela y la revoque o modifique, pero esa eventualidad no autoriza al gobierno a incumplir órdenes de la Suprema”, dijo.

A solo horas de que se cumpla el plazo que la Corte Suprema de Justicia le dio al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que pida perdón por los abusos y exceso de fuerza de la Policía en el Paro Nacional de 2019, en la tarde de este jueves se conoció un pronunciamiento del funcionario. En un breve comunicado, Trujillo asegura que el pasado 11 de septiembre –mucho antes de que se conociera el fallo– ya había pedido excusas por “cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos”.

En contexto: “Gobierno le hace conejo a la Corte”: oposición por respuesta a fallo sobre protestas

En la misiva, el ministro argumenta que, con ocasión de la sentencia, reitera que, “en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso”, ya había pedido perdón por alguna irregularidad en la que hubiese incurrido cualquiera de los miembros de la institución.

“Esa espontánea expresión de perdón se refiere a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”, señala la respuesta del funcionario.

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Según Trujillo, corresponderá a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes determinar las responsabilidades en cada caso individual. Por su parte, tanto el Gobierno como el Ministerio de Defensa “seguirán prestando todo su apoyo a estas autoridades y están atentos a los resultados de las investigaciones que se encuentran en curso”. A continuación, el pronunciamiento del ministro el pasado 11 de septiembre:

Ante la reacción del ministro, el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, negó que el perdón emitido el 11 de septiembre aplique para este caso: “Si hay una orden del 23 de septiembre, no se puede decir que ya se disculpó hace días. Ese acto no se configura como un perdón en los términos que pide la Corte. Es una cuestión lógica”, explicó Bernate, señalando que ahora la misma Corte deberá pronunciarse y evaluar si lo que hubo fue un desacato o no.

En el plano político, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) manifestó que Trujillo se equivoca si cree que podrá “burlarse impunemente de la justicia”, advirtiendo que nadie está por encima de la ley y la Constitución. A su turno, el representante Inti Asprilla (Alianza Verde), calificó el pronunciamiento como “un falso perdón” y sostuvo que quedó demostrado “que cualquier sátrapa, indolente, cínico y solapado, desde que sea uribista, puede ser ministro de Defensa”.

A su turno, el senador Guillermo García Realpe (Partido Liberal), declaró que el ministro ofreció excusas por lo ocurrido con el abogado Javier Ordoñez, quien falleció tras un procedimiento policial. Sin embargo, “ahora está constituyendo desacato a la orden de tutela que lo obliga a ofrecer disculpas, pero por la muerte del estudiante Dilan Cruz”.

Desde el oficialismo, la senadora Paloma Valencia insistió en que Trujillo ya había pedido perdón e incluso, el presidente había repudiado los hechos. “El ministro cumplió. El problema son las decisiones estructurales que, por vía de la tutela, le quieren imponer al Gobierno Nacional, hecho que evidentemente no respeta el ordenamiento jurídico”.

En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia ordenó al ministro no solo pedir perdón por los abusos y exceso de fuerza en que incurrieron agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), sino hacer reformas de fondo luego de asegurar que la Fuerza Pública ha actuado de manera violenta y arbitraria, de forma sistemática, en las movilizaciones.

Ese fallo, insistían expertos juristas y la Procuraduría General, debía cumplirse pues fue emitido en segunda instancia y no hay posibilidad de impugnarlo. La única opción plausible para modificar las órdenes del fallo era acudir a la Corte Constitucional y solicitarle que lo seleccione para revisión.

Este proceso, que el Gobierno ya anunció que hará, no tiene plazos y es apenas una posibilidad ya que el alto tribunal podría no escogerlo. En ese sentido, el Gobierno debía cumplir el fallo de tutela como lo reclamaban voces de múltiples sectores políticos al ministro de Defensa, Carlos Holmes, quien aseguró este miércoles que “el Esmad no incurre institucionalmente en excesos”, sino que se trata de casos aislados.

El procurador General, Fernando Carrillo, aseguró que “las decisiones de la justicia deben acatarse y cumplirse así no se compartan. Ese principio es la base de un Estado de derecho democrático y más cuando se trata de entidades públicas y de servidores públicos. Las autoridades pueden solicitar a la Corte Constitucional la selección de una tutela para que el alto tribunal revise las disposiciones impartidas, pero ello no las exonera del cumplimiento de la decisión que busca proteger derechos fundamentales. Incumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia es incurrir en desacato”.

Incurrir en acciones de desacato tiene implicaciones legales y medidas correccionales que pueden ser multas y hasta una orden de arresto. A la misma postura del Procurador, se sumaron expertos juristas. El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández por ejemplo, dijo que la solicitud de revisión no es motivo para incumplir las órdenes.

“El juez de tutela no solicita, ordena. Debe ser acatado”, precisó. El profesor y reconocido abogado Rodrigo Uprimny agregó que el fallo “está en firme y debe ser cumplido”. “Otra cosa es que la Corte Constitucional pueda revisar esa tutela y la revoque o modifique, pero esa eventualidad no autoriza al gobierno a incumplir órdenes de la Suprema”, dijo.