En la tarde de este miércoles 25 de febrero, el ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende reformar las funciones de las asambleas departamentales. Y a su vez respondió sobre los ruidos que generó en las últimas horas el decreto 0150 de 2026 sobre la nueva emergencia económica.
En las últimas horas, un artículo del decreto 0150 ha causado ruidos sobre la posibilidad de contratar de manera directa de forma excepcional durante la emergencia económica. El artículo 12 sobre medidas excepcionales de contratación asegura que “las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para la ejecución de las medidas del presente decreto”.
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Esta medida es cuestionada por legisladores como Angélica Lozano, quien asegura que el Gobierno “metió esta perla en el Decreto 0175. Un artículo amplía la contratación directa, elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías. En plena época electoral”, aseveró en sus redes sociales.
Frente a esto, el ministro Armando Benedetti aseguró que no cree que este hecho “tenga que ver eso. Es únicamente para temas de emergencia. Estamos en campaña y cualquier cosa quieren hacerlo un objeto de campaña, una preocupación nacional. Las garantías han sido dadas desde el punto de vista electoral y del Gobierno como nunca antes se había presentado en el país”, comentó Benedetti en la rueda de prensa.
A su vez, radicó el proyecto de ley ordinaria “por medio de la cual se modifican y adicionan algunos artículos de la Ley 2200 de 2022, y se dictan otras disposiciones” pretende fortalecer la autonomía de las asambleas departamentales como corporaciones de elección popular, con el fin de garantizar su independencia frente a los gobiernos departamentales.
Los puntos claves del proyecto se centran en establecer la obligación progresiva de garantizar sedes, conectividad y herramientas tecnológicas adecuadas para el funcionamiento de las asambleas; regular las convocatorias públicas para la elección del Secretario General, con etapas claras, pruebas objetivas y criterios de evaluación; y fortalecer las herramientas para citar, requerir información y hacer seguimiento a los funcionarios del orden departamental.
El proyecto de ley plantea poner reglas sobre la reelección del Secretario General de las Asambleas. Pasarían de un período institucional indefinido sin precisar su duración a un período institucional del primero de enero al 31 de diciembre, con posibilidad de reelección automática mediante evaluación de desempeño en el último período ordinario, sin nuevo proceso de selección.
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A su vez, se detalla la elección del Secretario General con convocatoria pública obligatoria y ocho etapas que incluyen: Convocatoria pública con 10 días de anticipación al aviso, inscripción, lista de admitidos y no admitidos, pruebas objetivas eliminatorias con un mínimo 60 % de aprobación, análisis de méritos clasificatorio, lista de elegibles por puntaje, entrevista en sesión plenaria, elección por votación secreta por mayoría simple.
También plantea incluir en el artículo 33 un parágrafo que ordenaría valorar como mérito adicional posgrados y experiencia específica en gestión pública, secretaría de corporaciones públicas, control político, asesoría jurídica institucional, con experiencia mínima computable de dos años.
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