3 Oct 2018 - 1:00 a. m.

Ministro de Defensa insiste en regular la protesta social

Este martes se llevó a cabo el debate de control político en la Comisión II del Senado al ministro Guillermo Botero Gil por sus afirmaciones de que se debe de regular la protesta social y de que esta es financiada por los dineros ilícitos.

-Redacción Política

Antes de posesionarse, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, lanzó una polémica propuesta: regular la protesta social. Luego, ya en funciones, afirmó que las protestas eran financiadas por organizaciones armadas. Dos afirmaciones que llevaron al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, a citarlo a debate de control político este martes en la Comisión Segunda del Senado, considerando que se trata de afirmaciones genéricas, irresponsables y peligrosas para los líderes sociales, que en la actualidad padecen en carne propia la violencia en el país.

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“Este no es un debate de control político que está enfocado en una política que haya trazado el Ministerio de Defensa o el Gobierno, sino que gira alrededor de dos apreciaciones mías (…) es verdad que en mis intervenciones manifesté eso, pero tratar de tomar tres reglones, por más literales, genera imprecisión de todo lo que dije”, expresó Botero en su intervención.

Aclaró que sus palabras sobre la financiación de la protesta social fueron una generalización para una zona específica y no para todo el territorio nacional, algo que, según él, hicieron entender los medios de comunicación.

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Sin embargo, respecto a la regulación de esa protesta social, sostuvo su posición y extendió la invitación al Congreso para que legisle esta manifestación ciudadana, “que debe de ser libre y pacífica”. Asimismo se defendió de los señalamientos de que criminaliza esta expresión, diciendo que no está en contra de ella porque es un derecho consagrado en la Constitución del 91, pero que su materialización no puede atropellar los derechos de las mayorías, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la vía pública, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza Pública. A eso sumó que durante 2016, 2017 y lo que va de 2018 se registraron 624 procesos judiciales por conductas punibles dentro de las protestas.

Frente a su argumento de que lo citaron por una apreciación personal, el senador Cepeda le recordó que el lenguaje público es importante y que debe estar en concordancia con lo que se diga desde la Presidencia de la República, hasta con otros funcionarios del Gobierno.

Además del tema central del debate, el asesinato de líderes sociales fue un asunto por el que cuestionaron al ministro Botero. El funcionario ratificó su postura de que no se pueden catalogar como “sistemáticos”, mismo discurso que ha sostenido el Ejecutivo desde la administración de Juan Manuel Santos.

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