El ministro de Justicia, Néstor Osuna, respaldó la postura del presidente Gustavo Petro al negarse a acatar la orden de la Procuraduría sobre la suspensión de tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes. “La Procuraduría tiene competencia disciplinaria, pero en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los funcionarios elegidos popularmente, su atribución se construye a la vigilancia”.
El caso que desató la controversia, casi que un choque de trenes entre la Casa de Nariño y la Procuraduría que dirige Margarita Cabello, está relacionado con la orden de suspender por tres meses al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por un proceso disciplinario que se le adelanta en el Ministerio Público.
Sobre ello, Osuna se pronunció y dijo que “es obligación del Presidente de la República, como garante de los derechos humanos (…) aplicar en cualquier acto suyo todo el ordenamiento jurídico, comenzando por la Convención Americana”. Es decir, le dio un espaldarazo a Petro y defendió su postura de negarse a ejecutar la suspensión que, según el Gobierno, podría constituir en una violación de derechos políticos.
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El ministro también dijo que sólo un juez competente en un proceso penal “puede privar de derechos políticos a un funcionario elegido popularmente”. Y cuestionó que la Procuraduría insista en suspender funcionarios públicos, poniendo por encima las funciones del Ministerio Público sobre las de la Convención Americana. “Recordemos que Colombia no es una isla, forma parte del sistema interamericano de derechos humanos”, dijo de manera enfática.
El presidente Petro y la procuradora Cabello han mantenido un fuerte debate en torno a si el Ministerio Público tiene o no facultades judiciales que le permitan suspender a un funcionario elegido por voto popular.
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Desde la visión del Presidente no la tiene, pero desde la óptica de la Procuradora sí existe. De hecho, hace unos meses se hizo una reforma a los procedimientos que ejecuta el Ministerio Público, la cual fue pasada por el Congreso y avalada por la Corte Constitucional. Por el momento, la Procuraduría no se ha pronunciado sobre esta nueva contradicción del presidente.
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