Negociadores de paz hablaron con congresistas sobre refrendación de nuevo acuerdo

Era un debate en mora. El gobierno nacional se concentró en explicar incansablemente las modificaciones posibles y los consensos no logrados en La Habana con las Farc a los representantes del No. Debates que, finalmente, resultaron poco menos que útiles dada la negativa del expresidente Álvaro Uribe y sus delegados, del expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez, entre otros, de apoyar el nuevo texto. Pero el encuentro con quienes, por segunda vez, le dirán Sí al nuevo acuerdo de paz todavía no se había dado. (Lea: Última palabra: nuevo acuerdo de paz será firmado el jueves y refrendado en el Congreso).

Este miércoles, precisamente, en el Club de Banqueros en el centro de Bogotá, voceros de los partidos de la llamada ‘coalición por la paz’ y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunieron con los negociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. ¿La razón? Explicar en qué cambio el nuevo texto que salió de La Habana y, más importante, qué debates vienen ahora en el Congreso para implementarlo. La ley de amnistía sigue siendo la prioridad, pues permitirá a los guerrilleros trasladarse hacia las zonas veredales transitorias y otorgará seguridad jurídica a las Farc. (Lea: Senadores del Centro Democrático proponen revocar el Congreso).

Ese fue el primer consenso al que se llegó ayer, previo a un álgido debate sobre la refrendación de la próxima semana. Quedó claro, según explicó la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, que no será un proceso de un solo día. Aunque el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, confirmó que el martes de la semana que viene Senado y Cámara conocerán la proposición para refrendar el acuerdo de paz, es muy poco probable que ese mismo día se vote. Habrá una discusión amplia a lo largo de toda la semana, si es preciso, antes de que el Legislativo decida sobre el acuerdo de La Habana.

La posición del Centro Democrático, segunda fuerza mayoritaria en el Congreso, sigue siendo la de oponerse al nuevo acuerdo de paz. Revocar a Senado y Cámara es una propuesta que cada vez cobra mayor fuerza al interior de la bancada y, aunque para el ministro Cristo, eso significa que “destaparon las cartas y le confirmaron al país que están utilizando la paz como mecanismo para hacer política electoral para el 2018”, todavía quedan dudas sobre si asistirán o no a los debates a los que se convoque.

Mientras tanto, el gobierno aún se enfrenta a una disyuntiva: decidir si comienza a radicar cuanto antes las primeras leyes para darle desarrollo jurídico a lo que se pactó con la guerrilla o, por el contrario, esperar la decisión de la Corte Constitucional frente al mecanismo de fast track incluido en el Acto Legislativo para la paz. Es una decisión que no da espera, dada la urgencia de no seguir poniendo en riesgo el cese bilateral. El gobierno ha anunciado que, en todo caso, respetará la decisión del alto tribunal que, eso  sí, confía en que sea tomada con la mayor independencia y lejos de las presiones que, según dice, se están ejerciendo hacia la Corte.

Era un debate en mora. El gobierno nacional se concentró en explicar incansablemente las modificaciones posibles y los consensos no logrados en La Habana con las Farc a los representantes del No. Debates que, finalmente, resultaron poco menos que útiles dada la negativa del expresidente Álvaro Uribe y sus delegados, del expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez, entre otros, de apoyar el nuevo texto. Pero el encuentro con quienes, por segunda vez, le dirán Sí al nuevo acuerdo de paz todavía no se había dado. (Lea: Última palabra: nuevo acuerdo de paz será firmado el jueves y refrendado en el Congreso).

Este miércoles, precisamente, en el Club de Banqueros en el centro de Bogotá, voceros de los partidos de la llamada ‘coalición por la paz’ y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunieron con los negociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. ¿La razón? Explicar en qué cambio el nuevo texto que salió de La Habana y, más importante, qué debates vienen ahora en el Congreso para implementarlo. La ley de amnistía sigue siendo la prioridad, pues permitirá a los guerrilleros trasladarse hacia las zonas veredales transitorias y otorgará seguridad jurídica a las Farc. (Lea: Senadores del Centro Democrático proponen revocar el Congreso).

Ese fue el primer consenso al que se llegó ayer, previo a un álgido debate sobre la refrendación de la próxima semana. Quedó claro, según explicó la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, que no será un proceso de un solo día. Aunque el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, confirmó que el martes de la semana que viene Senado y Cámara conocerán la proposición para refrendar el acuerdo de paz, es muy poco probable que ese mismo día se vote. Habrá una discusión amplia a lo largo de toda la semana, si es preciso, antes de que el Legislativo decida sobre el acuerdo de La Habana.

La posición del Centro Democrático, segunda fuerza mayoritaria en el Congreso, sigue siendo la de oponerse al nuevo acuerdo de paz. Revocar a Senado y Cámara es una propuesta que cada vez cobra mayor fuerza al interior de la bancada y, aunque para el ministro Cristo, eso significa que “destaparon las cartas y le confirmaron al país que están utilizando la paz como mecanismo para hacer política electoral para el 2018”, todavía quedan dudas sobre si asistirán o no a los debates a los que se convoque.

Mientras tanto, el gobierno aún se enfrenta a una disyuntiva: decidir si comienza a radicar cuanto antes las primeras leyes para darle desarrollo jurídico a lo que se pactó con la guerrilla o, por el contrario, esperar la decisión de la Corte Constitucional frente al mecanismo de fast track incluido en el Acto Legislativo para la paz. Es una decisión que no da espera, dada la urgencia de no seguir poniendo en riesgo el cese bilateral. El gobierno ha anunciado que, en todo caso, respetará la decisión del alto tribunal que, eso  sí, confía en que sea tomada con la mayor independencia y lejos de las presiones que, según dice, se están ejerciendo hacia la Corte.