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Acompañada de parte del gabinete y los altos mandos de la Policía nacional, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, reiteró ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició este martes una visita oficial al país para documentar lo sucedido en el marco de las protestas del paro nacional, la postura del Gobierno de cero tolerancia frente a quienes violen los derechos humanos.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Palacio de San Carlos, con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, la secretaria adjunta, María Claudia Pulido, y el equipo técnico de la Comisión, Ramírez presentó un detallado informe sobre los hechos acontecidos en las manifestaciones que ya completan 40 días y las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano, recalcando en que “la democracia colombiana protege y respeta la protesta pacífica, pero condena la violencia y la destrucción”.
“No tendremos ninguna tolerancia con nadie que viole los derechos humanos, ni con nadie que cometa algún tipo de agresión contra nuestra ciudadanía ni contra nuestra juventud. Van a ser muy importantes las distintas audiencias, donde la CIDH escuchará a tantas personas afectadas, víctimas de todo esto que ha sufrido nuestro país y que nos duele tanto a todos los colombianos. Todo esto se destruyó en la sinrazón de unos pocos, que se aprovecharon de la protesta pacífica de muchos jóvenes para destruir buena parte de las esperanzas de nuestro país”, aseguró la vicepresidenta.
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Ramírez expresó igualmente la voluntad del gobierno de Iván Duque de brindar la información que requiera la CIDH, en aras de facilitar su tarea en Colombia, donde –aseguró– priman el Estado de Derecho, la solidez de las instituciones, la democracia y el respeto a la vida y los Derechos Humanos. Y dijo que los jóvenes son y serán parte de las prioridades.
“Hemos explicado a la presidenta Antonia Urrejola cómo los jóvenes, que fueron los que iniciaron las protestas, seguirán siendo el motivo de nuestro trabajo y compromiso. Acá hay un pacto que se está trabajando por parte de la Consejería para la Juventud, la Directora del Bienestar Familiar, y estamos dedicados a construir un futuro de esperanza, de oportunidades, de progreso para la juventud colombiana. Siempre asegurándonos de tener un país de leyes y de orden, que les dé garantía de ese progreso”, indicó.
Sin embargo, también recalcó que “el Estado colombiano está en la obligación de proteger a la ciudadanía, la democracia, los bienes públicos y la propiedad privada, que durante estas seis semanas han estado bajo el asedio de un grupo minoritario de personas, que aprovecharon una protesta legítima y pacífica, de una gran cantidad de jóvenes, para dedicarse a saquear y a destruir. Eso es lo que la justicia colombiana también tiene que investigar”.
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“Cuidemos a Colombia. Nos corresponde a nosotros, como servidores públicos, cuidar este país, pero también a cada colombiano, cuidar esta nación de toda la destrucción a la que nos han sometido. La pérdida de tantas vidas es lo más doloroso, la pérdida económica de tantas familias de clase media, tantos pequeños establecimientos. $11 billones, con los cuales hubiéramos podido tener alimento, educación, vivienda gratis para mucha gente”, concluyó Ramírez.
En la reunión con la CIDH participaron, entre otros, los ministros del Interior, Daniel Palacios; de Defensa, Diego Molano; de Salud, Fernando Ruiz; de Justicia, Wilson Ruiz; de Hacienda, José Manuel Restrepo; de Transporte, Ángela María Orozco; además de la directora del ICBF, Lina María Arbeláez; el director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas; la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo; y el consejero presidencial para la Juventud, Juan Sebastián Arango.