“No hay líneas rojas para dialogar”: Miguel Ceballos

Para el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, la agenda propuesta por el Gobierno para sentarse con diversos sectores y superar la crisis por la protesta social que se vive en el país tuvo en cuenta muchas de las peticiones que ha hecho el Comité Nacional del Paro en su pliego de emergencia. Los temas definidos a concertar son: vacunación masiva, reactivación segura y desarrollo social (empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas), no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero (fondo de solidaridad educativa). El funcionario, encargado por el presidente Iván Duque para liderar este proceso, habló así con El Espectador.

¿Por qué dialogar con el Comité del Paro hasta el 10 de mayo?

Junto al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ya nos habíamos reunido privada y confidencialmente con varios representantes del Comité Nacional del Paro el martes pasado. En esa reunión expresamos la voluntad del Gobierno Nacional para invitarlos a otro encuentro. Nos respondieron que tenían que hacer consultas y establecimos la fecha que hice pública, que fue mayo 10. Muchos sectores han cuestionado por qué el Gobierno se iba a reunir en cuarto lugar con el Comité y eso ha sido injusto porque, siendo fieles a la verdad, fue una solicitud de ellos. Eso no lo ha desmentido ninguno de los miembros del Comité.

Le puede interesar: “Es un proceso que no están liderando políticos, sino el pueblo”, CRIC sobre el paro

Estuvo en consultas con el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿cuál es la indicación?

El presidente y la vicepresidenta manifestaron su voluntad plena de reunirse ya con una delegación del Comité Nacional del Paro. Están abiertas las puertas del Palacio de Nariño para ese encuentro.

Usted dice que es un imperativo legal y moral levantar los bloqueos, ¿esa es una condición para concretar dicho encuentro?

Lo que pasa es que el Comité Nacional del Paro no es el que hace los bloqueos. Es posible que haya personas vinculadas al Comité, pero hay otros que no. Ese llamado es general y abierto. Hay bloqueos de camioneros, de recolectores que no han podido sacar sus productos de algunas zonas, bloqueos esporádicos de gente que sale a las carreteras y se une al paro. Entonces, no es una condición para esa reunión.

¿Cuál de los seis ejes que han determinado se tocará con el Comité Nacional del Paro?

Todos son para hablarlos con el Comité y con cualquier otro sector. El Comité hizo pública su agenda de emergencia y coincide en muchos temas con los seis puntos que ha establecido el Gobierno. Hemos querido tener en cuenta varias de esas propuestas. Ellos, por ejemplo, piden el retiro de la reforma a la salud, pero ese proyecto es de Cambio Radical. Ya hay una ponencia y el retiro de ella debe contar con la decisión del partido que lo presentó. Por supuesto, el Gobierno llevará el mensaje, pero hay que tener eso en cuenta.

El Comité del Paro también ha propuesto una renta básica de un salario mínimo...

En ese tema tenemos un punto en común, y es con el Ingreso Solidario que ha entregado el Gobierno a tres millones de colombianos. Estamos en la actitud de valorar su aumento y, de hecho, se había propuesto en la reforma tributaria. Ahí no hay un punto difícil. La filosofía es la misma: que haya un giro de dinero mensual a las poblaciones más vulnerables y más pobres. También hay encuentros en los subsidios a las pymes y empleo. El Gobierno ha subsidiado a cuatro millones de pequeñas empresas y trabajadores a través del PAEF, esa es otra de las coincidencias. Incluso, coincidimos en el nombre con la propuesta de matrícula cero. Ya el tema de la no alternancia educativa es una discusión más compleja, porque implica que los niños no vayan a las escuelas.

Lea también: Gobierno dice estar dispuesto a encontrarse con líderes del paro antes de la fecha prevista

¿Hay líneas rojas por parte del Gobierno para este diálogo?

No hay líneas rojas y el presidente lo ha dicho. Estamos en la apertura para conversar con todos los sectores y se están dando pasos concretos en ese sentido.

La Defensoría del Pueblo confirmó 24 muertos en medio de las manifestaciones, entre ellos un policía. Queda la sensación de que el Gobierno se ha demorado mucho a hacer los llamados al diálogo...

No, nosotros, desde el primer día, hemos exigido la no violencia y que las actuaciones de los funcionarios públicos, incluidos los de la Fuerza Pública, estén dentro del marco de los derechos humanos. La Defensoría sacó un informe basado en la Fiscalía, y fue importante porque el Gobierno no es una instancia de investigación ni de acusación. No podíamos adelantarnos a sacar ninguna conclusión hasta que la Fiscalía identificara cuántos delitos se han cometido.

¿En el punto de no violencia que está en esa agenda de diálogo se van a tratar los abusos de la Policía en medio de la protesta?

Se tratará todo lo relacionado con los presuntos abusos en el ejercicio de la autoridad, pero también las violaciones a las leyes penales y a los códigos básicos de convivencia por parte de los ciudadanos. Bloquear una carretera en medio de una situación sanitaria delicada constituye una violación a la ley. Por eso he hecho un llamado a que respetemos los imperativos legales y morales, porque no es solo la consciencia de que está prohibido legalmente bloquear caminos que se necesiten para el suministro de alimentos, insumos médicos, oxígeno o vacunas contra el COVID, sino moralmente. Valoramos los esfuerzos que han hecho los gobernadores y alcaldes, en coordinación con la Fuerza Pública, para abrir puentes y corredores humanitarios.

¿Hay alguna propuesta puntual por parte del Gobierno para los abusos de la Policía? Todos hemos visto, y usted seguro también, a policías disparando a los manifestantes...

No solo una propuesta, sino también una solicitud a que los organismos de investigación del Estado, que incluyen a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, avancen de manera expedita en la identificación, juzgamiento y sanción a los posibles responsables. En la reunión con las altas cortes, uno de los puntos que resaltaron los magistrados fue la necesidad de la aplicación inmediata de la ley contra los que han abusado. Los derechos humanos deben estar garantizados no solo para los que están en la protesta, sino para los demás colombianos que no están protestando. Parte de esos derechos son la movilidad, el acceso a medicamentos, el alimento y la seguridad.

¿Cómo buscar caminos de concertación por un lado, mientras que por el otro se les vincula a los manifestantes con grupos armados, delincuencia común y narcotráfico?

He hecho mucha claridad en cuanto a valorar, agradecer y reconocer el comportamiento en las manifestaciones organizadas por el Comité Nacional del Paro. Todas han contado con protocolos de bioseguridad, de organización de salida y llegada a los sitios. Estas no son las manifestaciones en donde se genera la alteración del orden público y la violencia. El país sabe que, en las tardes, cuando las marchas organizadas han cesado, llegan quienes quieren vandalizar, afectar la seguridad y la movilidad, y eso, por supuesto, no depende de los organizadores. Los organismos de inteligencia están en la obligación de identifica quiénes son los posibles autores de esos hechos y, en ese contexto, es que el Gobierno ha señalado posibles grupos interesados en desestabilizar el país.

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Hay sectores políticos, incluso alcaldes como el de Pereira, que han invocado a la seguridad privada para contrarrestar las manifestaciones, ¿cuál es su posición al respecto?

Lo ha dicho el presidente con toda claridad: debemos apoyar y rodear a la Fuerza Pública, que tiene el monopolio exclusivo y legítimo del uso de la fuerza.

En casos tan visibles, como el ataque a tiros contra Lucas Villa en Pereira, ¿qué tiene que decir el Gobierno?

Creo que la Fiscalía ya está produciendo unos resultados que son objetivos, tangibles y concretos. Fue detenido un mayor de la Policía que posiblemente está relacionado con el crimen de un joven en Madrid (Cundinamarca). Ese es el compromiso del Gobierno y el Estado. El presidente ha dicho que no se tolerará ningún abuso de autoridad y corresponde a los organismos de investigación identificar y procesar a los culpables.

¿Cuál es el punto principal de la reunión que está prevista con los partidos políticos? ¿Se va a hablar de la nueva reforma tributaria?

El país conocerá poco a poco la amplia agenda que se está preparando en este esfuerzo de encuentro sobre lo fundamental.

Para el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, la agenda propuesta por el Gobierno para sentarse con diversos sectores y superar la crisis por la protesta social que se vive en el país tuvo en cuenta muchas de las peticiones que ha hecho el Comité Nacional del Paro en su pliego de emergencia. Los temas definidos a concertar son: vacunación masiva, reactivación segura y desarrollo social (empleo, emprendimiento, pymes, comunidades étnicas y campesinas), no violencia, protección de los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero (fondo de solidaridad educativa). El funcionario, encargado por el presidente Iván Duque para liderar este proceso, habló así con El Espectador.

¿Por qué dialogar con el Comité del Paro hasta el 10 de mayo?

Junto al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ya nos habíamos reunido privada y confidencialmente con varios representantes del Comité Nacional del Paro el martes pasado. En esa reunión expresamos la voluntad del Gobierno Nacional para invitarlos a otro encuentro. Nos respondieron que tenían que hacer consultas y establecimos la fecha que hice pública, que fue mayo 10. Muchos sectores han cuestionado por qué el Gobierno se iba a reunir en cuarto lugar con el Comité y eso ha sido injusto porque, siendo fieles a la verdad, fue una solicitud de ellos. Eso no lo ha desmentido ninguno de los miembros del Comité.

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Estuvo en consultas con el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ¿cuál es la indicación?

El presidente y la vicepresidenta manifestaron su voluntad plena de reunirse ya con una delegación del Comité Nacional del Paro. Están abiertas las puertas del Palacio de Nariño para ese encuentro.

Usted dice que es un imperativo legal y moral levantar los bloqueos, ¿esa es una condición para concretar dicho encuentro?

Lo que pasa es que el Comité Nacional del Paro no es el que hace los bloqueos. Es posible que haya personas vinculadas al Comité, pero hay otros que no. Ese llamado es general y abierto. Hay bloqueos de camioneros, de recolectores que no han podido sacar sus productos de algunas zonas, bloqueos esporádicos de gente que sale a las carreteras y se une al paro. Entonces, no es una condición para esa reunión.

¿Cuál de los seis ejes que han determinado se tocará con el Comité Nacional del Paro?

Todos son para hablarlos con el Comité y con cualquier otro sector. El Comité hizo pública su agenda de emergencia y coincide en muchos temas con los seis puntos que ha establecido el Gobierno. Hemos querido tener en cuenta varias de esas propuestas. Ellos, por ejemplo, piden el retiro de la reforma a la salud, pero ese proyecto es de Cambio Radical. Ya hay una ponencia y el retiro de ella debe contar con la decisión del partido que lo presentó. Por supuesto, el Gobierno llevará el mensaje, pero hay que tener eso en cuenta.

El Comité del Paro también ha propuesto una renta básica de un salario mínimo...

En ese tema tenemos un punto en común, y es con el Ingreso Solidario que ha entregado el Gobierno a tres millones de colombianos. Estamos en la actitud de valorar su aumento y, de hecho, se había propuesto en la reforma tributaria. Ahí no hay un punto difícil. La filosofía es la misma: que haya un giro de dinero mensual a las poblaciones más vulnerables y más pobres. También hay encuentros en los subsidios a las pymes y empleo. El Gobierno ha subsidiado a cuatro millones de pequeñas empresas y trabajadores a través del PAEF, esa es otra de las coincidencias. Incluso, coincidimos en el nombre con la propuesta de matrícula cero. Ya el tema de la no alternancia educativa es una discusión más compleja, porque implica que los niños no vayan a las escuelas.

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¿Hay líneas rojas por parte del Gobierno para este diálogo?

No hay líneas rojas y el presidente lo ha dicho. Estamos en la apertura para conversar con todos los sectores y se están dando pasos concretos en ese sentido.

La Defensoría del Pueblo confirmó 24 muertos en medio de las manifestaciones, entre ellos un policía. Queda la sensación de que el Gobierno se ha demorado mucho a hacer los llamados al diálogo...

No, nosotros, desde el primer día, hemos exigido la no violencia y que las actuaciones de los funcionarios públicos, incluidos los de la Fuerza Pública, estén dentro del marco de los derechos humanos. La Defensoría sacó un informe basado en la Fiscalía, y fue importante porque el Gobierno no es una instancia de investigación ni de acusación. No podíamos adelantarnos a sacar ninguna conclusión hasta que la Fiscalía identificara cuántos delitos se han cometido.

¿En el punto de no violencia que está en esa agenda de diálogo se van a tratar los abusos de la Policía en medio de la protesta?

Se tratará todo lo relacionado con los presuntos abusos en el ejercicio de la autoridad, pero también las violaciones a las leyes penales y a los códigos básicos de convivencia por parte de los ciudadanos. Bloquear una carretera en medio de una situación sanitaria delicada constituye una violación a la ley. Por eso he hecho un llamado a que respetemos los imperativos legales y morales, porque no es solo la consciencia de que está prohibido legalmente bloquear caminos que se necesiten para el suministro de alimentos, insumos médicos, oxígeno o vacunas contra el COVID, sino moralmente. Valoramos los esfuerzos que han hecho los gobernadores y alcaldes, en coordinación con la Fuerza Pública, para abrir puentes y corredores humanitarios.

¿Hay alguna propuesta puntual por parte del Gobierno para los abusos de la Policía? Todos hemos visto, y usted seguro también, a policías disparando a los manifestantes...

No solo una propuesta, sino también una solicitud a que los organismos de investigación del Estado, que incluyen a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, avancen de manera expedita en la identificación, juzgamiento y sanción a los posibles responsables. En la reunión con las altas cortes, uno de los puntos que resaltaron los magistrados fue la necesidad de la aplicación inmediata de la ley contra los que han abusado. Los derechos humanos deben estar garantizados no solo para los que están en la protesta, sino para los demás colombianos que no están protestando. Parte de esos derechos son la movilidad, el acceso a medicamentos, el alimento y la seguridad.

¿Cómo buscar caminos de concertación por un lado, mientras que por el otro se les vincula a los manifestantes con grupos armados, delincuencia común y narcotráfico?

He hecho mucha claridad en cuanto a valorar, agradecer y reconocer el comportamiento en las manifestaciones organizadas por el Comité Nacional del Paro. Todas han contado con protocolos de bioseguridad, de organización de salida y llegada a los sitios. Estas no son las manifestaciones en donde se genera la alteración del orden público y la violencia. El país sabe que, en las tardes, cuando las marchas organizadas han cesado, llegan quienes quieren vandalizar, afectar la seguridad y la movilidad, y eso, por supuesto, no depende de los organizadores. Los organismos de inteligencia están en la obligación de identifica quiénes son los posibles autores de esos hechos y, en ese contexto, es que el Gobierno ha señalado posibles grupos interesados en desestabilizar el país.

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Hay sectores políticos, incluso alcaldes como el de Pereira, que han invocado a la seguridad privada para contrarrestar las manifestaciones, ¿cuál es su posición al respecto?

Lo ha dicho el presidente con toda claridad: debemos apoyar y rodear a la Fuerza Pública, que tiene el monopolio exclusivo y legítimo del uso de la fuerza.

En casos tan visibles, como el ataque a tiros contra Lucas Villa en Pereira, ¿qué tiene que decir el Gobierno?

Creo que la Fiscalía ya está produciendo unos resultados que son objetivos, tangibles y concretos. Fue detenido un mayor de la Policía que posiblemente está relacionado con el crimen de un joven en Madrid (Cundinamarca). Ese es el compromiso del Gobierno y el Estado. El presidente ha dicho que no se tolerará ningún abuso de autoridad y corresponde a los organismos de investigación identificar y procesar a los culpables.

¿Cuál es el punto principal de la reunión que está prevista con los partidos políticos? ¿Se va a hablar de la nueva reforma tributaria?

El país conocerá poco a poco la amplia agenda que se está preparando en este esfuerzo de encuentro sobre lo fundamental.