“No podemos ser inferiores a lo que dice la calle”: Fernando Carrillo

Insiste en una consulta popular como salida a la crisis social que hoy vive el país, ¿por qué?

Colombia vive hoy un momento constituyente, que son esos momentos de la historia de una sociedad en los que se generan grandes cambios como resultado de las exigencias de los ciudadanos. Y no podemos ser inferiores a lo que dice la calle, a lo que expresa la gente, a lo que las voces de ciudadanos corrientes han venido expresando, en la mayoría de los casos pacíficamente, en las manifestaciones que no comenzaron ahora, sino desde el 21 de noviembre de 2019, pero se exacerbaron por cuenta de toda la crisis social que agudizó la pandemia. Hay que pensar en una salida viable, institucional, democrática, que tiene que ser inmediata y producto del liderazgo colectivo. En los diversos momentos constituyentes de la historia de Colombia se ha acudido a las urnas, a que los colombianos sientan que tienen en sus manos la capacidad de decidir sobre las reformas que se necesitan. Es un momento que además permite acudir al constituyente primario, porque así lo contempló la Constitución de 1991, pero que de manera alguna implica una asamblea nacional constituyente, porque el contrato social que necesita el país lo logramos hace 30 años. Esta es la hora de los acuerdos, de los pactos, de los consensos -independientemente de lo divididos que estemos- para lograr, mediante el camino específico de una consulta popular, ese paquete de reformas sociales que necesitamos los colombianos.

¿Y no es muy complicado condensar en una consulta de unas cuantas preguntas todas esas reformas que hoy se reclaman?

Buscar el consenso y la convergencia de tantos intereses es muy difícil, sobre todo cuando son tantas las necesidades sociales. Pero Colombia vive un déficit social estructural que no puede ser combatido con medidas exclusivas de orden público, sino con reformas. Una tarea que hemos hecho es mirar desde una vertiente ideológica hasta la otra y el conocimiento académico. Hemos visto los documentos de la Universidad Nacional, de la Externado, del Minuto de Dios, entre otros, o de centros de pensamiento como Fedesarrollo, y vemos que cuando se le pregunta a la gente cuáles son los problemas esenciales del país, todos coinciden. Aquí hay que pensar en una renta mínima, en reformas a la educación, a la salud, a la justicia donde el acceso sea el valor principal, en una reforma rural o agraria, y en los temas de diversidad, que son fundamentales. Se pueden identificar de ocho a diez temas y someterlos a consulta ciudadana. Que la gente se exprese a través de las urnas. La base de la democracia participativa es la deliberación y no solo llevar a participar a la gente, sino tener la posibilidad de mirar, por ejemplo, cuántos consensos hay en las plataformas de diálogo social existentes en la actualidad. Nosotros promovimos un diálogo similar dentro de la Procuraduría y logramos seis consensos fundamentales entre personas que jamás se habían puesto de acuerdo en nada. Lo digo para significar que estamos en la hora de los pactos, de los acuerdos y consensos, por supuesto que hay que trabajarlos, con conocimiento científico, con debate y discusión pública. Son elementos de juicios que nos entregaría la academia y que deberían ser sometidos a la validación de los ciudadanos.

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¿Y por qué no un plebiscito, un referendo o una asamblea nacional constituyente, como quieren algunos?

Primero, porque no tenemos tiempo. La ventaja que tiene la consulta popular es que se trata de un mecanismo flexible, ágil, abierto. La única consulta popular que se ha hecho en Colombia fue la anticorrupción e independientemente de que no pasó el umbral, tuvo una votación impresionante, con más votos que los de Duque en segunda vuelta. Hemos identificado ese mecanismo y tenemos ya todo un grupo de constitucionalistas detrás, listos a defender la idea y a demostrar que es el momento que este descontento de las calles se pueda encauzar y canalizar hacia las reformas que necesita Colombia.

Se ha avanzado, ¿qué faltaría para hacer realidad esa propuesta?

Se necesita que sea de la ciudadanía y de la sociedad civil, que la idea eche raíces en la gente. Esto no es de los partidos políticos, ni se pretende interferir en la campaña electoral, por lo que debe gestarse en los próximos meses, antes de que llegue 2022 y comience la campaña electoral. Si se logra sumar una gran cantidad de colectivos ciudadanos, empezando por los jóvenes, los estudiantes –de hecho ya ha habido manifestaciones de apoyo de muchos sectores–, o las dignidades agropecuarias, los comunales, los médicos, los campesinos, y con el saber técnico de las universidades, podremos hacer esas propuestas, unas ocho o diez preguntas que traduzcan lo que son las exigencias de la ciudadanía. Álvaro Gómez hablaba del acuerdo sobre lo fundamental y dijo que ese acuerdo era la Constitución del 91, pero esta hay que desarrollarla en lo social. Y el Estado Social de Derecho es la principal asignatura pendiente. Vamos a entrar en un año electoral, sobran candidatos presidenciales, y lo quiero subrayar porque esto no es plataforma de ninguna candidatura. El que crea que se va a subir para sacar provecho está equivocado.

¿Por qué dice que sobran candidatos presidenciales?

Sobran candidatos y faltan ideas de unión, de convergencia, de rechazo a la violencia como método para solucionar los problemas, de necesidad de recuperar las instituciones. El objetivo es aglutinar a la ciudadanía alrededor de diez propuestas básicas en lo social, lograr llegar a una consulta popular, pasar el umbral y fijarle un mandato obligatorio al próximo Congreso y al próximo gobierno para que haga las reformas que no se han hecho en los últimos 30 años, porque lo que pasó después de que terminó la Constituyente del 91 es que vinieron una serie de contrarreformas protagonizadas por la clase política tradicional. Le pusieron un freno de mano, siendo la del 91 una Constitución progresista. Su desarrollo ha sido obstaculizado por muchos sectores y por los personeros de esa clase política tradicional, que no soportó la carga social de la Carta Magna y comenzaron a retrocederla en sus propósitos. Ahora es el momento de dar ese paso hacia delante, de vincular a los jóvenes que están en la protesta y decirles que de aquí hacia el futuro lo que hay que hacer son las reformas sociales que se requieren con urgencia.

Usted dice que ya han tocado las puertas de la academia, ¿ha habido señales desde ahí?

Las mejores señales. Esta semana estuvimos con la Universidad Nacional, hemos estado con la EAN, con el Externado, principalmente con los rectores. Un documento fundamental ha sido el que expidieron recientemente los rectores universitarios, que han marcado las pautas de cuáles son las reformas. Pero tenemos que vincular a los empresarios. Hay empresarios de la talla de Maurice Armitage, de Carlos Cavelier e incluso Mario Hernández nos ha manifestado su voluntad de sumarse a este esfuerzo. Ellos están convencidos de que hay que hacer las reformas sociales y quieren financiarlas. Es que aquí no tiene sentido salir a hacer campaña electoral con un país que tiene unos niveles de pobreza como los de Colombia, después del impacto de la pandemia y los 50 días de paro nacional. Debemos tener el terreno nivelado para poder entrar en 2022 reduciendo esa polarización extrema y buscando unos mínimos de consenso sobre las grandes reformas que se necesitan. Esta propuesta de una consulta popular puede ser un factor elemental de unión, como ha quedado demostrado en el pasado. Hace 30 años nadie daba un centavo por un consenso en torno a la Asamblea Nacional Constituyente y se logró, ¿por qué no lo vamos a poder lograr ahora? Y le insisto, esto no es unan propuesta de partidista ni electoral, es una propuesta de alta política ciudadana. Ojalá, si el calendario nos da, el primer domingo de diciembre se puede votar esta consulta popular y lleguemos a las elecciones de 2022 con unos acuerdos básicos sobre lo que debe ser la Colombia de las próximas décadas.

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Precisamente, en un país tan polarizado y a las puertas de la campaña electoral, ¿cómo blindar este proceso?

Eso nos pasó hace 30 años, hubo un movimiento estudiantil por el cual ningún político creía que iba lograr construir una nueva constitución. Fue un movimiento ciudadano, de la sociedad civil, una idea muy potente de utilizar las urnas para unir al país. Al comienzo nos miraron con los peores ojos y después resultaron sumándose a la iniciativa, convencidos de que era una iniciativa de convergencia y de unidad nacional.Es curioso, pero hoy todos los candidatos hablan de lograr grandes acuerdos nacionales y nadie dice cuál es el camino para llegar a ellos. Esta es una propuesta que marca un camino clarísimo y que podrá salir adelante si logramos que la ciudadanía la adopte y se comprometa con entusiasmo a sacarla adelante. Incluso puede ayudar a aplacar los ánimos de las calles, porque los problemas sociales de Colombia siguen efervesciendo, no terminaron solo porque el Comité del Paro dijo no más marchas. No podemos esperar que arranque la campaña y que bajen los mesías y los caudillos a decirnos cuál es el camino que necesita Colombia, cuando lo que necesitamos es una buena idea, un punto de convergencia y una propuesta sólida que una al país. No podemos dejar pasar esta oportunidad y este momento tan importante de la historia de Colombia, mucho más grave desde el punto de vista social que el del 9 de abril de 1948. Aquí tiene que pasar algo, tienen que darse las reformas sociales y tiene que cumplirse con el mandato de ese Estado Social de Derecho que está en la Constitución de 1991 y que tiene objetivos como la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la discriminación, es decir, todo lo que hemos vivido y que se ha recrudecido por cuenta de la pandemia y por lo hechos de violencia en el marco de las protestas. El éxito de la protesta es que sea pacífica, el fracaso es que sea violenta. No podemos permitir como generación que se reediten los escenarios de la violencia, que fue lo que vimos en algunos casos cuando aparecieron paramilitares y civiles disparando contra los manifestantes. Eso no tiene sentido. Es un momento en que debemos rechazar la violencia. En este país, los grandes problemas se han solucionado en las urnas y con buenas ideas. Y esta es una idea muy poderosa.

¿El Gobierno Nacional que pitos toca en esta propuesta?

Pues ojalá se sumara, pero esto tiene que ser de la ciudadanía, de la sociedad civil actuando. ¿Cuántas nuevas ciudadanías aparecieron en las calles de Colombia en esos últimos 50 días?, ¿cuántos sujetos constituyentes nuevos? Al fin y al cabo, la ciudadanía tiene legítimos y muy válidos reclamos democráticos. Lo que pasa es que la estructura de las instituciones no ayuda a satisfacerlos. Las encuestas muestran un derrumbe institucional en el país, los jóvenes no creen en nada y hay que recuperar esa credibilidad. 38 millones de colombianos que están en el censo electoral pueden salir a votar por esas reformas. Es también un ejercicio en el que tienen que concluir la izquierda, el centro, la derecha y armar el pacto social por Colombia. Porque está claro que el conflicto social va a seguir y cuál es la fórmula para calmarlo. ¿Reformas impuestas por el Ejecutivo? No creo. ¿Reformas conversadas con los amigos que están en el poder? Tampoco creo. Hay que hacer una gran convocatoria nacional y hay que entender que esta es una iniciativa que le da oxígeno a todos, porque en esta polarización lamentablemente la primera víctima ha sido la deliberación pública, la discusión y el debate de las ideas. Las sociedades avanzan cuando tienen un propósito común y la capacidad de marchar a conseguirlo.

Desde que era procurador hay quienes dicen que su intención es la de una candidatura en 2022, ¿no es esta una plataforma hacia ello?

Absolutamente, no. Sería insensato e irresponsable, porque al fin y al cabo no voy a ser el dueño de este movimiento ciudadano. Esto va a estar en manos de los estudiantes. Sería muy torpe, no estoy en eso. Es una irresponsabilidad tener 40 candidatos presidenciales, cuando no se presentan ideas para salir de la crisis. Todos hablan de consensos, pero no del camino a ese pacto nacional. ¿Cómo vamos a sentar en la mesa a quien piensa distinto a uno? Los acuerdos con los amigos son buenísimos, pero no duran nada, ni le sirven a la sociedad. Nunca he tenido carné de un partido político y no me interesa estar en una candidatura. Quien tenga ideas para unir al país tiene que liberarse de esas aspiraciones personales y de esas vanidades, que son temporales. Cualquier candidatura lo que hace es viciar esta idea y matarla. Es lógico pensar que quien debería haber implementado esas reformas fundamentales para el país tendría que haber sido el Congreso, pero sigue de espaldas a la gente… Lo que está en crisis en esos momentos en el mundo es la representación. Hay una desconexión absoluta entre la sociedad y la política, y todos estos órganos de intermediación han cumplido roles bastante modestos, tanto en el manejo de la pandemia y en el caso particular de lo que ha venido pasando con los 50 días del paro. ¿Dónde están las soluciones de los líderes políticos del país al interior del Congreso? Reitero, la agenda que necesita Colombia, por la gravedad de la crisis, exige un pronunciamiento de la ciudadanía, que es la que tiene que decir cómo deben ser esas reformas. Los jóvenes son los que tiene la autoridad cuando los niveles de desempleo para ellos son los más absurdos en América Latina. Es hora de que haya un pronunciamiento ciudadano y la actual situación no aguanta hasta las elecciones. Como ya dije, esto va a ayudar a bajar los niveles de violencia, la toxicidad del lenguaje político, de los extremismos, de la polarización, porque es una convergencia de todos los sectores. Las urnas son una solución a la violencia. Una pregunta aparte: ¿cuál es su opinión sobre la reforma a la Procuraduría que acaba de aprobar el Congreso? No es gallardo hablar de quien lo sucede a uno en un cargo público, pero diré dos cosas: nosotros teníamos otra solución que creo que se ajustaba más al mandato de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, porque incluso lo hablamos con sus magistrados, que implicaba ratificar la competencia que tiene el Consejo de Estado para revisar las decisiones de suspensión y destitución proferidas por la Procuraduría. Estoy de acuerdo en que había que ajustar eso y nuestra solución era distinta. Y decir también que ojalá esto no se convierta en una excusa para aumentar burocráticamente la nómina, porque creo que hay bastantes procuradores judiciales en estos momentos que perfectamente podrían asumir esas nuevas competencias que aprobó el Congreso. Seguramente la Corte Constitucional se pronunciará y la Corte Interamericana dirá si ese era el camino correcto para cumplir con su fallo.