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Hace pocos días, Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU, sorprendió al Consejo de Seguridad de ese organismo cuando afirmó que “el Acuerdo de Paz cuyo título es: ‘Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradera”. Descalificó, así, el pacto de desarme de más de 13 mil guerrilleros de las FARC. ¿Qué opina sobre la posición del Gobierno del mismo Estado que lo suscribió?
Las afirmaciones del embajador, respaldadas por el canciller, son reflejo de la postura crítica del Gobierno frente al Acuerdo de Paz. Esa mirada refleja la polarización que existe al respecto desde 2016, pero que, para quien representa el Estado, es desafortunada y poco estratégica, especialmente si se expresa ante el Consejo de Seguridad de la ONU, al menos, por tres razones: primero, es el Estado, y no el Gobierno de turno, el que responde en los foros internacionales; segundo, el Ejecutivo confunde la magnitud de los desafíos que Colombia todavía tiene en la consolidación de la paz, olvidando que ningún acuerdo es perfecto; tercero, desdeña su relevancia internacional. El colombiano es el primer pacto celebrado bajo los estándares del Estatuto de Roma por lo que el resto del mundo, incluido el Consejo de Seguridad, lo considera como un laboratorio único en estas materias. Su articulación con las obligaciones derivadas del derecho internacional, ha convertido a Colombia en un referente mundial lo que es un activo diplomático que debería fortalecerse.
Para sustentar la posición del Gobierno en contra del acuerdo, el embajador Gaona aseguró que “Colombia pasó de tener 20 mil 420 hombres de grupos armados ilegales en 2016, a 29.004, en 2026”. Esas cifras, ¿son equiparables sin análisis de contexto?
No. Las cifras que el embajador Gaona ofrece, no son comparables. Se trata de una mirada simplista que parece olvidar que las FARC no eran el único actor armado que existía en el país cuando se firmó el acuerdo. Tampoco se puede decir que el pacto de paz de 2016 fracasó, ni que causó el incremento de las estructuras armadas que han delinquido durante años en el país. El planteamiento del embajador, respaldado por el canciller Bula, desconoce que, en este tipo de procesos, suele suceder que algunos integrantes de las agrupaciones que negocian con el Estado, se niegan a firmar pactos de paz o deciden abandonar el proceso en el camino. De ahí, el surgimiento de las disidencias. Como lo muestran los propios datos del ministerio de Justicia, presentados en la ponencia de la Ley de Sometimiento de este Gobierno, el clan del Golfo – que no tiene nada que ver con el acuerdo -, ha crecido en número de combatientes, y se ha expandido en mayor proporción que las disidencias.
En su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en cambio, el embajador no hizo ninguna alusión a los compromisos incumplidos por el Estado con relación a sus promesas contenidas en el acuerdo…
Sobre ese punto que usted menciona, es importante aclarar que no se le puede adjudicar al Acuerdo de Paz el regreso o incremento de la violencia, sino a su falta de implementación suficiente e integral, tal como sucedió en época del gobierno Duque. Cuando el Estado no cumple sus compromisos, como tener presencia permanente en las zonas más afectadas por el conflicto; garantizar la prestación de los servicios básicos y ofrecer oportunidades de desarrollo a los habitantes de las regiones, los actores armados reaparecen para llenar el vacío, y disputarse el control de las comunidades y del territorio.
Del presidente hacia abajo, altos funcionarios gubernamentales han reiterado mensajes contra la validez y permanencia del acuerdo. En cambio, han expresado su intención de, ahora sí “volverlo trizas” a través de la desactivación o eliminación de programas e instituciones del sistema. Entonces, ¿están fomentando las condiciones para que surjan mayores niveles de violencia?
Es posible. No implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); no resolver el problema de la tenencia de tierras o del negocio criminal de las drogas; no trabajar en el desmantelamiento de grupos y estructuras, entre otros compromisos contenidos en el acuerdo, crean condiciones favorables para que los violentos regresen o crezcan debido a que las causas estructurales del conflicto no se solucionan. La Fundación Paz y Reconciliación, PARES, demostró, en su más reciente informe, que la fragmentación de los grupos ilegales, la aparición de nuevas estructuras armadas y el crecimiento en su número de integrantes, tuvieron un aumento sustancial durante el gobierno Duque como consecuencia de la falta de cumplimiento del Acuerdo y, en particular, debido a que el Estado perdió la oportunidad de ocupar, con su presencia institucional, los antiguos territorios dominados por las FARC.
Gaona también soportó la posición del Gobierno con cifras aterradoras. Mencionó centenares de atentados, masacres, homicidios, secuestros, etc., cometidos en estos diez años. Pero, de nuevo, no diferenció hechos, circunstancias o categorías. Por ejemplo, no explicó cuáles y cuántos de esos crímenes fueron cometidos por bandas de delincuencia común. Ese recuento sin datos totales y relativos, ¿da para concluir que “el Acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”?
La conflictividad y la violencia en Colombia son muchísimo más complejas hoy, que en el pasado. Este fenómeno hace parte de la evolución que la criminalidad ha sufrido aquí, y a nivel mundial. En el presente, existen alianzas criminales transnacionales, participación de grupos armados en negocios lícitos e ilícitos, fragmentación y constante mutación de estructuras armadas ilegales que varían sus formas de operar, y hasta sus intereses. Tales escenarios conducen a una ampliación de repertorios de violencia que no necesariamente guardan relación con el Acuerdo de Paz. En cambio, sí es cierto – y la literatura académica así lo sustenta -, que los niveles de violencia aumentan, de modo habitual, en los periodos siguientes a la firma de un pacto de paz.
¿A qué se debe la manifestación de mayor violencia después de un pacto pacífico entre un Estado y grupos insurgentes?
Se debe a varias razones: el fortalecimiento de quienes no hicieron parte del proceso de negociación; el interés de hacerse con el control de territorios o la disputa por las economías ilícitas que quedaron vacantes tras la desmovilización de quienes firmaron; las represalias contra quienes dejaron las armas o contra las comunidades en donde tenían presencia, o el incumplimiento total o parcial de lo acordado, entre otras circunstancias. En esa medida, Colombia no es la excepción y las cifras de masacres, desplazamientos, secuestros o reclutamientos, han aumentado. Sin embargo, y aún así, no son comparables con aquellas anteriores a la firma del acuerdo y, mucho menos, prueban el fracaso del mismo. Más bien, indican que se requiere redoblar esfuerzos para adelantar su implementación y para articular las políticas de paz y seguridad en lugar de considerar que son excluyentes.
Otro aspecto relevante de la posición oficial, fue la solicitud del embajador Gaona al Consejo de Seguridad de la ONU, de ajustar la Misión de Verificación de ese organismo – que viene supervisando los avances del pacto -, de suspender su vigilancia sobre los desarrollos de la Reforma Rural Integral, acordada en el punto 1 del documento que se firmó. ¿Se vienen consecuencias graves para los campesinos que esperaban justicia distributiva de tierras?
El retiro del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, sobre el monitoreo al cumplimiento de la Reforma Rural Integral, implica la reducción de la capacidad del Consejo de Seguridad de hacerle seguimiento a los desarrollos de ese punto, aunque existan otros mecanismos internacionales que el propio acuerdo prevé. Esa solicitud del Gobierno colombiano, tal vez esté relacionada con su interés de incumplir los compromisos en materia de redistribución y acceso a la tierra, para poder priorizar su uso en la explotación comercial o en la extracción de recursos naturales, como ha sido anunciado de manera reiterada.
Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas liderada por usted, defendió, en unos escenarios internacionales que usted acaba de visitar, al “campesinado como sujeto de derechos y de especial protección”. Explique, por favor, por qué considera importante que los campesinos cuenten con medidas internacionales de salvaguarda.
En Colombia, el campesinado tiene reconocimiento constitucional como sujeto de derechos y de especial protección. En línea con la declaración de la ONU sobre derechos de los campesinos, ese reconocimiento produjo obligaciones concretas para el Estado, entre otras, la recolección de información estadística, demográfica y socioeconómica sobre estas poblaciones, la destinación específica de presupuesto y el otorgamiento de garantías del cumplimiento de sus derechos. Algunas de estas obligaciones se extienden al Acuerdo de Paz, dado que el campesinado es el sujeto central la Reforma Rural Integral. La participación del Consejo de Derechos Humanos y de misiones de otros países en la observación de estos compromisos que adquirió Colombia, permite monitorear su implementación, y ayudar a definir prioridades de cooperación o de inversión.
¿Cree que la propuesta del ministro de Agricultura (quien ha demostrado ser conflictivo), de eliminar el término “campesino” y sustituirlo por las denominaciones “pequeño empresario del campo” o “productores rurales”, ¿tiene relación con la intención de incumplir la garantía de permanencia y goce efectivo de los derechos de las comunidades rurales? ¿No le da “mala espina”?
La actitud de invisibilizar al campesinado como sujeto político, permite interpretar que la mirada del actual Gobierno sobre la función que se le debe dar a la tierra, es la de explotación con fines comerciales en lugar de su redistribución para garantizar el sustento y otros derechos de la población que, en todo caso, está cobijada internacionalmente como sujeto de especial protección. Esa visión chocaría con la del Acuerdo de Paz que busca resolver la histórica concentración excesiva de la tierra en Colombia, lo que llevaría al incumplimiento de lo pactado.
Casualmente hace unas semanas usted intervino en la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza) y asistió a otras citas de nivel similar en Alemania. ¿Delegados de cuántos países participaron y cuál era el objeto de tales reuniones?
En las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, participan prácticamente todos los países miembros de la ONU. En esta ocasión, nuestro objetivo era dar a conocer los logros de la implementación del Acuerdo, tras diez años de su firma. Y, también intentamos advertir los riesgos que enfrenta en este momento. Sostuvimos reuniones con los delegados de varios Estados y mecanismos de la ONU, como la Oficina del Alto Comisionado para Derechos humanos, las Relatorías Especiales o los Comités de Vigilancia de Tratados, que hacen seguimiento a diversos aspectos del Acuerdo. Manifestaron mucho interés en enterarse de los avances, los pendientes y las dificultades que encara.
Su viaje a Alemania, ¿también se relacionaba con la revisión de avances o problemas del acuerdo?
Sí. En Alemania participamos en dos eventos relacionados con temas de paz: la conmemoración de los diez años del Acuerdo de 2016, en reunión convocada por organizaciones de la sociedad civil; y mi asistencia al Diálogo de Paz de Berlín, un foro de alto nivel que organiza, anualmente, el Consejo asesor para el Gobierno Federal en la Construcción de Paz. Allí discutimos diversos delegados nacionales e internacionales, instituciones, académicos, políticos, actores sociales públicos y privados, sobre las aproximaciones innovadoras para el manejo de conflictos y la construcción de paz en el actual contexto global.
Y, en ese marco, ¿qué se habló, específicamente, del pacto colombiano y de la situación que enfrentará en estos cuatro años del actual Ejecutivo?
Las intervenciones ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos, permitieron advertir los riesgos para el sistema de justicia transicional y la Reforma Rural Integral, sobre todo los que se derivan de los recortes presupuestales. En la presentación del informe que el Relator Especial para Justicia Transicional elaboró sobre el fenómeno del negacionismo que afecta estos procesos, llamamos la atención sobre varios anuncios gubernamentales que han empezado a materializarse en acciones concretas, entre las cuales están el retiro de piezas del Museo Nacional y las intervenciones del canciller y del embajador Gaona. También aprovechamos para apropiar recomendaciones sobre la implementación integral del Acuerdo y sobre el aseguramiento de la financiación que numerosos países le han aportado a Colombia. En el evento del Acuerdo en Berlín, tuve oportunidad de compartir los avances logrados por la JEP. Es importante señalar que la conferencia principal del Diálogo de Paz de Berlín estuvo a cargo del expresidente Santos.
Usted, ¿relacionó, en sus intervenciones, resultados visibles de la JEP, tan fieramente atacada por el Gobierno?
Sí. En materia de justicia transicional visibilizamos la dimensión del trabajo de la JEP respecto de la acreditación de más de 350 mil víctimas y el procesamiento de más de 14 mil comparecientes de las antiguas FARC-EP, la Fuerza Pública, y terceros. Destaqué, también, las dos sentencias de la JEP en que se condena, en la primera, al antiguo Secretariado de esa guerrilla por 21 mil secuestros; y, en la segunda, a 12 integrantes del Ejército, por 135 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Otros resultados que mencionamos, fueron el reconocimiento, por parte de seis antiguos altos mandos de las FARC-EP, de su responsabilidad en el crimen de guerra de reclutamiento forzado de más de 18 mil niños, niñas y adolescentes, así como de los hechos de violencia sexual y reproductiva que ellas y ellos sufrieron. Y – muy importante -, la ubicación y entrega digna, por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), de 648 restos humanos, así como la localización y reencuentro con sus familias, de 464 personas halladas con vida.
El mayor ataque del Ejecutivo contra el acuerdo, se centra en los intentos de sus congresistas y funcionarios, de eliminar o reducir la JEP a su mínima actuación. La campaña de desfinanciación, desprestigio y deslegitimación de esa jurisdicción ¿es grave, según usted lo analiza?
Puede ser grave. Curiosamente, el mismo Gobierno que asegura, ante el Consejo de Seguridad, que no está en contra de la paz sino “en contra de la impunidad”, es el que impulsa los ataques contra la única instancia judicial que les ha ofrecido respuestas, en décadas, a muchas de las víctimas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, reclutamiento o violencia sexual, en el marco del conflicto armado. El recorte de casi $180 mil millones de pesos en el presupuesto para la JEP en 2027; la propuesta de que la Justicia Penal Militar revise las sentencias de condena de la jurisdicción especial, a militares y policías; el intento de eliminar cinco años de su funcionamiento, y la campaña de desinformación y deslegitimación que se adelanta en su contra, buscan debilitar esa jurisdicción e impedir por todos los medios que cumpla con su mandato constitucional.
“Infortunadamente, el Gobierno cerró varias emisoras de paz”
En sus intervenciones en Ginebra y Berlín sobre el Acuerdo de Paz colombiano, usted relacionó cifras positivas sobre su implementación, en contraste con la presentación desfavorable del embajador Gaona ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuáles resultados presentó y con cuáles fundamentos?
Compartimos algunos datos respaldados por instituciones públicas o por los informes de seguimiento que periódicamente realiza el Instituto KROC. Dimos ejemplos de avances en el cumplimiento de lo acordado en 2016. Entre otros, estos: 1. Más de 11 mil personas que dejaron las armas, hoy siguen vinculadas al Programa de Reincorporación y tienen acceso a proyectos productivos. 2. Según el DANE, la pobreza multidimensional en los municipios PDET se redujo del 39,8 % al 23,7%, entre 2018 y 2023. 3. Se cumplieron, completos, los trámites legales para reconocer la propiedad de 3,1 millones de hectáreas de tierra. También mencionamos la consolidación de una red de 20 emisoras de paz y la formación a más de 2 mil personas para su operación. Infortunadamente esta red fue intervenida por el Gobierno que desmanteló su programación y cerró varias de las emisoras.
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Julián(2048)•08 de noviembre de 2026 – 13:41Teniendo como presidente a un personaje siniestro, con un prontuario que esta por estallar con el cambio de Cámara y Senado, pronto se sabrá la verdad. Descalificar el acuedo de paz es otra estrategia para que sus fechorías queden impunes y la de sus secuaces.
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humberto jaramillo(12832)•08 de noviembre de 2026 – 10:05el presidente en un pisco terriblemente torcido que insulta a delincuentes pero no dice nada cuando los asesinos son de parte de la policía como en el caso del negro Balanta a quien mataron cinco policías frente a las cámaras mientras lo torturaban, al joven ese que amenazó a su esposa a quien le tomaron varios videos prefabricados y presentados ante la nación como cortesía de la presidencia y luego lo mandaron a la cárcel por posesión de marihuana. Da asco un "sheriff" de esa categoría vengati
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humberto jaramillo(12832)•08 de noviembre de 2026 – 09:58Tenemos de presidente a un señor que es abogado penalista que solo ve y considera el castigo del transgresor y poco le importa el beneficio que podrían tener las víctimas, que ejerce como sheriff,
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Diana cp(85842)•08 de noviembre de 2026 – 09:53El colmo de la negacion tan tonta y boba, la evidencia y la verdad estan a la vista no se puede tapar el sol con un dedo, el pacto espurio Odebretch Santos -FARC fracasó no solo ahora sino desde que empezó de hecho es el culpable de la violencia actual y la CCJ siempre ha sido un directorio politico de extrema izquierda
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CARLOS(lcggj)•08 de noviembre de 2026 – 09:34Interesantes las reflexiones de la doctora, ANA MARÍA, evidentemente, contribuyen a examinar con mucha más amplitud y rigurosidad, un tema tan complejo como, el Acuerdo de Paz del 2026.
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Álamo(88990)•08 de noviembre de 2026 – 09:25¡Vegüenza ante el mundo!, la impresentable deposición de ‘Gaona & cia’, ‘enfilando baterías’ en contra del Acuerdo de paz, un proceso que bien conocemos por sus alcances; como también conocemos la perversión, y pérfidos fines, de los animálculos que lo torpedean desde sus inicios.
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Atenas(06773)•08 de noviembre de 2026 – 08:53Ese cordón umbilical q’ une a la Comisión de Juristas, Dejusticia, R. Uprimny, doña Tremebunda y a EE es cosa letal, ay de quien ose enfrentarlos. Y peor se pone la cosa cuando se cuestiona el indigno pacto del tartufo Santos con los cabecillas de las Farc y al engendro de la JEP q’ de ahí brotó: una abundante fuente de tetas muy bien pagas.¡No los conociera uno! Atenas
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Diana cp(85842)•08 de noviembre de 2026 – 09:56Magnifico la inteligencia sarcastica y la contundencia en un solo comentario, el gran Atenas
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